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Impulsar las renovables y capear los precios 'cero' en la luz: los retos que Ribera deja en su ministerio

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La vicepresidenta Teresa Ribera prepara su salida del Ministerio de Transición Ecológica tras seis años al frente de la política ambiental y energética. Bajo su cargo ha capeado la mayor subida del precio de la luz en décadas, ha preparado el terreno para el segundo boom de las energías renovables y ha impulsado la recuperación del Mar Menor y Doñana, aunque su mandato no ha estado ausente de polémicas con ecologistas y grandes energéticas. Este martes, su nombre se leyó en todos los titulares de la prensa europea tras ser propuesta por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, como vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva. El puesto supone de facto que Ribera controlará las carteras de Competencia y del Pacto Verde europeo, y la convertirán en la número dos de la Comisión siempre que pase el examen del Parlamento Europeo.

Si el calendario europeo se cumple, en el próximo mes y medio la ministra aterrizará en Bruselas y dejará en Madrid una cartera con muchas tareas pendientes. El trabajo que tiene por delante Transición Ecológica se centra en desarrollar leyes ya aprobadas en la pasada legislatura y en la transposición en España de nuevas normas europeas, un trabajo más técnico que político que tendrá que desarrollar un sucesor por conocer y cuyo nombramiento depende directamente del presidente del Gobierno. También cabe la posibilidad de que Pedro Sánchez decida reestructurar el ministerio y separar en dos las competencias de energía y medioambiente.

En el área de energía, la labor principal del sustituto o sustituta de Ribera será continuar con la implementación del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta para reducir las emisiones contaminantes un 32% en 2030 frente a 1990, pero a cierre de 2023 solo se habían reducido un 5,7%, lo que evidencia la enorme tarea que hay por delante durante los próximos seis años. Este plan también incluye alcanzar los 76 gigavatios (GW) de potencia fotovoltaica instalada, más del doble de lo actual (28,3 GW en suelo industrial y unos 7 GW en autoconsumo). El ministro o ministra que coordine esta nueva oleada de instalación de fotovoltaica tendrá que lidiar también con el malestar que levante en algunas zonas rurales, donde en los últimos años ha habido una fuerte oposición a las renovables por su impacto visual.

Ismael Morales, responsable de Políticas Climáticas de la Fundación Renovables, resume que el trabajo del sucesor de Ribera será muy, pero que muy intenso. "Lo ha abierto todo y ahora toca cerrarlo, y encima este año se acaban las partidas de los fondos europeos, así que todo lo que hagamos a partir de ahora tendrá que ser a cargo de los Presupuestos o atrayendo financiación privada", opina el analista. "Creo que la persona que entre en su lugar tendrá que ser un perfil técnico que trabaje de abajo hacia arriba, no al revés, como se ha hecho hasta ahora, y tendrá que tener un estrecho contacto con las administraciones locales para materializar todas las reformas", añade.

Dentro del PNIEC hay infinidad de objetivos que alcanzar en 2030 y que hay que poner en marcha ya mismo para llegar a tiempo. Por ejemplo, hay un objetivo de instalación de 22 GW de baterías que necesitan la creación de un marco retributivo para empezar a desarrollarse, y hay que poner en marcha en los próximos meses las nuevas subastas de fotovoltaica y eólica tras el fracaso de las ediciones anteriores. Morales insiste, por otra parte, en que el próximo titular de Transición Ecológica debe sacar adelante un real decreto para ordenar la instalación de energías renovables y mapear las zonas idóneas y acabar así con el conflicto social. Los precios cero de la luz derivados de la producción de energía renovable barata y la escasa demanda son otro de los puntos más importantes que quedan sobre la mesa, y para solucionarlo habrá que impulsar la demanda eléctrica en la industria y el transporte.

Otra de las grandes tareas será ordenar e impulsar el aterrizaje de los aerogeneradores flotantes en la costa española, una tecnología desconocida por ahora en el país debido a que la orografía marina obliga a que los molinos de viento sean flotantes y no puedan anclarse al fondo marino, a diferencia de otros países como Reino Unido o Dinamarca. Los promotores de la eólica marina en España lleva casi cinco años esperando la normativa para ponerse a construir los primeros molinos, pero el ministerio lleva un enorme retraso que debería acelerarse en los próximos meses, coincidiendo con el cambio de cartera. La publicación del decreto que regulará la actividad debería ser inminente —se prometió para este verano— y después el ministerio tendrá que realizar las primeras subastas para adjudicar las parcelas acuáticas a las compañías, un paso que llegará, en teoría, en 2025.

Por último, en el ámbito energético queda por delante culminar los trabajos relacionados con los fondos europeos PRTR, donde se incluyen docenas de partidas destinadas a impulsar la eficiencia energética en edificios y empresas, los vehículos eléctricos y el despliegue de la infraestructura para producir y transportar hidrógeno renovable, necesario para descarbonizar los polos industriales.

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Desde el lado del medioambiente, la tarea del próximo titular de Transición Ecológica también será fundamentalmente la de poner en marcha los grandes proyectos iniciados por Teresa Ribera. El plan para acabar con los regadíos ilegales de Doñana y reducir el uso de agua en la zona está por desarrollar al completo, y también está por ejecutar la gran mayoría de las intervenciones del marco de actuaciones del Mar Menor para reducir los daños de los vertidos de la agroindustria en la laguna salada. A ellos se sumarán otros dos programas de actuaciones profundas: uno en el Delta del Ebro —del que solo se conoce el documento base— y otro en las Tablas de Daimiel —que está aún por elaborar—. En el área medioambiental también hay fondos europeos pendientes de gestionar a través del PERTE de digitalización del ciclo del agua (actuaciones urbanas y en regadíos) y el PERTE de economía circular.

También hay mucho trabajo pendiente en normativa europea debido a que la Unión está ahora legislando en todos los frentes del Pacto Verde, y esas normativas hay que incorporarlas a la legislación nacional. La recién estrenada Ley de Restauración de la Naturaleza tiene que trasponerse y desarrollarse para recuperar en 2030 el 20% de los ecosistemas en mal estado, y en Bruselas están también a punto de actualizar la directiva de calidad del aire, por lo que de aquí a 2030 el Gobierno tendrá que actualizar y endurecer la normativa de control de la contaminación atmosférica. Además, el ministerio tiene pendiente aumentar la superficie protegida en España para cumplir con la Estrategia de Biodiversidad, que obliga a proteger el 30% de la superficie terrestre y marítima en 2030.

Eva Saldaña, directora de Greenpeace España, coincide en que no esperan "grandes leyes" para esta legislatura, pero sí que se materialice todo lo que se ha iniciado hasta ahora. "Será muy importante la política del agua que se lleve a cabo porque se vienen tiempos muy duros. Hasta ahora se ha invertido en modernizar regadíos, pero es hora de reducir su número", lanza Saldaña al sustituto de Ribera. También pide a esa figura que "esté abierta a la democracia participativa" y que escuche las peticiones de las organizaciones sociales. Por último, pide a Moncloa que no rompa el ministerio en dos partes, "porque el gran avance de este Gobierno ha sido unir las dos competencias y ascender a Ribera a vicepresidenta".

La vicepresidenta Teresa Ribera prepara su salida del Ministerio de Transición Ecológica tras seis años al frente de la política ambiental y energética. Bajo su cargo ha capeado la mayor subida del precio de la luz en décadas, ha preparado el terreno para el segundo boom de las energías renovables y ha impulsado la recuperación del Mar Menor y Doñana, aunque su mandato no ha estado ausente de polémicas con ecologistas y grandes energéticas. Este martes, su nombre se leyó en todos los titulares de la prensa europea tras ser propuesta por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, como vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva. El puesto supone de facto que Ribera controlará las carteras de Competencia y del Pacto Verde europeo, y la convertirán en la número dos de la Comisión siempre que pase el examen del Parlamento Europeo.

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