La Comisión Europea ha presentado este miércoles su nuevo paquete legislativo dentro del programa Fit for 55 para combatir el cambio climático. La lucha contra el calentamiento global, aunque pueda parecer asunto de burócratas y ambientalistas, tiene y tendrá un impacto en el día a día de la ciudadanía europea. Algunas actividades que arriman el hombro en la pelea se bonificarán y otras se desincentivarán: y ello tendrá impacto en el frío o el calor que sufrimos en nuestros hogares, nuestra manera de desplazarnos, nuestras facturas a final de mes, nuestro consumo y, en definitiva, nuestra manera de estar y de habitar en el mundo.
Esta transformación masiva no tiene por qué ser un sacrificio si se siguen criterios de transición justa, para que los impactos no recaigan en los que menos culpa tienen del expolio. Habrá renuncias, no hay otro camino, a cambio de nuevas cotas de bienestar. No será un camino fácil, y este miércoles el Ejecutivo comunitario ha presentado su nuevo conjunto de reformas para seguir avanzando. Pasarán años hasta que se ejecuten, pero impactarán en el modo de vida del continente. La discusión es política y se mantendrá durante las próximas décadas, con avances, renuncias, éxitos y fracasos. No tenemos tiempo, pero no hay una varita mágica.
El vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, ha sido el encargado de presentar una de las principales medidas: la renovación masiva de edificios para hacerlos más "eficientes energéticamente". Suena a chino, pero es tan sencillo como conseguir que las viviendas sean habitables en verano y en invierno sin necesidad de instalaciones de climatización. Los beneficiados ahorrarán en sus facturas de luz y gas y se emitirá mucho menos dióxido de carbono a la atmósfera. El Gobierno español ya está en ello, con ayudas que reparten las comunidades autónomas para subvencionar hasta el 90% de las obras, quintuplicando lo destinado a ello en los Presupuestos con cargo a los fondos europeos.
Lo que hace la Comisión Europea es dejar la iniciativa a los Estados miembro pero estableciendo metas: según lo anunciado por Timmermans, los edificios peor aislados de la UE tendrán que reformarse antes de 2033. El vicepresidente ha tirado de ironía: "Dicen algunos que Bruselas te quitará la casa para reformarla. No es verdad"; se trata no solo de combatir el cambio climático sino de ayudar a esquivar una subida de precios de la luz que "tiene un impacto desproporcionado en los más vulnerables". Ahora empieza la negociación con Parlamento y Consejo, y algunos eurodiputados ya han advertido de que el Ejecutivo ha descafeinado su propuesta para obligar a reformar solo las viviendas de peor categoría, no solo las que no sean eficientes sin más.
La otra gran pata del paquete presentado este miércoles es la energética. La comisaria de Energía, Kadri Simson, anunció ventajas fiscales y nueva reglamentación para que los gases renovables (hidrógeno verde producido a partir de eólica o fotovoltaica, biometano o gas natural sintético) tengan un papel preponderante como respaldo del sistema y para alimentar usos "no electrificables". Los aviones, los barcos o la industria pesada no pueden, aún, funcionar solo con electricidad limpia y es probable, por la potencia requerida, que nunca puedan hacerlo. El Ejecutivo comunitario prevé prohibir que las mismas empresas sean generadoras y distribuidoras del gas, para evitar distorsión; quitará barreras arancelarias y prohibirá que el gas natural clásico, emisor y contaminante, disfrute de subsidios a partir de 2027.
Las fugas de metano, un potente gas de efecto invernadero que se escapa de la extracción y distribución de petróleo y gas, también serán vigiladas de cerca por la Unión Europea. La Comisión pretende obligar a las empresas, dentro de sus fronteras, a la identificación y reparación de estas fugas; y a mantener un registro "público y transparente", declaró Simson, para que las petroleras informen de dónde viene el combustible que venden en Europa y si esa extracción y distribución emite demasiado metano. Se busca reducir en un 80% en 2030, en comparación con 2020, el papel de estas fallas en el calentamiento global.
¿Cómo se traducirá esto en nuestro día a día? Si los reglamentos salen adelante, podremos saber, al repostar nuestro coche de combustión, qué empresas son más o menos contribuyentes al cambio climático; y las calderas de gas natural clásico tienen los días contados, tanto por la retirada de apoyo público como por la apuesta por alternativas más limpias, como la geotermia o las bombas de calor. Sin embargo, las organizaciones ecologistas lamentaron que el Ejecutivo comunitario siga apostando por el gas natural, más o menos limpio, para el futuro energético de la UE, manteniendo redes de distribución del combustible que deberían quedar obsoletas por la masiva entrada de eólica, fotovoltaica y autoconsumo.
Tal y como adelantó infoLibre el pasado jueves, la comisaria Simson ha anunciado también la habilitación de compras conjuntas de gas natural, como pedía el Gobierno español. No tanto para paliar la crisis de precios, sí para asegurar las reservas estratégicas ante una posible crisis de suministro. El Ejecutivo comunitario no asumirá el liderazgo, como en el caso de las vacunas, sino que permitirá que los Estados miembro se alíen voluntariamente para obtener precios más competitivos.
¿Y qué pasa con mi coche?
Este nuevo paquete legislativo de la Unión Europea no introduce cambios relevantes con respecto al presente y el futuro del transporte y la movilidad. Sin embargo, el conjunto de reformas presentado en julio dentro del programa Fit for 55 sí introdujo cambios de calado, que también tienen que ser debatidos con el Parlamento y el Consejo. Tardarán años en implementarse. Pero fuentes de la Comisión Europea son optimistas y confían en que, más que prohibir de raíz lo contaminante, se introducirá una "señal de precios" que, poco a poco, hará que el consumidor deseche su presente emisor y abrace alternativas limpias. No (solo) por compromiso ecologista, sino por comodidad y ahorro.
La reforma fiscal sobre los combustibles fósiles presentada hace unos meses equiparará los impuestos del diésel y la gasolina en los países, como España, que aún no lo ha hecho. El precio del primer combustible subiría un 8%, según estimaciones del informe presentado este martes por el Observatorio de Transición Ecológica y Acción Climática (OTEA), e impactará sobre todo en clases medias y zonas rurales si no se introducen medidas de compensación. La nueva directiva obligará también a subir el tipo mínimo aplicado al gas natural y, por primera vez, impondrá un gravamen al queroseno, el combustible de los aviones, en los vuelos intracomunitarios.
Pagaremos más en unos años, al margen del encarecimiento de la materia prima, por calentar nuestra casa con combustibles fósiles, por usarlos para desplazarnos y por coger el avión. "Los Estados miembro son fuertes en temas de fiscalidad", comenta a infoLibre un técnico de la Comisión, que teme que las discusiones se alarguen durante años. "Pero el Pacto Verde es una bocanada de aire fresco para que los impuestos reflejen objetivos medioambientales. No queremos penalizar a nadie, solo mandar una señal de precio importante".
El Ejecutivo comunitario también defiende la creación del llamado Fondo Social por el Clima, una herramienta para que los impactos negativos de esta transición (abreviando: pagar más por servicios básicos) sean compensados a las clases bajas y medias. Es lo que propone OTEA hacer con el gasóleo. Pero aún es pronto para saber cuánto costará, cómo, cuánto y cuándo se paliará. Y si será suficiente.
El diésel y la gasolina, además, sufrirán otro encarecimiento: el derivado de la reforma del mercado de emisiones europeo, conocido por sus siglas ETS. En él participan, en la actualidad, las grandes instalaciones industriales emisoras (cementeras, siderúrgicas, centrales de gas o de carbón) que pagan un precio que ahora oscila en los 50 euros por cada tonelada de CO2 emitido. La modificación incluirá, por primera vez, a los edificios y el transporte. Se quiere forzar a las nuevas viviendas a ser más eficientes para emitir menos y a que dejen de usar combustibles fósiles para alcanzar el confort térmico; y, por el otro lado, las empresas distribuidoras de combustibles para los vehículos privados son las que asumirán el pago del CO2, aunque aún no hay estimaciones de en qué medida repercutirán este sobrecoste a los ciudadanos.
A cambio, la Unión Europea ya exige que las empresas automovilísticas pongan cada vez más coches eléctricos en el mercado, los fondos europeos –al menos, en España– se emplean para sembrar el continente de electrolineras para 2023 y, este mismo martes, la Comisión adoptó cuatro propuestas para fomentar el transporte de mercancías y pasajeros por ferrocarril. El Ejecutivo quiere que el avión deje de ser la única opción para viajar por Europa en la práctica, fomentando las interconexiones, expidiendo billetes multimodales y evitando que un pasajero que quiere cruzar varios países tenga que comprar varios pasajes en webs con idiomas que no maneja.
El diésel y la gasolina "tienen los días contados", como predijo la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una de sus primeras intervenciones como ministra que causaron revuelo durante meses. Pero la renuncia, propone Bruselas, no será a cambio de nada.
La Comisión Europea ha presentado este miércoles su nuevo paquete legislativo dentro del programa Fit for 55 para combatir el cambio climático. La lucha contra el calentamiento global, aunque pueda parecer asunto de burócratas y ambientalistas, tiene y tendrá un impacto en el día a día de la ciudadanía europea. Algunas actividades que arriman el hombro en la pelea se bonificarán y otras se desincentivarán: y ello tendrá impacto en el frío o el calor que sufrimos en nuestros hogares, nuestra manera de desplazarnos, nuestras facturas a final de mes, nuestro consumo y, en definitiva, nuestra manera de estar y de habitar en el mundo.