Canal Nou presenta su ERE de extinción y ofrece a 1.600 trabajadores 24 días por año

El día en el que se cumplen tres meses desde el apresurado apagón de Canal Nou, la radiotelevisión pública valenciana, por orden del Gobierno de Alberto Fabra, la empresa ha hecho llegar a los trabajadores su primera oferta en el marco de la negociación del ERE de extinción. En concreto, ofrece a los 1.600 empleados 24 días de indemnización por año trabajado con un máximo de 20 mensualidades.

Hasta la fecha los trabajadores de la cadena pública están en situación de permiso retribuido. En la práctica, significa que siguen percibiendo su salario con regularidad aunque no acuden a su puesto de trabajo, pues la actividad en las instalaciones de Canal Nou se ha reducido al mínimo. Son apenas 70 las personas que acuden diariamente a los estudios para garantizar el servicio a las cadenas de la TDT que emiten a través de la desaparecida RTVV.

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Así, los sindicatos han manifestado durante todo este tiempo su sorpresa ante una situación que se antoja paradójica. Aunque desde el minuto uno la Generalitat del conservador Alberto Fabra empleó la necesidad de mantener el gasto social como coartada para cerrar la radiotelevisión valenciana, no hubo reparos en ejecutar un improvisado cierre que ha privado al ente de sus ingresos por publicidad, al tiempo que ha obligado a seguir pagando nóminas hasta la negociación y aplicación del ERE final.

El complejo recorrido para el cierre de Canal Nou no está exento de piedras en el camino. Hay un recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional por el PSOE y otro de un grupo de trabajadores contra el decreto que permitió a la Generalitat nombrar a nuevos consejeros y elegir un liquidador tras la dimisión de la dirección de la cadena.

Además, los trabajadores denuncian que la cadena adeuda salarios a los afectados por el primer ERE, anulado por el TSJCV. Según explica Vicent Mifsud, presidente del Comité de Empresa, los cientos de periodistas readmitidos tras meses cobrando el paro no han percibido la diferencia entre su salario y la cuantía del subsidio de desempleo, algo que legalmente les corresponde.