El debate sobre RTVE ha llegado a ser, en las últimas semanas, una cuestión social y ciudadana que ha trascendido controversias políticas, decisiones del Gobierno y protestas de sus trabajadores, que han popularizado los Viernes negros como forma de reclamar independencia y denunciar la manipulación informativa. En medio de la ratificación por el Parlamento de una nueva dirección provisional –así como del proceso para elegir la que ocupará ese lugar durante los próximos seis años–, la radio y televisión pública española es la de menor audiencia, credibilidad y peso social de nuestro entorno. Ante esa realidad cabe preguntarse si la reforma en marcha será suficiente para tener una RTVE comparable a las que disfrutan países como Gran Bretaña o Alemania, líderes en sus territorios.
El deterioro de la radio y televisión pública en España es un hecho poco cuestionable. Tras seis años largos bajo dominio del PP, RTVE tiene menos ingresos que nunca, menos audiencia que en los periodos anteriores y ha bajado a la mitad su credibilidad. El español medio, que poco conoce de sus cifras y porcentajes, la ha considerado tradicionalmente como un órgano más del Gobierno hasta que en la época Zapatero comprobó, no sin sorpresa, que en los informativos se contaba tanto la aprobación de leyes controvertidas como las repulsas y manifestaciones que hacía la oposición contra ellas. De un modo tan paulatino como continuado empezó a creerse lo que se le contaba desde la radio y televisión pública.
Pero la llegada de Rajoy al Gobierno, con la nueva dirección que se instauró en RTVE, dió al traste con esa relación de confianza. Las denuncias de los trabajadores, que al principio solo alcanzaron a acusaciones mutuas entre partidos, calaron pronto entre la gente de a pie: unos cambiaron de canal, mientras que otros pidieron que se cerraran medios que se dedicaban a la propaganda del PP. Y muchos adoptaron una postura crítica que llevó a todos los partidos a aprobar una ley para "renovar RTVE y recuperar el pluralismo y la independencia en sus Informativos".
Y en ese proceso estamos casi un año después. Cierto que ya no ocupa la Presidencia el periodista impuesto por el anterior Gobierno (José Antonio Sánchez), pero las decisiones a día de hoy siguen en manos de los equipos de dirección designados por él, tanto en TVE, como en RNE, en Informativos, programas o administración. Lo más probable es que en diez días se constituya la nueva dirección provisional; inmediatamente después arrancará el periodo de tres meses para elegir la definitiva por concurso público. Pero, ¿podrá una u otra cambiar la realidad actual?
Los malos números de RTVE
El último informe sobre los medios públicos europeos, publicado por la Unión Europea de Radiodifusión (UER), muestra como la BBC o la ARD alemanas tienen seis veces más recursos financieros y más del triple de empleados que la radio y las televisión públicas nacionales de España. Hay que recordar que RTVE menguó dramáticamente en 2006 cuando más de 4.000 empleados se sumaron a un expediente de regulación de empleo.
Desde entonces su plantilla ha rondado los 6.000 empleados. El presupuesto, que en 2012 estaba cercano a los 1.200 millones, no llega a los mil. El gasto por persona y año no llega a 42 euros en España y supera los cien tanto en Gran Bretaña como en Alemania. Y esta correlación entre presupuestos y audiencia es innegable, según el informe de la UER: "Una financiación adecuada es crucial si los medios de servicio público quieren ser fuentes de información creíble, producir contenido de calidad, ficción superior, programas innovadores, seguir adquiriendo derechos deportivos y entretenimiento así como proseguir con la innovación técnica". Lo cierto es que TVE cerró 2011 con un 14,5% de espectadores y en la actualidad bordea el diez.
Otro informe, en este caso del instituto de investigación estadounidense Pew Research Center, analiza el impacto que los medios públicos tienen en su ámbito de emisión y deja en muy mal lugar a TVE: mientras en España optan por informarse a través de ella trece de cada cien personas, en el Reino llegan a 48, cifra similar a la alemana, si contamos las dos cadenas públicas, ARD y ZDF. En cuanto a la credibilidad de los Informativos, el CIS ya alertó hace meses que había descendido a la mitad, y para el centro de investigación Pew, que los confronta con los medios privados, da una proporción de 71 a 17 a favor de los públicos en Gran Bretaña; de 68 a 20 en Alemania, y un casi parejo 42 a 38 en nuestro país.
La politización marca la diferencia
Decir que RTVE ha estado siempre politizada es casi una afirmación de Perogrullo. Desde que arrancó la democracia los órganos de dirección –e incluso los de control– han estado en manos del Gobierno o mayorías parlamentarias. Aún en la etapa de Zapatero, la independencia profesional fue otorgada por un pacto político sin participación alguna de la sociedad a través de otras instituciones y organismos de representación civil, y esta es una diferencia esencial con los países a los que se defiende deberíamos parecernos. En el Reino Unido y en Alemania, los gobiernos tienen una representación minoritaria en los órganos de dirección; en el primero, se trata de una tradición desde su fundación; en el segundo, el Tribunal Constitucional redujo además, con una sentencia de 2014, del 44% a un tercio la presencia del Gobierno en la dirección de sus medios públicos.
En España, tanto el colectivo Teledetodos –integrado por periodistas, profesores y expertos en el ámbito de la comunicación– como el sindicato UGT han situado esta demanda en el núcleo de sus aportaciones para una reforma integral de RTVE. Ya en 2015, Teledetodos propuso un gran pacto social para construir un nuevo servicio audiovisual basado en la independencia, la participación social, la transparencia, la suficiencia y estabilidad presupuestaria y la conversión en un servicio público multimedia. Para el gobierno de la corporación establece que los candidatos "podrán ser propuestos por las entidades sociales y deberán ser profesionales de reconocido prestigio, que acrediten al menos 10 años de ejercicio en el sector de la comunicación o experiencia por el mismo plazo en puestos de dirección empresarial o de investigación y docencia en el ámbito de la comunicación. Se valorará su trayectoria de independencia profesional y servicio público".
También exige que sean sometidos "a un proceso de escrutinio y audiencia pública; el presidente será elegido asimismo mediante concurso público en el que se valorarán los méritos de los candidatos y sus propuestas de gestión para la CRTVE, reflejadas en un proyecto de viabilidad".
Tras referirse a la imprescindible transparencia y a una financiación estable, la propuesta se preocupa por asegurar la independencia informativa y establece que "el nombramiento los directores de los Servicios Informativos de TVE, RNE y Servicios Interactivos será sometido a la aprobación vinculante del censo de profesionales de la información audiovisual de la respectiva unidad. Para ser nombrado, el candidato deberá obtener la aprobación de la mitad más uno del censo. Los máximos responsables editoriales deberán ser ratificados por el correspondiente Consejo de Informativos".
En este apartado se incluye un mecanismo para el desarrollo de una carrera profesional informativa. En la parte final de su estudio, Teledetodos cita las siguientes bases para una nueva RTVE:
- Un Consejo Estatal, que ejerza las funciones de regulador, exclusivamente para todo el sector audiovisual.
- Instaurar la participación social tanto a nivel de orientación, control y gobierno como de contenidos.
- Reforzar la transparencia y el buen gobierno.
- Determinar un sistema de financiación estable y suficiente.
- Reforzar la independencia editorial de la Corporación y la independencia profesional de sus informadores.
- Convertir el servicio público de la radiotelevisión en un nuevo servicio público multimedia, que dé satisfacción a las necesidades comunicativas de todos los ciudadanos mediante cualquier plataforma.
Los trabajadores de RTVE mantienen, provisionalmente, los 'Viernes Negros'
Por su parte, el Plan Integral para RTVE aprobado por el sindicato UGT, destaca "la necesidad de incluir a los medios públicos dentro de la Constitución para así protegerlos, y con ellos a la ciudadanía, de los vaivenes políticos y situaciones coyunturales". En cuanto a la reducción de la presencia de políticos en los órganos de dirección propone un Consejo de Programación y Social "al que le correspondan labores de control sobre los contenidos y resultados de la programación, directrices sobre nuevos contenidos y elaboración de informes, al estilo de los public test value de la BBC, sobre nuevos desarrollos y ceses de actividades, y su efecto sobre el mercado. Un ejemplo a seguir, sobre la composición de estos órganos, sería la televisión pública alemana ZDF, que, tras una resolución del Tribunal Constitucional de su país, ha reducido el número de representantes políticos en el máximo órgano a una tercera parte. Las dos terceras partes restantes las componen, representantes de la sociedad civil".
Para garantizar la independencia informativa, el sindicato coincide con la anterior aportación en que las direcciones de Informativos habrán de ser sometidas a referéndum de carácter vinculante, de modo que no puedan acceder a los cargos de dirección personas que no superen el 50% de aprobación en cada consulta.
Tanto una como otra organización ponen el énfasis para la reforma de RTVE en que la presencia de la ciudadanía, por medio de organizaciones sociales y profesionales, supere en los órganos de dirección al porcentaje designado por los grupos políticos del Parlamento.
El debate sobre RTVE ha llegado a ser, en las últimas semanas, una cuestión social y ciudadana que ha trascendido controversias políticas, decisiones del Gobierno y protestas de sus trabajadores, que han popularizado los Viernes negros como forma de reclamar independencia y denunciar la manipulación informativa. En medio de la ratificación por el Parlamento de una nueva dirección provisional –así como del proceso para elegir la que ocupará ese lugar durante los próximos seis años–, la radio y televisión pública española es la de menor audiencia, credibilidad y peso social de nuestro entorno. Ante esa realidad cabe preguntarse si la reforma en marcha será suficiente para tener una RTVE comparable a las que disfrutan países como Gran Bretaña o Alemania, líderes en sus territorios.