Los operadores de televisión privada, agrupadas en UTECA, han dirigido una carta abierta al Ministro de Industría, Energía y Turismo, José Manuel Soria en la que cuestionan que el Gobierno deba cerrar nueve canales que emiten en abierto en ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo, cuando el error fue cometido por la propia Administración. En el escrito, firmado por José Manuel Lara y Alejandro Echevarria como presidentes en funciones de la entidad, se habla de perjuicios para los espectadores, para las empresas y hasta para la propia credibilidad de la Marca España, y acusan al Gobierno de no haber actuado en modo alguno desde que hace año y medio se produjo la sentencia que señalaba los errores cometidos en la concesión de los canales.
Las televisiones privadas, acuciadas ante la inminencia del cierre de canales el próximo 6 de mayo, han decidido hacer publicas unas quejas que hasta ahora formulaban de manera menos explicita y colegiada pero que están en el origen de la dimisión de toda la dirección del organismo que las reúne, producida hace un mes, y de la que informó infoLibre. En el escrito, dado a conocer este jueves, muestran su "más absoluta perplejidad y disconformidad con la resolución que desde la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) se remitió a nuestros asociados la semana pasada, y en la que se requiere a los cuatro operadores nacionales de televisión el cese de emisiones de nueve de los veinticuatro canales que actualmente emiten a través de la TDT, antes del 6 de mayo".
Este cese de emisiones supone para UTECA "una situación sin precedentes en cualquier democracia, un ataque a los derechos de los ciudadanos, que van a ver reducida su capacidad de elección y una significativa merma de los canales que ofreció la transición de la televisión analógica a la digital, mayoritariamente gratuita".
La carta se refiere más adelante a la "preocupante reduccción de la pluralidad informativa y de ocio", pero también al fuerte impacto económico: "Productoras, creadores, artistas, proveedores tecnológicos y otros muchos actores implicados en la cadena de valor del audiovisual se verán afectados, y en muchos casos, gravemente. Un importante número de puestos de trabajo, directos e indirectos, se pondrán en riesgo con esta decisión. A ello se suman los millones de euros invertidos para poner en marcha estos canales, y que, con su cierre forzoso, simplemente se perderán".
Además de estos perjuicios de gran impacto en la situación actual de la industria, se señalan los que se podrían poner en riesgo en un futuro inmediato: "La inseguridad jurídica y la incertidumbre regulatoria que se desprenden de esta decisión están provocando la paralización de futuras inversiones, y que empresas tanto nacionales como internacionales se cuestionen la idoneidad de instalarse en nuestro país y de invertir en nuestro sector audiovisual. Es posible que el descrédito al que se somete a la Marca España con el cierre de esos nueve canales de televisión no haya sido adecuadamente valorado por su Ministerio cuando decidió emprender este camino".
La responsabilidad es de la Administración
El origen del problema –siempre según el escrito– reside en la falta de decisiones del Gobierno. Así lo explicitan cuando hablan de "una incomprensible y alarmante inacción por parte de su Ministerio y un intento de dar carpetazo final a una situación que durante 18 meses UTECA se ha esforzado por solucionar de forma cordial y beneficiosa para todas las partes". Tras poner de manifiesto la permanente disposición de UTECA a buscar soluciones conjuntas, la carta recuerda que la sentencia del Tribunal Supremo de noviembre de 2012 "señalaba a la Administración como único culpable y reconoce que los damnificados serán las televisiones, al considerar legítimas sus reclamaciones por daños y perjuicios, ya que cumplieron sus obligaciones durante el proceso de transición a la TDT".
"Nos permitimos recordarle –continúa el escrito– que la simple aprobación de un Real Decreto Ley que enmendara dichos errores administrativos y reconociera los compromisos asumidos por el Gobierno en el año 2005, permitiría mantener sin coste alguno las actuales emisiones. Sin embargo, en lugar de solucionar los errores administrativos y hacer cumplir aquello que en su momento el Gobierno acordó con los operadores, su Ministerio exige el cese de los canales".
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Tras apelar a que se está a tiempo de evitar "desastrosas consecuencia", los asociados en UTECA recuerdan que ya han acudido al amparo del Tribunal Constitucional, y que defenderán sus derechos ante la Justicia: " Estamos decididos a emprender todas las acciones legales necesarias para la defensa de nuestros derechos y los de los telespectadores, a quienes se quiere condenar a ver drásticamente reducida la oferta de información y entretenimiento, de la que actualmente disponen.
Al margen de este escrito, fuentes del sector vienen sosteniendo, desde hace tiempo, que el Gobierno sería partidario de la elaboración de un nuevo concurso, que diera entrada a nuevos operadores. Una de las fuentes consultadas por infoLibre afirma categóricamente que parte del Ejecutivo puja fervientemente por la concesión de un canal a 13TV, que actualmente emite en una de las frecuencias concedidas a Unidad Editorial. El objetivo sería que la emisora, sostenida por la Conferencia Episcopal, se pudiera ahorrar el canon anual que hasta ahora satisface al legitimo propietario de esa licencia.
Se confirme, o no, esa previsión, lo cierto es que las televisiones privadas lanzan un fuerte órdago que el Gobierno tendrá que responder de aquí al seis de mayo.
Los operadores de televisión privada, agrupadas en UTECA, han dirigido una carta abierta al Ministro de Industría, Energía y Turismo, José Manuel Soria en la que cuestionan que el Gobierno deba cerrar nueve canales que emiten en abierto en ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo, cuando el error fue cometido por la propia Administración. En el escrito, firmado por José Manuel Lara y Alejandro Echevarria como presidentes en funciones de la entidad, se habla de perjuicios para los espectadores, para las empresas y hasta para la propia credibilidad de la Marca España, y acusan al Gobierno de no haber actuado en modo alguno desde que hace año y medio se produjo la sentencia que señalaba los errores cometidos en la concesión de los canales.