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"Hace cuatro años esta conversación era impensable", reconoce Susana Pérez Soler, periodista y doctora de Comunicación Digital por la Universitat Ramon Llull, en conversación con infoLibre. Esta experta resume así el sentir del mundo tecnológico durante el inicio de un 2021 que ha estado marcado por el ataque al Capitolio de EEUU por partidarios de Donald Trump y que terminó con cinco muertos y un veto inaudito de prácticamente todas las redes y plataformas sociales a todo un líder mundial. "Han cambiado su discurso desde que comenzó su legislatura en 2017. Han pasado de considerarse simples intermediarias de contenido a censurar al presidente", explica esta experta, que matiza que la evolución no ha sido "espontánea" sino fruto de todo lo que ha pasado en Washington en estos últimos cuatro años con las tecnológicas en el centro de un debate que ahora se cuestiona si estas acciones tendrán eco en los aspirantes a Trump del resto del mundo.
Esta polémica alcanzó el máximo exponente el pasado 6 de enero. Aunque, ya habían trabajado sobre un escenario similar en sus planes de contingencia para el propio día de las elecciones del pasado 3 de noviembre. Y entonces lo aplicaron, pero respetando, en el caso de Facebook y Twitter, la condición de Trump de líder político por lo que sólo le colocaron advertencias de que contenían información falsa en sus publicaciones sobre el fraude electoral. Y con el ataque al Capitolio dieron un paso más. "Ya no estamos hablando de desinformación y ruido en redes sociales ni de promover la violencia, sino que estamos hablando de ejecutar esa violencia", admite Pérez Soler.
Inicialmente, Facebook suspendió la cuenta de Trump en la red social e Instagram hasta la toma de posesión de Joe Biden porque "los riesgos" de que las siguiera usando eran, en palabras del propio Mark Zuckeberg, "simplemente demasiado grandes". Finalmente, la decisión la han dejado en manos de su consejo asesor de contenido, un órgano independiente que se puso en marcha a mediados de octubre y que funciona como una especie de Tribunal Supremo propio. Preguntados sobre este veto, desde la compañía explican a infoLibre que no se trata de un cambio general en su política, sino que fue una respuesta basada en el riesgo de una situación específica. Más allá ha ido Adam Mosseri, el director de Instagram, que pocos días después defendió este veto desde su cuenta personal asegurando que "ninguna plataforma es neutral" y que, aunque intentan ser "apolíticos", "todos tenemos valores y esos valores influyen en las decisiones que tomamos".
Twitter, por su parte, fue más radical y, el 8 de enero, suspendió permanentemente la cuenta de Trump "debido al riesgo de mayor incitación a la violencia". Días después, el propio Jack Dorsey, el fundador y CEO de la compañía, aseguró que fue "la decisión correcta", pero reconoce que "sienta un precedente que considero peligroso". Hasta ese momento se había ceñido a aplicarle un tratamiento especial como cuenta de interés público cuando el expresidente violaba las reglas de la red social sobre contenido ofensivo o engañoso dentro de su política de integridad cívica.
Preguntado por ambas decisiones, Ferrán Lalueza, director del Máster Universitario de Social Media de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), considera que el 6 de enero se dio una triple circunstancia: "El hecho de que el mandato de Trump estuviera ya en tiempo de descuento, la proactividad de los propios empleados de Twitter, que pidieron a su CEO la cancelación de la cuenta; y el vínculo evidente que existe entre los violentos actos del Capitolio y las soflamas del expresidente". Para David Álvarez, analista y consultor de redes sociales, la medida fue "a la desesperada" y el resultado de "un largo proceso de malas decisiones por parte de las tecnológicas a la hora de resolver el problema de la extensa difusión de mensajes de odio a través de sus plataformas de referencia". "No han querido asumir el hecho de que el servicio que ofrecen tiene repercusiones políticas y sociales a nivel mundial", explica este experto.
Vox, reincidentes en suspensiones por incitar al odio
Decisión puntual o no, el veto a Trump sienta un precedente y ha puesto en alerta al resto de la ultraderecha mundial, incluida, en España, a Vox. Desde que Facebook y Twitter anunciaron el cierre de la cuenta del expresidente de EEUU, tanto la propia formación presidida por Santiago Abascal como sus dirigentes han lanzado multitud de publicaciones alertando sobre que se trata de una "ola de censura de los gigantes tecnológicos" y un "ataque global y sin precedentes contra la libertad de expresión".
La propia Macarena Olona tuiteaba el 8 de enero un mensaje sobre "trust the plan" ("confía en el plan”), uno de los lemas de la teoría de la conspiración QAnon en EEUU.
Una preocupación que llegó a su cenit cuando este mismo jueves, Twitter suspendía, que no cerraba como le ocurrió finalmente a Trump, durante siete días la cuenta oficial de la formación. ¿La razón? Incumplir sus reglas que prohíben las conductas de incitación al odio en un tuit en el que el partido vincula la migración con la delincuencia: "Suponen aproximadamente un 0,2% y son responsables del 93% de las denuncias. La mayoría son procedentes del Magreb. Es la Cataluña que están dejando la unánime indolencia y complicidad con la delincuencia importada. ¡Solo queda VOX! #StopIslaminación".
Esta publicación forma parte de su campaña de #StopIslamización para "combatir el separatismo y el islamismo" como parte de su mensaje para la campaña electoral en Cataluña. Otro de sus mensajes lanzados este miércoles termina con un "protejamos Cataluña". Mensajes que prácticamente repicaron idénticos en Facebook, dónde siguen publicando (por ahora) sin problema, aunque este viernes no figuraba el culpable de la suspensión de Twitter. Esta no es la primera vez que le suspenden la cuenta de la formación, por lo que, al ser reincidente, la suspensión es más larga de lo habitual. Asimismo, otros muchos miembros de Vox también han visto en más de una ocasión como sus perfiles eran suspendidos temporalmente. El último caso, el del diputado de la Asamblea de Madrid Jaime de Berenguer también por incitar al odio.
De la suspensión... ¿al cierre?
¿Y qué opinan los expertos: podría ser este el primer paso para cerrarle las cuentas de redes a Vox? "Me cuesta decirte un sí o un no, pero no veo por qué no podrían cerrársela", responde Pérez Soler que señala que no lo descartaría en un momento en el que estas plataformas están empezando a asumir su "papel de moderadoras de contenidos". "Creo que tal y como están actuando y cómo están tomando determinaciones contra la desinformación para poner un poco de orden, sí que podemos ver movimientos similares tanto en España como a nivel mundial", explica esta doctora en Comunicación Digital, que apunta que ahora "ya no todo el contenido generado por los usuarios sirve".
Álvarez, por su parte, no cree que lo sucedido con Trump sea la tónica general a partir de ahora, sobre todo tras las palabras del mandamás de Twitter. "A efectos de reputación, tienen mucho que perder, por una parte los Estados no están acogiendo esta decisión con positividad, y por otra, a la extrema derecha se le da más argumentos para potenciar su estrategia de victimización y polarización", reconoce. Aunque no cree que las redes sociales sigan con esta tendencia, considera que es posible que "trabajen en la vía de la mejora y eficiencia en el control y moderación de los mensajes de odio, es decir, que cumplan con más eficacia las propias normas de uso que ellos, como gestores únicos de sus plataformas, tienen activadas".
Lalueza considera que el veto a Trump evidencia "ciertas líneas rojas que no pueden ser traspasadas por nadie". ¿Y cuáles serían estos límites? "Los gestores de estas plataformas son más escrupulosas con las llamadas a la acción que con la mera expresión de opiniones, por deleznables que sean", asegura este profesor de la UOC. Así, para este experto, el cierre de la cuenta del ya expresidente podría tener, por lo menos a corto plazo, para la ultraderecha un "efecto aleccionador" y de "cierta moderación". Asimismo recuerda que "la mayor parte de las redes sociales se han dotado de normas para combatir el discurso del odio y, estrictamente, el incumplimiento de dichas normas, sobre todo si es reiterado, debería conducir al cierre de cuentas".
¿Hubiera pasado lo mismo si Trump fuese un político de otro país?
Queda claro entonces, que ante las llamadas a la acción directa, las plataformas son más escrupulosas. Pero, ¿son más escrupulosas cuando sucede en su propio país? La mayoría de las grandes tecnológicas, desde Facebook, pasando por Twitter, hasta Google, Amazon o Snapchat tienen pasaporte estadounidense. Es decir, sus principales centros de decisión y de mando se rigen por leyes estadounidenses. Es evidente, por tanto, que "tienen el foco más puesto en EEUU porque sus sedes están allí", reconoce Pérez Soler. No obstante, esta experta considera que ante un fenómeno "tan descarado" y " que atenta contra la democracia" como el sucedido en EEUU con Trump en otro país, como España por ejemplo, "no les temblaría la mano en prohibir esos contenidos". Álvarez no comparte su opinión ya que asegura es "evidente" que "en otros países no están siendo lo suficientemente eficaces".
Y es que, tal y como expone Pérez Soler, "un dictador con las manos supuestamente manchadas de sangre puede seguir emitiendo tuits pero un presidente como Trump que hace discursos incendiarios que promueven la violencia está fuera de las plataformas". Al final, argumenta, "no son justicieras que vienen a imponer la justicia universal, sino que lo único que hacen es aplicar una normativa de funcionamiento interna".
Lalueza va un paso más allá y explica que el problema de raíz son los diferentes tipos de mentalidad. "En Estados Unidos existe una mentalidad más liberal que lo fía casi todo a la autorregulación de estas empresas, lo cual les confiere un amplio margen de maniobra", reconoce este profesor que ve claras diferencias con la filosofía europea: "Aquí hay una mayor presión regulatoria y nos chirría bastante que puedan limitar la libertad de expresión de sus usuarios sin encomendarse a las autoridades pertinentes". No obstante, para este experto uno de los principales problemas de fondo en este debate es "el exagerado protagonismo y la desmesurada influencia" que se han ganado estas compañías.
¿Dónde acaba la norma y dónde empieza la libertad de expresión?
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Porque, tal y como pone sobre la mesa este experto, todas estas redes sociales son empresas privadas que aplican sus propias reglas de juego en un entorno que la sociedad entiende ya como público, como es la esfera pública digital. "Que tiene que haber una regulación es evidente, pero que esa regulación sea responsabilidad exclusiva de corporaciones privadas es muy preocupante e inquietante", admite Álvarez, que apunta que este trabajo "debería ser cooperativo entre los Estados y dichas plataformas".
En lo que se ponen de acuerdo todos los expertos consultados por infoLibre es en esta ausencia de legislación sobre las redes sociales. "Yo estoy de acuerdo con Merkel cuando dice que es problemático que Facebook y Twitter estén tomando este tipo de decisiones porque son empresas privadas que solo miran por su cuenta de resultados y no miran ni por el bien ni por el interés común y esto debería hacerlo el legislador", reconoce Pérez Soler que insiste que lo que se necesita es "una legislación fuera de las propias plataformas, porque ahora mismo lo que estamos haciendo es exigirle a una empresa privada que regule la esfera pública digital".
"Todas estas cuestiones deberían de encauzarse a través de los organismos supranacionales que representen a la mayoría de países del mundo, en cooperación con las tecnológicas", afirma Álvarez. Lalueza, por su parte, introduce a otro jugador en esta partida: "En una sociedad democrática, ante la colisión de derechos enfrentados creo que son los tribunales de justicia los que deberían dirimir". Eso sí, este profesor defiende que ante acontecimientos "tan extremos" como el sucedido en el Capitolio no le parece mal que "las redes sociales actúen con agilidad y contundencia".
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