Los olvidados de la "transición justa" del carbón

Una transición justa para las regiones españolas más dependientes de los combustibles fósiles, y más vulnerables ante su previsible fin como fuente de energía en el país. Esa ha sido, desde hace años, la punta de lanza del PSOE en materia energética. Una vez en el Gobierno, así lo aplicaron: recogieron los informes y las recomendaciones de su propio comité asesor en la materia, presidido por la propia ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y se pusieron con ello. El objetivo era, y sigue siendo, pasar del contaminante carbón a las limpias energías renovables para generar electricidad "sin dejar a nadie atrás": sin provocar una sangría en los cientos de empleos vinculados a la minería y a las centrales térmicas en el norte de España. Ahora parece que es el momento de la verdad. Los mineros ya han acordado su fin con el Ejecutivo, la mayoría de las térmicas ya tienen cierre a la vista, y la Estrategia de Transición Justa ya ha sido publicada, a expensas de un posible cambio de manos en Moncloa. Sin embargo, quedan cabos sueltos y el pesimismo y la desconfianza de comarcas tristemente acostumbradas a las promesas sin cumplir.

El fin del carbón en España, tanto de su extracción como de su quema en centrales para producir electricidad, estaba más que anunciado. En 2010, todos los Estados miembro firmaron la Decisión 2010/787/UE, que buscaba el cierre de las minas "no competitivas" de cara al 31 de diciembre de 2018 a cambio de (más) ayudas públicas. El Gobierno de Rajoy llegó en 2016 a un acuerdo con la Comisión Europea para adaptar su plan de cierre a esta decisión, y ya por entonces planeaba la advertencia: las minas tendrían que devolver las subvenciones si no cerraban. La condición hizo la clausura prácticamente inevitable para la mayoría de las explotaciones.

La situación de las centrales térmicas de carbón es parecida: un cierre que se sabía desde hace años que iba a llegar. También por las exigencias medioambientales de la Unión Europea, aunque algo menos severas, teniendo en cuenta que muchos países miembro no pueden, aún, mantener su sistema eléctrico y energético sin combustibles fósiles. La Directiva de Emisiones Industriales (DEI) obliga a las instalaciones a hacer grandes inversiones para adaptar sus procesos y hacerlos menos contaminantes antes de junio de 2020: de lo contrario, tienen que cerrar. Hasta la fecha, solo cinco de las quince centrales de carbón españolas han confirmado que realizarán dichas inversiones: de otras no se sabe nada y otras cuatro han anunciado ya su cierre.

El Gobierno, después del intento fallido del Ejecutivo de Rajoy de evitar el fin de este combustible fósil, se ha apuntado el tanto de que las centrales cierren sin tener que ponerles fecha. Ha dejado que caigan por su propio peso, evitando la impopularidad que podría acarrear, en las regiones mineras históricamente fieles al PSOE, aparecer como el culpable de la muerte del carbón. Sin embargo, la iniciativa privada a la hora de calendarizar las sucesivas clausuras tienen sus limitaciones. Sobre todo, con respecto al empleo que se queda pendiente, la piedra angular de la transición justa: que no se quede nadie atrás. Que todos los puestos de trabajo que se eliminan con el cierre de las minas y las centrales se compensen con otros nuevos, estructurando una nueva industria que compense la anterior.

No es una tarea fácil, desde luego: pero recién comenzado a andar el camino, de la muerte definitiva de la minería y del principio del fin de las centrales, ya están surgiendo las primeras carencias. Ambas situaciones, la de las térmicas y la de las explotaciones, se están encontrando con el mismo problema: los trabajadores de las subcontratas se quedan fuera. En el acuerdo que rubricaron los sindicatos del carbón y el Ministerio para la Transición Ecológica para el cierre definitivo de todas las minas privadas de España, gran parte de las situaciones se solventaron mediante bajas incentivadas y prejubilaciones. Sin embargo, a los empleados por empresas que prestaban servicios a la mina en cuestión, simplemente se les ofrece la colocación en una "bolsa de empleo".

Mineros "de primera" y mineros "de segunda"

El diputado asturiano de Unidos Podemos en la recién pasada legislatura Segundo González, que ha seguido de cerca el tema, explica que durante años se ha mantenido una estructura basada en mineros "de primera" y mineros "de segunda". Con labores muy similares, pero en la mayoría de los casos cobrando menos y trabajando más. Con el fin de la minería, se han vuelto a evidenciar las diferencias: y hay resquemor contra los sindicatos que han liderado las negociaciones con el Ministerio.

En el caso de las centrales, la situación es similar. Las empresas están obligadas a hacer planes de recolocación que deben pasar por el visto bueno de Transición Ecológica antes de acometer el cierre: y los planes no incluyen a los trabajadores subcontratados. La Estrategia de Transición Justa ofrece preferencias para ellos, pero nada concreto. Hay casos paradigmáticos, como el del pueblo más rico de Aragón: Andorra, en la provincia de Teruel, que alberga la central térmica de carbón del mismo nombre. En el municipio, prácticamente toda la vida orbitaba en torno al combustible fósil: la empresa, incluso, pagaba la luz a sus empleados y contaba con un colegio exclusivo para sus hijos.

Aquellos días de vino y rosas ya tocan a su fin, ya que el cierre de la central está confirmado, y posiblemente se ejecute antes de la fecha límite de junio de 2020. "Los subcontratados se quedan con el culo al aire", afirma el secretario comarcal de CCOO en Andorra, Antonio Jiménez, que critica que la transición energética no haya llegado antes, sabiendo como se sabía desde hace años que al negocio tenía difícil entrar en la próxima década. "¿Por qué no empezaron a traer empresas antes, sabiendo como sabían la posible fecha del cierre de la central?", se queja.

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El secretario general de UGT-FICA (el principal sindicato minero), José Luis Alperi, lamenta la escasa responsabilidad corporativa de las eléctricas titulares de las instalaciones. "A mí lo que me da más coraje es ver cómo EDP ha invertido, y sus centrales van a seguir funcionando, e Iberdrola y Naturgy… que han tenido emplazamientos privilegiados y durante años han tenido beneficios, no hagan esas inversiones".

La sensación es que la transición justa llega años tarde, y que con respecto a las minas, que salvo las de la empresa pública Hunosa ya se encuentran prácticamente extintas, se han perdido años y millones de euros que tendrían que haber reindustrializado las comarcas mineras y que no han podido evitar la despoblación. El plan de desarrollo sostenible para las comarcas afectadas entre 2019 y 2027 está dotado de 250 millones de euros en los primeros cinco años: una cifra muy inferior a los miles de millones de euros de los fondos mineros que han regado comunidades como Asturias durante años.

Sobre la gestión de los fondos, siempre bajo la sospecha del despilfarro, Alperi cree que han contado con "luces y sombras". "Han cambiado la fisionomía de las comarcas mineras. Aunque varias cosas no han funcionado como se esperaba". Sobre todo, explica, no se ha logrado asentar un tejido industrial de calidad, con empresas que recibieron subvenciones y se marcharon, o instalaciones de renovables que no supieron o no pudieron arrancar ante el impacto del inicio de la crisis económica. Aun así, remarca, "habría que ver cómo estarían las cuencas si no tuviéramos esos fondos". Jiménez, de CCOO, es profundamente escéptico. "El miedo es que se vayan olvidando", explica. Que tras el impulso inicial para no dejar tirados a los que dependen de una central o dependían de una mina, no se logren asentar las alternativas y aparezcan, junto a la inacción política, el paro y la despoblación.