Los fantasmas de la tortura y la violación de derechos humanos reaparecen durante las protestas en Chile

Se cumple un mes desde que empezaron las protestas en Chile. Treinta días en los que los chilenos han dejado claro al presidente Sebastián Piñera, a la élite política y económica del país y a los grandes poderes económicos a nivel internacional que continuarán saliendo a la calle hasta que no desaparezca la desigualdad social. Por ahora, los manifestantes han logrado que Piñera anule la subida del precio del transporte público, que anuncie la puesta en marcha de una “agenda social” y que se hayan dado los primeros pasos para iniciar un proceso constituyente que, mediante un plebiscito, permita votar una nueva Constitución. La actual es de 1981 y fue aprobada en plena dictadura del general Augusto Pinochet. Sin embargo, estos logros se han visto eclipsados por las denuncias por tortura y violación de derechos humanos a manos de los Carabineros y las Fuerzas Armadas de Chile que han hecho saltar las alarmas de la comunidad internacional y que recuerdan a un pasado demasiado reciente para la sociedad chilena.

Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), tras cuatro semanas de protestas han muerto al menos 23 personas, más de 2.300 han resultado heridas, entre las que hay 217 que presentan heridas oculares, y cerca de 6.000 personas han sido detenidas. A estas cifras hay que sumar las más de 2.000 denuncias por vulneración de libertades fundamentales, de las que el INDH se ha hecho eco y ha presentado, por el momento, más de 240 querellas por torturas y otras 58 querellas por violencia sexual.

Para la inmensa mayoría de chilenos, la tortura y la violación de derechos humanos están intrínsecamente asociadas a la dictadura del general Augusto Pinochet. A partir del golpe de Estado en 1973, Pinochet no dudo en recurrir a la detención, la tortura y el asesinato para reprimir a cualquier ciudadano que supusiera una amenaza tanto para él como para el recién estrenado régimen. En un primer momento, los Carabineros de Chile, las Fuerzas Armadas y la Policía de Investigaciones fueron los encargados de llevar a cabo la violación sistemática de derechos humanos aunque pronto se crearon otros órganos estatales destinados para tal fin: la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, 1974-1977), Comando Conjunto (1975-1977) y Central Nacional de Informaciones (CNI, 1977-1990, sucesora de la DINA). Según el informe de la Comisión Valech publicado en 2011, el número total de víctimas durante la dictadura militar chilena supera las 40.000 personas, entre detenidos desaparecidos, ejecutados, torturados y presos políticos reconocidos.

A raíz de esas denuncias, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció el 24 de octubre el envío de una misión de verificación a Chile para investigar las posibles violaciones a las libertades fundamentales. La misión, compuesta por un equipo de tres expertos de derechos humanos, llegó al país el 28 de octubre y estará hasta el 22 de noviembre con el propósito de examinar las denuncias, reunirse con actores políticos y sociales y recabar información sobre las medidas adoptadas por el gobierno para hacer frente a la situación. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió el 6 de noviembre una carta al ministro del Interior, Teodoro Ribera, para solicitar una visita para analizar la situación general del país, visita que finalmente tendrá lugar entre el 18 y el 21 de noviembre tras tener que esperar casi 10 días para conseguir la aprobación del Gobierno chileno.

El domingo 17 de noviembre, el presidente Piñera reconoció y condenó las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad: "En algunos casos no se respetaron los protocolos, hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos. (...) Nuestro gobierno hará todos los esfuerzos para que exista justicia y no impunidad".

 

Ante la precipitada declaración del estado de emergencia, la implantación del toque de queda, el uso excesivo de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y lo poco que han tardado éstas en recurrir a la tortura, surgen algunas dudas sobre Chile como Estado democrático: ¿La tortura es una práctica que las fuerzas de seguridad acaban de recuperar o nunca dejaron de utilizarla? o ¿se puede confiar en organismos del Estado encargados de llevar a cabo la investigación de las denuncias por tortura y violación de derechos humanos? Organizaciones y organismos en defensa de los derechos humanos consultadas por infoLibre responden a estas cuestiones.

 

Varios miembros de la Policía retienen a un manifestante durante una nueva jornada de manifestaciones en Santiago (Chile). EFE

La alargada sombra de la tortura

“Es difícil saber si el uso de la tortura no ocurre en un estado de normalidad entendido como no emergencia, fuera de un estado de excepción”, explica la presidenta de Amnistía Internacional Chile, Sofía Lanyon. Aunque, continúa, “dada la compleja relación entre nuestras fuerzas armadas y la ciudadanía (en términos de seguir protocolos) es posible que, fuera del estado de excepción, se haya dado algún caso especifico de algún efectivo de Carabineros o de las Fuerzas Armadas que no haya sido riguroso en el seguimiento del protocolo y haya vulnerado los derechos humanos de un ciudadano”.

Lo que si que es seguro es que la declaración del estado de emergencia por parte del presidente Sebastián Piñera “inevitablemente abrió un espacio a la vulneración de derechos humanos mas allá de las libertades y garantías que dicho régimen per se limita, como el derecho a manifestarse públicamente o la libertad de movilizarse por espacios públicos”. “Lo que sin duda nos llamó la atención fue que, dentro del estado de emergencia, se recurrió (a la tortura) muy temprano y muy masivamente”, asegura la presidenta de AI Chile.

Por su parte, Joel Hernández, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señala que se trata de un momento inédito fruto de la “situación polarizada” que vive actualmente el país. Sin embargo, no puede dar una respuesta concreta a si se ha seguido empleando esta práctica represiva tras el fin de la dictadura porque la CIDH no tiene en su poder la información necesaria para seguir un histórico de las denuncias en materia de torturas. Según Joel Hernández, la Comisión, en su labor de observación, ha tomado nota de “los actos de vandalismo y las reacciones del Estado”, así como de “las querellas que está presentando el INDH sobre todo por actos que tienen que ver con violencia contra la mujer”.

 

Una de las entradas al subterráneo de la estación de Baquedano en Santiago, Chile. EFE

Un posible centro de tortura en pleno centro de Santiago

Pocos días después de que las protestas pasaran de simples “evasiones pacíficas” –saltarse los tornos de las estaciones de metro en señal de protesta– a manifestaciones a nivel nacional, el 23 de octubre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile recibió una denuncia en la que Nicolás Luer, un joven estudiante de 22 años, aseguraba que había sido torturado a manos de unos Carabineros en un centro clandestino situado en el subterráneo de la estación de metro de Baquedano. Funcionarios de la entidad se trasladaron al lugar de los hechos junto a dos jueces y efectivos de la PDI para recabar información y, según el presidente del INDH, Sergio Micco, encontraron evidencias suficientes de tortura.

Al día siguiente, Micco se vio obligado a retractarse y subrayó que “la labor de determinar si hubo o no delito es del Ministerio Público mientras que el INDH evalúa acciones legales a seguir”. En declaraciones al diario La Tercera, uno de los magistrados encargados de inspeccionar el lugar aseguró que no encontraron ni detenidos ni evidencias de que hubieran colgado personas del techo. Aún así, entregaron los resultados de la investigación al Ministerio Público para que se hiciera cargo. Desde entonces, han surgido nuevas denuncias sobre presuntos centros de tortura pero, por el momento, no se ha confirmado ninguna.

La noticia sobre el posible centro de tortura en pleno centro de la capital corrió como la pólvora, pronto inundó las redes sociales y llegó a oídos de las organizaciones en defensa de los derechos humanos. Preguntada por esta cuestión, Sofía Lanyon manifiesta su indignación y declara que “en caso de que se termine acreditando judicialmente, desde cualquier punto de vista y no solo por la historia que tenemos en Chile, sería una aberración”.

El miembro de la CIDH dice no tener ninguna información acerca del caso aunque considera que, en una situación así, “el Estado chileno debe recordar sus obligaciones como parte de la convención de Naciones Unidas contra la tortura porque existe una obligación del estado de prevenir los actos de tortura y sobretodo de enjuiciar y sancionar a todo funcionario que cometa dichos actos”.

A raíz de este último comentario, cabe señalar que recientemente el jefe de Carabineros aseguró que ningún agente será cesado tras las denuncias de abusos cometidos en el marco de las protestas en Chile.

 

Manifestantes convocados por el Colegio de Profesores de Chile protestan en Santiago (Chile). EFE

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“Más que un delito penal es negacionismo, es la actitud de invisibilizar o intentar minimizar la situación de los derechos humanos en este país”, reflexiona la presidenta de AI Chile sobre el baile de cifras de muertos, detenidos y heridos. Aunque la organización es consciente de que no es fácil tener una cifra exacta dada la situación de incertidumbre y de semejante movimiento social en las calles, no duda en señalar que “ese es el trabajo del Estado: su trabajo investigar, sacarla luz la verdad, llegar hasta la última víctima y hacer efectivas las responsabilidades para que haya verdad y justicia”.

En cuanto a si los ciudadanos pueden confiar en que las instituciones y organismos encargados de velar por su seguridad cumplan con sus obligaciones, Sofía Lanyon considera que el Ministerio Público, encargado de investigar todo tipo de delitos, está cumpliendo de manera eficiente al iniciar investigaciones, personarse en los lugares donde se cometen delitos, interrogar a las víctimas y a los denunciantes, etc. Y añade: “A diferencia de otros tiempos en nuestra historia, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial han realizado declaraciones publicas en ese sentido, declarando su imparcialidad, su independencia, su compromiso con el trabajo que le corresponde a cada uno en este proceso”.

En su caso, el miembro del CIDH apunta que la ciudadanía debería poder confiar en sus instituciones pues “la responsabilidad primaria de las autoridades es la de llevar a cabo una investigación y una sanción de los responsables. No es solo una obligación frente a la legislación chilena sino que es una obligación de carácter internacional”.