Aparten sus sucias manos de la justicia... y del periodismo

Fiscal Jefe de Anticorrupción es copropietario de una empresa en Panamá. Punto. En cualquier democracia sólida ese dato sería considerado un mal chiste o bastaría para una destitución fulminante. O varias. La de ese fiscal y las de los superiores que lo han protegido. Pero España tiene un Gobierno que parece dispuesto a contaminar toda la arquitectura institucional con tal de frenar el incontenible hedor de la corrupción. Sólo así se explica la “confianza” que el fiscal general Maza, el ministro Catalá y el presidente Rajoy, por ese orden, siguen manteniendo a estas horas en Manuel Moix. ¿Cómo no fiarse de quien ha sido capaz de archivar hasta tres veces las denuncias que le llegaban sobre el latrocinio de Ignacio González? ¿Cómo no confiar en alguien nombrado para el cargo sabiendo que es el preferido del propio investigado (“si sale es cojonudo”) como le advirtió la Unión Progresista de Fiscales? ¿Cómo no va a proteger Maza a Moix si el propio Maza llegó a la Fiscalía General después de que su antecesora, Consuelo Madrigal, fuera relevada por negarse a nombrar a Moix al frente de Anticorrupción? Lo advertimos hace un mes y no nos cansamos de insistir: las injerencias desde el Gobierno en órganos clave del funcionamiento judicial con el objetivo de obstaculizar la investigación de grandes escándalos de corrupción constituyen el asalto más grave al Estado de Derecho en las últimas décadas.

Resumamos el penúltimo capítulo de esta vergonzosa historia repleta de atropellos judiciales, de mentiras políticas y de manipulaciones periodísticas. Después de haber documentado el comportamiento ciego y sordo de Manuel Moix ante las sucesivas denuncias sobre Ignacio González, infoLibre descubre que el actual Fiscal Jefe de Anticorrupción es propietario desde 2012 del 25% de la sociedad panameña Duchesse Financial Overseas, a cuyo nombre está registrado un chalé en Collado Villalba (Madrid). Los cuatro hermanos Moix lo heredaron de sus padres, quienes consideraron conveniente a principios de 1988 ocultar que eran dueños de ese chalé y de los más de 4.600 metros que lo rodean. Hace cinco años y medio de la muerte del padre, y en ese tiempo Manuel Moix y sus tres hermanos han mantenido la empresa constituida en Panamá.

Nuestro compañero Manuel Rico, cumpliendo el código ético que obliga a todo periodista riguroso, llama en cinco ocasiones durante la mañana del lunes a la Fiscalía Anticorrupción para hacerle llegar a Moix las preguntas pertinentes, conocer su versión y publicarla junto a los datos disponibles. “Está reunido”, es la respuesta repetida. A primera hora de la tarde enviamos un burofax de cuatro páginas a Manuel Moix con todas las preguntas relativas al caso, advirtiéndole de que será el único responsable de que su versión no aparezca.

  PURA INTOXICACIÓN

Lo que hace Moix a continuación define (por si quedaran dudas) su concepto del derecho a la información y su (nulo) respeto a la función del periodismo. Es obvio que él entiende mucho más de filtraciones e intoxicaciones varias. Por algo el Plan de Acción de 17 páginas que presentó para optar al cargo hacía mucho hincapié en la necesidad de “acabar con las filtraciones periodísticas”, y se autonombró único portavoz de la Fiscalía Anticorrupción. Incansable a la hora de mentir, llegó a decir públicamente que en España convendría imitar a "Alemania, donde se sanciona al medio que publica filtraciones". Es justo al revés: en Alemania impera el derecho a la información por encima del secreto de sumario. Lo que hace Moix es trasladar su versión de unos hechos aún no publicados a otro periódico, El Español, que la misma noche del lunes cuenta (sin excesivo despliegue) que el fiscal “heredó el 25% de una sociedad inactiva de su padre abierta en Panamá hace 30 años”. El subtítulo también es tan redondo como atrevido: “El fiscal anticorrupción declaró a Hacienda la existencia de esa empresa, que no ha podido ser disuelta por motivos económicos”.

Manuel Moix sabe (y El Español debería saber) que la empresa panameña Duchesse Financial Overseas es tan activa o inactiva hoy como lo era el primer día, porque fue constituida para figurar como propietaria de ese chalé, y lo sigue siendo. Es posible que el señor Moix haya cumplido todas sus obligaciones con Hacienda, pero para demostrarlo hay un paso sencillo: muestre esas declaraciones de los años correspondientes y el modelo 720, obligatorio para todos aquellos ciudadanos con bienes en el extranjero por más de 50.000 euros. Decir (y publicar) que la sociedad no ha podido ser disuelta en los últimos cinco años y medio “por motivos económicos” es simplemente un insulto a los ciudadanos-contribuyentes-lectores. Si entre cuatro hermanos con empleos de éxito no pueden reunir 400 euros en cinco años para ese trámite cabe sospechar que se debe a que no les da la gana hacerlo. Entre otras cosas porque es más caro mantener abierta esa sociedad que cerrarla.

Preguntado por La Sexta este martes sobre si considera ético ser titular del 25% de una compañía domiciliada en Panamá y ocupar el cargo de Fiscal Jefe Anticorrupción, Moix ha respondido con su desparpajo habitual: “Lo que es ético es que los hijos hereden de los padres”. Vuelve este señor a hacerse el sordo. La cuestión no es si un hijo tiene derecho a la herencia de sus padres (hasta Jordi Pujol empleó tan simplón argumento) sino si un funcionario público al que pagamos por combatir la corrupción, el fraude y, por tanto, la ocultación de bienes en paraísos fiscales, puede tener propiedades domiciliadas en Panamá. Y la respuesta es no, no puede, no debe, no es ético desde ningún punto de vista. Si le interesara escuchar un poco, le bastaría a Moix con haber escuchado al ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que al hilo del caso de José Manuel Soria y los ‘papeles de Panamá’ afirmó: “Nadie que haya operado en paraísos fiscales puede estar en el Gobierno”. Ni en el Gobierno ni mucho menos al frente del órgano responsable de investigar la corrupción. (Si además Moix quisiera aprender algo sobre compromiso ético y justicia, debería visionar este vídeo en el que Carlos Castresana, uno de los primeros fiscales anticorrupción, denunciaba hace unos días durante un acto organizado por infoLibre cómo “grupos criminales han capturado al Estado”).

  PONER FRENO A LA IMPOSTURA

En términos éticos y en términos políticos, la continuidad de Manuel Moix es insostenible, digan lo que digan el fiscal general, el ministro de Justicia y el presidente del Gobierno. Por cierto, ¿qué credibilidad tendrán las explicaciones de los dos primeros ante un Parlamento que ya los ha reprobado? ¿Cuánto tardará Mariano Rajoy en referirse a Moix como “ese fiscal del que usted me habla”? Aunque sólo fuera por un mínimo respeto a los centenares de fiscales que realizan su trabajo honestamente, más le vale a Rajoy dejar de ofenderles y exigir la destitución inmediata de Manuel Moix. El empeño en mantenerlo como cortafuegos del incendio que ellos mismos han provocado es patético, y el daño que hace tal cerrazón al sistema democrático es evidente.

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Aparten de una vez sus sucias manos de la justicia, pero también del periodismo. El intento de Moix de perpetrar la “voladura controlada” del escándalo con la inestimable ayuda de El Español es una muestra de los comportamientos a los que este tipo de gente se ha acostumbrado durante años. Pueden tener sociedades domiciliadas en Panamá y a la vez dar lecciones de transparencia y de dignidad, siempre que haya altavoces mediáticos que se presten a la labor de garantizar su impunidad.

En un lúcido ensayo titulado Sobre la tiranía, que es ya un éxito de ventas, el profesor Timothy Snyder va desgranando “Veinte lecciones del siglo XX”. Una de ellas se refiere a la importancia capital de la ética profesional, del compromiso de cada uno con su propio oficio: “Si los abogados hubieran cumplido la norma de que no puede haber ejecución sin juicio, si los médicos hubieran aceptado la regla de que no puede practicarse una operación sin consentimiento, si los empresarios hubieran acatado la prohibición de la esclavitud, si los burócratas se hubieran negado a realizar el papeleo que tuviera que ver con el asesinato, el régimen nazi habría tenido muchas más dificultades para cometer las atrocidades por las que lo recordamos”. (Página 46)

No podemos aceptar el descarado intento de convertir en normal lo que es irregular y excepcional. Ni todos los fiscales son como Moix ni todos los periodistas aceptan ser meros transmisores de intoxicaciones. Cada cual desde su ámbito individual, desde su compromiso profesional y utilizando las herramientas que nos permiten actuar de forma colectiva, debemos sumar esfuerzos para poner freno a tanta impostura. Por eso somos ya decenas de miles los ciudadanos que exigimos la destitución del Fiscal Jefe Anticorrupción.