Gobierno y comunidades debaten cómo atender a los ‘sin papeles’ tras el caos de la reforma de 2012

La restricción de la sanidad como derecho universal fue uno de los ejes de la reforma sanitaria iniciada por el Gobierno de Mariano Rajoy en abril de 2012. Más de 870.000 inmigrantes sin papeles residentes en España perdieron el derecho a la sanidad normalizada. Fueron expulsados de un sistema que, hasta entonces, les garantizaba la asistencia fuera cual fuera su situación administrativa. El Ejecutivo –excusándose en el perjuicio económico que, a su juicio, provocaba el llamado turismo sanitario– pasó a garantizar su atención gratuita sólo en Urgencias, parto y posparto, así como para los menores. Tampoco entraron en el sistema los familiares de inmigrantes que pidieron la residencia por reagrupación familiar y la obtuvieron después de la aprobación del decretazo.

Los gobiernos autonómicos comenzaron entonces a posicionarse al respecto. Y se acabó creando un mapa muy variado en el que prácticamente cada comunidad da una cobertura diferente a los inmigrantes sin papeles. Esta situación, a juicio de sociedades médicas y ONG, provocó una clara ruptura de la equidad territorial en lo que se refiere al derecho a la salud. Esta situación se ha intensificado en los últimos meses con la llegada de nuevos gobiernos que han anunciado otros mecanismos para universalizar la asistencia. 

El Gobierno central, por su parte, sólo ha accedido en el tramo final de la legislatura a reconsiderar su posición respecto a este asunto para evitar impactos electorales. En este escenario, el Ministerio de Sanidad y las comunidades se reúnen este miércoles en Madrid para intentar coordinar la forma en que las autonomías dan atención sanitaria a los ciudadanos en situación irregular. Encima de la mesa estará la propuesta del ministro Alfonso Alonso, que defiende dar asistencia válida únicamente en cada comunidad durante un año siempre que los afectados se inscriban en un registro, acrediten falta de "recursos económicos suficientes", que llevan empadronados un año y que carecen de cualquier cobertura. 

La polémica parece estar servida porque las propuestas de los nuevos Gobiernos autonómicos no van completamente en esa línea. Por ejemplo, la primera en manifestar su cambio de dirección en la atención a los sin papeles, la Comunitat Valenciana, anunció que dará asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular siempre que lleven tres meses empadronados en su comunidad. Aragón y Cantabria han hecho anuncios similares. Baleares, en cambio, sólo pide a estas personas una declaración jurada sobre su situación y falta de recursos para entregarles un documento que será válido durante un año.

En Madrid, la presidenta Cristina Cifuentes anunció el pasado 21 de agosto que devolverá la atención a los sin papeles después de tres años de argumentaciones en contra de esta medida. Hasta que llegue una solución unificada lo hará dando los inmigrantes irregulares el estatus de "transeúntes sin documentación". Murcia, por su parte, sólo ha anunciado la elaboración de un documento en el que se recogen las situaciones en las que se ha detectado que hay problemas para ofrecer una asistencia completa y que llevará a la Comisión de Prestaciones del Ministerio de Sanidad que se celebra este miércoles. 

En cualquier caso, ninguna de las comunidades que ha devuelto la asistencia tiene previsto entregar tarjetas sanitarias, sino que facilitarán a estas personas un documento que acredita que llevan un tiempo empadronados y con el que podrán acceder a la atención primaria y a las recetas. Por lo general, también tendrán que demostrar su incapacidad económica así como que no hay un tercero (seguro o convenio internacional) obligado a pago.

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Cuando se aprobó el decreto de 2012, algunos gobiernos autonómicos como los de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid o Baleares –todos liderados entonces por el PP– se mostraron implacables y manifestaron su total compromiso con el cumplimiento de la norma estatal. En esas autonomías, organizaciones como Yo Sí Sanidad Universal llegaron incluso a documentar casos en los que, a los inmigrantes sin papeles, se les denegaba la atención en Urgencias o se les exigía un compromiso de pago ante de ser atendidos en este servicio, algo que nunca contempló el decreto. De hecho, Médicos del Mundo denunció también que en los servicios de facturación y admisión de hospitales se recibían instrucciones verbales para intentar cobrar el servicio a quienes carecieran de tarjeta sanitaria. 

Hubo otras autonomías que pusieron en marcha programas complementarios de atención a las personas extranjeras, aunque con diferentes criterios. En Murcia o La Rioja, por ejemplo, sólo se mantuvo la atención a los pacientes crónicos o con riesgo para la salud pública que permanecían en la base de datos del sistema. En Extremadura, por su parte, se estableció en el verano de 2013 un programa especial que incluía también la prestación farmacéutica en igualdad de condiciones que los españoles. 

Asimismo, otras comunidades publicaron instrucciones para regular el acceso al sistema sanitario a las personas inmigrantes en situación irregular desde el primer momento de la entrada en vigor de la norma estatal. Es el caso de Asturias, Galicia, Andalucía o Canarias. Por otro lado, el Gobierno de Mariano Rajoy recurrió las normas que Navarra y País Vasco publicaron después de que se restringiera la atención a inmigrantes en 2012. En los dos casos, el Tribunal Constitucional avaló que dieran asistencia al estimar que el derecho a la salud prevalece sobre el beneficio económico vinculado al ahorro que la discriminación en la atención sanitaria supone.