Santamaría justifica el 155: "Cada uno tiene que asumir responsabilidades de sus decisiones"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acudió este jueves a la comisión conjunta de las comisiones de las Comunidades Autónomas y Constitucional del Senado para defender el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado sábado en el que se demanda a la Cámara alta autorización para poner en marcha el artículo 155 de la Constitución con el fin de la "vuelta de la legalidad a Cataluña". Lo hacía al mismo tiempo que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparecía para descartar la convocatoria de autonómicas.

Santamaría hizo un recorrido de la relación de los últimos años entre el Gobierno central y el de la Generalitat. Y dibujó un panorama según el cual el Ejecutivo siempre ha estado dispuesto a dialogar de todo menos de la independencia y al Govern sólo le ha interesado hablar de la independencia.

"Rescatar" a Cataluña

En este contexto, la número dos del Gobierno considera que los independentistas "han echado por tierra la mejor Cataluña de su historia" y que hay que tomar medidas para "rescatar" a esa Cataluña. "Cada uno tiene que asumir responsabilidades de sus decisiones", resumió.

Unas medidas, que como ha asegurado el Ejecutivo en los últimos días, se aplicarán de forma "proporcional" y gradual.

Santamaría lamentó que mientras el Gobierno ha incrementado su presencia en Cataluña en los últimos años la respuesta de la Generalitat haya sido dar la espalda al Congreso y al Senado negándose a acudir a la Conferencia de Presidentes y a explicar sus intenciones.

"El diálogo se conjuga en gerundio: hablando", dijo.

Intentando desmontar el discurso de los independentistas, Santamaría sostuvo que "en contra de sus promesas no han traído la tierra prometida". Así, subrayó que su mensaje no ha calado en las instituciones europeas y que sólo ha encontrado eco en los "radicales".

También recordó que los independentistas vendieron que no se iban a ir las empresas y los bancos, contrariamente a lo que ha sucedido.

A juicio de la mano derecha de Rajoy en el Gobierno, no hay motivos para frenar el 155. "Desde el pasado sábado que remitimos este acuerdo al Senado, no ha pasado nada relevante. Desde entonces no ha habido más que ruido, solo ruido, y no lo ha provocado este Gobierno, que ha estado en su sitio y seguirá estándolo", dijo.

Alegaciones

Santamaría subía a la tribuna tras horas de incertidumbre en las que parecía que el president convocaba elecciones y en las que se especulaba con la posibilidad de acuerdo entre Govern y Gobierno.

A las 10.03 horas según figura en el burofax, el president de la Generalitat hacía llegar al Senado un escrito con las alegaciones a la aplicación del 155 de la Constitución.

Puigdemont, que rechazó acudir a la Cámara baja para fijar su posición, designó a Ferran Mascarell, "delegado del Gobierno de la Generalitat en Madrid" para que asuma su representación. Y acusó al Gobierno de "sobrepasar ampliamente los límites del 155" con el acuerdo del Consejo de Ministros del sábado pasado.

La Cámara Alta no permitió la comparecencia de Mascarell al no ser miembro del Govern.

Los independentistas acusan a PP, PSOE y Cs de violar la Constitución

Ver más

Según señala Puigdemont en la respuesta al Senado, el artículo 155 "requiere para su aplicación la observancia de unas garantías formales y procedimentales, como es la formulación de un requerimiento previo y la aprobación por el Senado de las medidas a adoptar". "Pero el entendimiento conjunto de sus dos apartados indica que el Senado al autorizar la adopción de las medidas, no puede dar un cheque en blanco al Gobierno del Estado, y que la ejecución de esas medidas sólo permite al Gobierno del Estado dar instrucciones a las autoridades autonómicas".

El president sostiene que el artículo 155 en su apartado 2 "reconduce" la ejecución de las medidas previstas en el primero "a que el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de la Comunidad Autónoma, lo que resulta incompatible con destituirlas, ocupar su lugar y sustituirlas en el ejercicio de todas las funciones que constitucionalmente les corresponden".

Este sentido, considera que este precepto constitucional "es un precepto previsto para situaciones extraordinarias, pero no un cláusula de plenos poderes en manos del Gobierno del Estado". Y que, además de reconocer la unidad de España, "reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran.