El medioambiente va perdiendo la 'guerra del carbón' en España

La llamada guerra del carbón encara estas semanas un capítulo decisivo, con las centrales que utilizan esta materia prima para generar electricidad en el punto de mira. El Gobierno presentó el pasado 13 de noviembre un borrador de decreto para poner trabas al cierre de estas instalaciones, en previsible respuesta al anuncio de Iberdrola de que cerrará las dos que le quedaban, en Lada (Asturias) y en Velilla (Palencia). El borrador establece que las compañías deberán presentar un informe detallado explicando qué costará el desmantelamiento en términos económicos, laborales y medioambientales, y posteriormente el Ejecutivo comprobará si el cierre es compatible con la seguridad del suministro eléctrico y con las medidas a tomar en materia de cambio climático. La iniciativa gubernamental es uno más de los favores de los Gobiernos españoles, tanto de PP como de PSOE,  al uso de carbón para producir electricidad, primero dando alas a las eléctricas para contaminar contraviniendo directivas europeas y después cortándoselas cuando se plantean el fin de estas prácticas contaminantes.

"Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general". Así reza el artículo 128 de la Constitución Española, utilizado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (Minetad) para justificar la norma. Una nota del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (Iidma) le recuerda que el artículo 43 de la Carta Magna establece el derecho a la protección de la salud y el 45 el derecho a un medioambiente sano. La quema de carbón para producir electricidad fue responsable en 2014 del 13% de emisiones nacionales de gases de efecto invernadero y costó 3.700 millones de euros en costes para la salud, según la organización, ya que no solo emiten CO2 (el calentador global más persistente) sino que emiten óxidos de nitrógeno y partículas en suspensión, dos contaminantes devastadores para el sistema respiratorio, también protagonistas de las alarmas de calidad del aire en las grandes ciudades.

El Iidma, en su análisis, asegura que el borrador de decreto "no considera criterios medioambientales y sanitarios" simplemente porque dejar de quemar carbón es una herramienta poderosísima para dejar de ensuciar el aire que respiramos y que provoca el calentamiento global. El borrador, sin embargo, menciona las directivas europeas en materia de acción climática, solo para asegurar, líneas después, que la seguridad del suministro debe ser garantizada, a pesar de todo.  Sin embargo, mantener esa seguridad ya es un requisito indispensable en los requisitos actualmente vigentes para clausurar una instalación energética, y el índice de cobertura eléctrica de España está en 1.3, superando al 1.1 establecido como mínimo, según Red Eléctrica Española (REE). Iddma afirma que el borrador establece una retroactividad (afecta a los planes de cierre presentados a partir del 15 de septiembre, incluyendo a los de Iberdrola) cuya legalidad es "cuestionable", ya que el artículo 23 de la Ley de Gobierno establece que "las disposiciones de entrada en vigor de las leyes o reglamentos que impongan nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional como consecuencia del ejercicio de ésta, preverán el comienzo de su vigencia el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación".

Bruselas ya investiga, aunque aún no se ha mojado, este borrador de decreto. No ha sido el único toque de atención de la Unión Europea a la política energética española con respecto al carbón. El Ejecutivo comunitario ha abierto una investigación para determinar si España incumplió las normas sobre ayudas estatales de la Unión Europea al otorgar desde 2007 440 millones de euros en ayudas a las centrales. Las ayudas fueron establecidas en la Orden ITC/2794/2007, recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 28 de diciembre de 2007. La Comisión Europea sospecha que estas ayudas servían para cumplir la reducción de emisiones a la que las centrales ya estaban obligadas, no para ir más allá, lo que es ilegal según el derecho comunitario y sitúa a estas instalaciones en una ventaja competitiva con respecto a otras que no usan carbón.

Las centrales de carbón, bajo excepciones para seguir contaminando

El freno del Gobierno a Iberdrola y las ayudas a las térmicas ahora desveladas y puestas bajo sospecha por Europa, revelan, de nuevo, cómo estas centrales han contado con el apoyo incondicional del Gobierno. A pesar de que hasta los actores contra el cambio climático más moderados y conservadores reconocen que el fin del carbón debe llegar para que no llegue el fin del planeta. Y a pesar de que la legislación europea las traba. A partir del 1 de enero de 2016 entró en vigor la Directiva de Emisiones Industriales (DEI), que establece rigurosos límites de emisiones para las instalaciones de combustión. Sin embargo, también establece dos excepciones a la que pueden acogerse las centrales. 17 de las 19 instalaciones que usan el carbón en España se acogieron a alguna de ellas, o a las dos, para seguir contaminando.

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Una excepción es la posibilidad de que los Estados desarrollen planes de transición para postergar las restricciones en emisiones contaminantes hasta julio de 2020. Otra es que las centrales de carbón que se encuentren al final de su vida útil pueden seguir contaminando hasta su cierre, siempre que se acredite que, efectivamente, se van a clausurar. España desarrolló los dos mecanismos legislativos para que el carbón se siguiera quemando sin demasiados obstáculos: en el caso de la primera excepción, que permite postergar los límites, elaboró el Plan Nacional Transitorio (PNL), aprobado en noviembre de 2016. Y para la segunda excepción, la Exención por Vida Útil Limitada (EVUL).

La práctica totalidad de las centrales de carbón en España no tienen severos controles para reducir sus emisiones de óxidos de nitrógeno, CO2 o partículas en suspensión porque están bajo el paraguas del PNL, del EVUL o de los dos a la vez. Este último caso es ilegal, según los expertos del Iddma, que consideran que la directiva comunitaria no permite acogerse a las dos excepciones a la vez. Además, aseguran que el PNL no se sometió a consulta pública ni a un análisis de impacto ambiental, necesario, creen, dado el nivel de contaminación que supone tener a las térmicas de carbón sin apenas límites hasta julio de 2020, fin de la excepción que permite la DEI.

El Gobierno trabaja en la ley de Cambio Climático, en un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y ha creado un comité de expertos para abordar la transición energética, que debe publicar un informe a finales de año. Se espera que las normativas que están por llegar estabilicen el sector en el que ahora mismo mantienen posiciones contrapuestas las empresas, el Gobierno e incluso las comunidades autónomas. Algunas, como Aragón, muy dependientes de la materia prima, lograron arrancar al Ejecutivo la promesa de que impediría el cierre de las térmicas mediante decreto. Otras, como Baleares, los denuncian ante Bruselas, ya que se oponen a los impedimentos estatales a sus planes de descarbonización. "Nadie pide que se cierren todas las centrales", afirma Ana Barreira, directora del Iddma. "Pero tiene que haber un plan ordenado. No están, de momento, inviertiendo para adaptar las centrales a la normativa". En 2020 todas las instalaciones que usan carbón deben cumplir los límites de emisiones que dicta Bruselas. A la espera del "plan ordenado" que piden los expertos, por ahora solo hay un apoyo directo y sin ambages a la generación sucia de electricidad en el país europeo más susceptible al cambio climático.