IU propone combatir la pobreza con medidas sobre el empleo, la vivienda, la educación y la sanidad

La mejora de las cifras macroecómicas sigue sin notarse en los hogares españoles. Así al menos lo reflejan los datos que el Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo públicos la semana pasada. Según la institución, el 26,6% de las personas que viven en España está en riesgo de pobreza o exclusión social. Pero esta cifra no es nueva. Por octavo año consecutivo, este porcentaje se sitúa por encima del 25%, lo que adivina las dificultades que tienen quienes se encuentran en una situación más vulnerable para percibir la mejoría económica. 

La tasa, que era del 24,7% en 2008, es el principal indicador que utiliza la oficina estadística europea, Eurostat, para medir el peso de las personas menos favorecidas. El término –también denominado Arope, del inglés, at risk of poverty or social exclusion– se compone de tres variables: riesgo de pobreza (calculado con el método Eurostat, que mide la población que gana un 60% menos de la mediana), situación laboral de los hogares y carencia material severa. Con estos criterios, y atendiendo a los datos de población del año 2016 (46,5 millones), unos 12,4 millones de personas cumplirían alguno de estos criterios. 

Este es el escenario que ha llevado a Izquierda Unida a presentar una proposición de ley que llevará por título "Ley integral para la protección frente a la pobreza y a la exclusión social". Lo harán los diputados Alberto Garzón y Eva García Sempere, que acudirán al Congreso de los Diputados en la mañana de este jueves acompañados de distintas asociaciones, grupos y colectivos que se han implicado en su redacción. Lo hacen porque, según entienden, la cifra de ciudadanos en esta condiciones "refleja la necesidad de contar con una ley efectiva que proteja a la ciudadanía de esta situación de carencia material, laboral y monetaria que impide el libre desarrollo de nuestras vidas". "En España a día de hoy es perfectamente posible poner fin a la pobreza. Somos un país con un excelente potencial, con riqueza, con un tejido social capaz de actuar para revertir esta situación injusta de desigualdad y de vivir", añade el texto, al que ha tenido acceso infoLibre.

  Garantizar el derecho al trabajo

IU propone como prioridad el empleo. A pesar de que los datos muestren una mejora en los datos –cuya peor cara se mostró durante los años duros de la crisis–, es todavía uno de los principales objetivos de muchos españoles que, tras años en situación de desempleo, ven más lejana la salida de la pobreza. Por ello, el partido liderado por Alberto Garzón opta por la creación directa de un millón de puestos de trabajo a través de un plan de carácter anual. Estos contratos, coordinados entre el Gobierno y las administraciones locales y autonómicas, serían de carácter indefinido y tendrían una remuneración de 1.050 euros brutos mensuales. 

Estos empleos, además, ocuparían sectores que no son cubiertos adecuadamente por el sector público ni privado. Por tanto, abarcarían los servicios sociales, el desarrollo de fuentes de energía renovables, el cuidado del medio ambiente y de los espacios urbanos, así como las actividades culturales, deportivas y recreativas. ¿Cómo se financiaría esta plan? A través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La gestión, en cambio, sería competencia de las entidades locales en colaboración con la sociedad civil, los agentes sociales y el tercer sector "a través de mecanismos transparentes de participación ciudadana". 

  Renta mínima, prestación por hijo, dependencia y pensiones

IU propone, además, una serie de prestaciones económicas de carácter monetario. En primer lugar, optan por la creación de una Renta Mínima Garantizada para todas aquellas personas o familias cuyos ingresos anuales sean inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI). Además, de forma complementaria, los individuos sujetos a este programa podrían continuar recibiendo el resto de prestaciones a las que tengan derecho y, además, podrían acceder a un programa de inserción profesional, laboral y/o social. 

Proponen, además, ampliar el Real Decreto 8/2015 para que las prestaciones económicas por hijo, hija o menor de edad a cargo se amplíen a más supuestos de los contemplados actualmente. Y, del mismo modo, la Ley 39/2016 sufriría también algunas modificaciones con el objetivo de garantizar una mejor y mayor atención a todas aquellas personas con un grado de dependencia reconocido. 

Por otro lado, IU atiende también a una de las demandas sociales más escuchadas en las calles en los últimos meses. El partido liderado por Alberto Garzón propone modificar el Real Decreto 8/2015 para que las pensiones se revaloricen cada año en función del IPC de ese momento. Se atendería así al principal reclamo de los miles de pensionistas que han sacado su grito a la calle, que también verían eliminado el conocido factor de sostenibilidad, que entraría en vigor el 1 de enero de 2019 y reduciría la pensión de cada nuevo jubilado según la esperanza de vida que se atribuya a su generación. 

  Universalización de la sanidad pública

El Real Decreto 16/2012, el cual también pretenden modificar, "acabó con los principios que regían el Sistema Nacional de Salud desde su creación", según explica IU. "Ha supuesto el retorno al concepto de 'asegurado', propio de sistemas de seguridad social que nuestro Estado ya superó y ha originado bolsas de exclusión sanitaria inaceptables", añade el texto que presentan este jueves en la Cámara Baja. Exigen, de este modo, la suscripción de un "convenio especial" a quienes no puedan acceder a esa condición.

Por otro lado, proponen eliminar el aspecto más criticado de la normativa de 2012: el copago para los pensionistas, que hasta ese momento solo contribuían al pago de los medicamentos vía impuestos. Los jubilados empezaron así a pagar el 10% del precio de los fármacos que compraban en boticas (con topes de 8, 18 o 60 euros mensuales en función de la renta). También lo hacen aquellas personas bajo tratamientos de larga duración que, con la modificación de IU, dejarían de hacerlo.

  Garantizar los suministros mínimos vitales

IU hace hincapié también en otro indicador de la pobreza: la incapacidad de los hogares para satisfacer un mínimo de servicios con los que cubrir necesidades básicas domésticas como la climatización de la vivienda, cocinar o asearse. Los suministros básicos de agua potable, luz y gas, a juicio del partido, deben estar garantizados, y por eso abogan en su propuesta reglamentaria. Proponen, así, "un sistema público de precio social para todos los hogares con poder adquisitivo reducido y, en particular, para las familias en riesgo de pobreza y exclusión social", explican. 

Pero además, establecen una serie de garantías ante un posible corte de suministros derivados de impagos explicados por la falta de capacidad económica. La compañía suministradora del servicio, antes de cesar el servicio, consultaría a la administración la situación individual de la persona o familia. En caso de que se manifieste una insolvencia, los recibos impagados deberían ser devueltos a la administración y los cortes, por su parte, serían declarados ilegales. 

  Derecho a la vivienda

En el título quinto, el partido explica que otra de sus medidas destinadas a combatir la pobreza y la exclusión social se basa en la recuperación de la función social de la vivienda. En este sentido, proponen que los poderes públicos garanticen el acceso a todas aquellas personas que carezcan de un hogar, así como a todas las que, por "causas sobrevenidas", se hayan visto expulsadas de la que ya tenían. "Se establece una moratoria de los procedimientos de ejecución hipotecaria para deudores en situación de insolvencia sobrevenida, y se impulsa una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y programas de ayuda al alquiler para evitar el lanzamiento por ejecución hipotecaria o por impago de alquiler de personas en situación de exclusión social", explican en el texto presentado.  

Por otro lado, abogan por el impulso de dos planes estatales. El primero de ellos iría dirigido a poner fin al "sinhogarismo crónico" en un plazo de 10 años mediante el método Housing First, aplicado en otros países del mundo. Se trata de proponer una vivienda a aquellos individuos sin hogar de larga duración, con la única condición de mantener unas buenas relaciones de vecindad y de aceptar el soporte profesional que le preste la ayuda necesaria durante un tiempo determinado. El segundo, por otro lado, llevaría el nombre de "Plan estatal de erradicación del chabolismo, la infravivienda y la segregación residencial en España" y estaría dirigido, especialmente, a la población gitana e inmigrante.

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  educación de calidad contra la pobreza

IU propone también el desarrollo de una educación de calidad que pueda luchar contra la pobreza y la exclusión social. En este sentido, consideran prioritario garantizar una educación de calidad al conjunto del alumnado, también al que presenta especiales dificultades, como el migrante o el gitano. Para ellos, proponen la extensión de la dotación del profesorado que, de manera individual, puedan atender cada contexto individual. Además, abogan por la creación de suficientes plazas públicas educativas de 0 a 3 años y por el mandato a las administraciones educativas de garantizar la gratuidad del transporte, el material escolar y el servicio de comedor escolar en todos los centros y en periodos no lectivos, así como otras ayudas educativas que garanticen la igualdad de oportunidades.

Y, además, no olvidan las becas, uno de los mayores reclamos que la marea verde ha sacado a las calles de toda España en los últimos años. IU detalla en su texto que la inversión en estas ayudas aumentaría hasta alcanzar el 0,4% del PIB en 2020. Las administraciones educativas, por su parte, garantizarían una adecuada inversión en recursos de orientación, apoyo y refuerzo educativo. "Las administracioness reforzarán las becas y ayudas para los estudiantes con menos recursos, especialmente en los niveles no obligatorios ni gratuitos, para permitir la continuidad en estudios postobligatorios y mejorar las tasas de abandono escolar temprano", concreta el texto.