Memoria histórica
Primero fuera del Valle de los Caídos y ahora de Meirás: los Franco tendrán que devolver el Pazo al Estado
Casi 45 años después de la muerte del dictador, los Franco deberán devolver la propiedad del Pazo de Meirás, localizado en el municipio coruñés de Sada, al Estado, su legítimo dueño. "Es como un hijo robado que vuelve a casa. Es un triunfo de la democracia", asegura Fernando Souto, presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña, en conversación telefónica con infoLibre. Así lo establece la sentencia conocida este miércoles de casi 400 páginas [consultar íntegramente aquí] por la magistrada Marta Canales, del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña. La jueza declara nula la donación efectuada en 1938 y también determina que la compraventa posterior fue una "simulación". "Se concluye lo que ya se sabía: que fue un expolio, un robo y que el Pazo es de todas y todos los gallegos", explica Anxo Louzao, portavoz de Los 19 de Meirás. Esta demanda histórica de la sociedad civil gallega es la segunda victoria en menos de un año del Estado tras la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos el pasado 24 de octubre.
La argumentación de la jueza, que ha dictado sentencia en menos de dos meses tras la finalización del proceso, es "más ambiciosa" que la que plantearon las asociaciones memorialistas y la propia Abogacía del Estado además de la Xunta de Galicia, los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación provincial. Marta Canales concluye en los hechos probados de la sentencia que la donación del Pazo de Meirás, propiedad en su origen de la escritora Emilia Pardo Bazán, efectuada en 1938 al "autoproclamado Jefe del Estado", es nula ya que carece del "requisito esencial de forma". Ese mismo año, en plena Guerra Civil, se constituye una Junta Pro Pazo del Caudillo para comprárselo a la entonces propietaria del palacete –Manuela Esteban Collantes– por 406.346 pesetas" y regalar el Pazo de Meirás al "Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Estado Nacional" y no a Francisco Franco a título personal. Este dinero, según un acta presentada por la Abogacía del Estado, había sido adelantado en hipoteca por el Banco Pastor y cuya financiación se planteó inicialmente a través de una suscripción popular que, al no dar el resultado esperado, se convirtió en recaudación forzosa.
Asimismo, también deja claro que la compraventa posterior, celebrada en escritura pública en mayo de 1941, también es "nula" ya que se trató de una "simulación" de una "adquisición ficticia" que permitía "una inscripción a título particular de un inmueble que había sido transmitido previamente a la Jefatura del Estado". "El 24 de mayo de 1941 no se entrega a Franco el pazo y Franco no paga nada. La vendedora ya había vendido. La reservista, Manuela Esteban Collantes y Sandoval, ya había renunciado a su derecho. Franco nada compra", detalla la resolución que asegura, por tanto, que la única finalidad era inscribir este bien a su nombre en el Registro de la Propiedad "sin mediar precio alguno". "Esto es ya incuestionable. El Pazo fue pagado y comprado por el pueblo gallego", asegura Fernando Souto
La jueza rechaza las alegaciones de los demandados en relación a la intención de la vendedora de querer que el pazo se regalase al dictador y que los documentos presentados "no arrojan dudas" y en todos se refieren "al caudillo". Asimismo, la magistrada también declara nula la parte de las escrituras de la herencia de Franco por la que la familia se hizo con el Pazo de Meirás y establece que no deberán ser indemnizados por los gastos de mantenimiento de la propiedad al ser incorporada a su patrimonio de "mala fe". Asimismo, la magistrada asegura que el Estado asumió todo sus gastos ya que fue gestionada y administrada como residencia oficial del jefe de Estado. "El Pazo de Meirás se gestiona de forma idéntica al Palacio de El Pardo", argumento defendido por las partes demandantes.
Los Franco recurrirán la sentencia: "Es técnicamente deficiente"
Esta resolución no es firme y se puede interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el plazo de los veinte días siguientes a su notificación. La familia Franco ya ha anunciado que recurrirá este fallo. En declaraciones a Europa Press, su abogado, Luis Felipe Utrera, asegura que la resolución es "técnicamente deficiente", adolece de errores y evita rebatir los argumentos fundamentales esgrimidos por la familia del dictador para retener la posesión.
A la espera de la resolución de este recurso, Anxo Louzao asegura que sería "totalmente escandaloso" e "inaceptable" que la Audiencia Provincial tumbe esta sentencia ya que demuestra "lo que ya estaba demostrado". Fernando Souto también es optimista y considera que no saldrá adelante y que Franco quedará como "un momento trágico" de un lugar que siempre será de "doña Emilia" y que tanto inspiró a la autora de Los Pazos de Ulloa. Así lo reconocía ella misma: "En donde me hallo mejor para sentir esta grata fiebre de la creación artística es aquí en la vieja Granja de Meirás".
Las incógnitas que quedan en suspenso a la espera de este recurso son cuándo se podrá desalojar a los Franco de Meirás y qué pasará con lo que hay en el interior del inmueble. Souto admite que, aunque dependa de la jueza, es posible que este año se pueda "entrar" en el Pazo. "Estaremos pendientes y vigilantes", reconoce Louzao que matiza que la ejecución de la sentencia no se debe "demorar" y que no pueden "bajar la guardia".
La devolución de Meirás es "una reparación de la justicia"
Tras conocerse esta sentencia, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha celebrado esta decisión: "Nos parece de justicia, es un patrimonio que pertenece al pueblo español y tenía que volver al pueblo español". Por su parte, desde la Xunta de Galicia, el conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, ha calificado de "buena noticia para Galicia, para el Estado de Derecho y el interés general" este fallo.
El alcalde de Sada (A Coruña), Benito Portela, ha asegurado que esta sentencia "es una reparación de la justicia". Por su parte, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, también ha trasladado su "satisfacción" por esta sentencia que "hace justicia a una anomalía histórica". "Los Franco devolverán el Pazo de Meirás y lucharemos para que devuelvan la Casa Cornide", ha matizado la regidora.
"A los Franco no les gustaba la Torre de Hércules"
Y es que este golpe de la justicia gallega a los Franco marca el inicio de otro capítulo: la lucha por recuperar la Casa Cornide. La familia Franco obtuvo este edificio de tres plantas en pleno casco viejo de la ciudad de A Coruña como supuesto obsequio de Pedro Barrié de la Maza, conde de Fenosa, quien la consiguió en una subasta donde curiosamente sólo pujó él. "Utilizaron el mismo procedimiento que con Meirás", explica Souto que señala que la actual sentencia puede servir de precedente ya que este inmueble fue adquirido en similares circunstancias. "A los Franco no les gustaba la Torre de Hércules", asegura este portavoz de la CRMH para detallar el modo operandi de la familia, porque de ser así habría dejado de ser pública para uso y disfrute de Carmen Polo, la esposa del dictador.
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El Ayuntamiento de A Coruña está llevando a cabo dos estudios paralelos, uno jurídico-histórico y otro histórico-artístico, para reclamar por vía judicial la Casa Cornide a los Franco. Este verano, la familia del dictador puso un anuncio en Fotocasa, sin fijar precio, para deshacerse del inmueble. No es la única propiedad que han intentado vender sin éxito hasta el momento los herederos del dictador: el famoso edificio de la calle Hermanos Bécquer, a pocos metros del Paseo de la Castellana, valorado en unos 50 millones de euros.
Más difícil será recuperar las estatuas del Mestre Maestro. A la espera de que la justicia determine que va a pasar con lo que hay en el interior de Meirás, estas dos figuras de Isaac y Abraham de 1,70 metros de altura separadas de la fachada de la catedral en el año 1520 con el objetivo de construir dos puertas, fueron reclamadas por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela sin éxito. Souto explica que fue un error del anterior alcalde de la ciudad, Martiño Noriega, al presentarse la denuncia en nombre de su persona y no de toda la Corporación municipal. Ahora, sólo queda recurrir ante el Tribunal Supremo y es "una cantidad de pasta impresionante".
Tras esta sentencia, el colectivo de Los 19 de Meirás también espera que la denuncia de los Franco contra ellos no prospere ya que el fallo de la jueza Canales muestra que la protesta de agosto de 2017 de varios militantes del BNG era "más que necesaria y que era justa, pacífica y simbólica" y es "contra natura" que sigan a la espera de ser juzgados. Para Louzao, el texto de este miércoles demuestra que esta denuncia nunca tendría que "haber salido adelante" y espera que ahora "el Tribunal Supremo archive el asunto". Encima de la mesa, peticiones de cárcel de hasta trece años.