Un estudio concluye que tres de cada cuatro inmobiliarias aceptan discriminación racial en los alquileres

Según el informe Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler, realizado por la asociación Provivienda, el 72,5% de las inmobiliarias aceptan discriminación directa absoluta, es decir, el bloqueo total al acceso a la vivienda de alquiler por motivos raciales. Según la asociación, la segregación a la hora de intentar acceder a un hogar es un fenómeno normalizado, ya que, además de esa gran mayoría que bloquea de manera directa el acceso, dentro del 27,5% restante “el 81.8% acepta la discriminación directa relativa”, que se traduce en mayores requisitos y condiciones para el acceso a personas extranjeras.

El documento ha sido realizado a través de testingtesting, una técnica basada en la elaboración de llamadas simulando un determinado perfil para observar la respuesta del objeto de estudio. En este caso, la respuesta de la inmobiliaria ante las mismas solicitudes de un arrendador extranjero y otro español que comparten nivel socioeconómico, y las condiciones discriminatorias de un arrendatario.

La población migrante presenta una mayor vulnerabilidad por su situación socio-económica y sociolaboral, que condiciona su acceso a la vivienda y supone un riesgo de exclusión residencial, apuntan desde el informe. Mientras que el 11,1% de la población española vive de alquiler, esta cifra se eleva hasta el 75% en la población extranjera no comunitaria. Del mismo modo, apenas un 16,4% de los hogares de personas migrantes son de su propiedad, frente al 80.2% de los hogares españoles. Una precariedad que se traslada a la renta, donde el 34,7% de la población extranjera dedica más del 40% al pago de la vivienda, en constraste con el 7,8% de los españoles.

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Entre los principales factores y causas de esta discriminación directa se encuentra el acento o la barrera en el idioma, donde “la corrección en el trato a una persona nacional casi duplica la referida a una persona extranjera”, asegura el documento. Otros factores son los rasgos faciales y la presunción de precariedad económica. Del mismo modo, las familias con hijos o monoparentales encuentran una mayor dificultad a la hora de encontrar una vivienda.

Desde Provivienda denuncian que la estigmatización racial y cultural, unida a otros factores como la aporofobia o la estigmatización de la pobreza, agudizan la dificultad de acceso a un hogar en personas migrantes, que se materializa en un exceso de documentación requerida y de las garantías exigidas, así como el uso de cláusulas abusivas en la elaboración de los contratos de alquiler. Un racismo que no solo se presenta en un nivel económico sino social, ya que denuncian que esa discriminación también se traslada en conflictos vecinales y hostilidad con las personas propietarias de los pisos.

La asociación apunta a la falta de protección de las personas extranjeras como principal causa de estos “procesos de exclusión residencial”. Por ello, proponen la creación de servicios de información y asesoramiento sobre vivienda para personas migrantes, así como políticas públicas de mediación en el alquiler, y un impulso en investigación y formación de la discriminación y vivienda. Finalmente, Provivienda apuesta por que la anunciada Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación ampare la protección contra la discriminación en vivienda, entre otras medidas.