Colombia: el reto de la seguridad del presidente electo

Con la proclamación como presidente electo del senador Gustavo Petro, líder de la coalición Pacto Histórico, Colombia ha dejado de ser la principal excepción en la alternancia política de los países latinoamericanos con sistemas democráticos. La victoria electoral de Petro, antiguo miembro de la guerrilla del M19, supone romper el pacto secular de las élites políticas para ceder el gobierno a una alternativa de izquierdas que representa una amplia mayoría social. Los deseos de cambio en la sociedad colombiana, que no se cubrían con los relevos al uso entre la clase dirigente, se han aliado en esta ocasión para acabar con la marginación política de las opciones de base. Las grandes manifestaciones de los últimos años predecían este resultado.

El malestar de una sociedad atravesada por profundas desigualdades, como en otros países de la región, se encuentra en el fondo de la elección de Petro. Las restricciones a la movilidad por el control de la pandemia contribuyeron a debilitar las masivas protestas urbanas de protesta del otoño de 2019, en las que amplios sectores sociales expresaban su descontento. La receta de la contestación represiva, bajo el pretexto de estar manipuladas por fuerzas subversivas de violencia antisistema, mostró la limitación del gobierno de Iván Duque para avanzar en un diálogo nacional, ofrecer reformas estructurales y encauzar el conflicto hacia la integración social. El nuevo inquilino del Palacio de Nariño, con experiencia en la gestión tras su paso por la alcaldía de Bogotá, tendrá que abordar estas reformas de profundidad.

Además de estar a la altura de las grandes expectativas generadas, Petro afronta el reto de solventar la siempre compleja situación de seguridad interna de la república, en su doble dimensión de consolidar el proceso de implementación del acuerdo de paz de 2016 –estancado en algunos puntos y en franco retroceso en otros– y de reformar el sector uniformado, ejerciendo el control democrático de las fuerzas armadas. Desterrada la doctrina del enemigo interior, que no representa el sentir de la izquierda comprometida con una nueva gobernanza, el programa de gobierno propone como primera medida en materia de seguridad hacer de la Policía Nacional un cuerpo civil –al perder la sujeción a la disciplina militar, se cambiará la dependencia del ministerio de Defensa al del Interior–, orientado a las tareas policiales de prevención y persecución de los delitos, de la defensa del orden público y del ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos.

La reforma de las fuerzas armadas contempla medidas que apuestan por la profesionalización de la fuerza, mediante la eliminación del servicio militar obligatorio, el apoyo a la formación en educación superior del personal, la promoción por el mérito y la capacidad, y el combate judicial a las prácticas ineficientes y corruptas de larga data, facilitadas por una autonomía institucional no justificada. Las relaciones civiles-militares tienen que evolucionar en esta línea hacia el pleno sometimiento a la legitimidad democrática de las autoridades. En este sentido, la dimisión del comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, quien había entrado en discusión pública con el candidato presidencial, señala este camino sin retorno. La decisión del general, que pasaba al retiro en unos meses, facilita al presidente electo el relevo de la cúpula militar.

En el sexto año de implementación de los acuerdos de paz con las FARC, el conflicto armado continúa activo, especialmente en las zonas rurales donde los llamados grupos delincuenciales organizados siguen operando en el territorio dejado por la desmovilización guerrillera, habiéndose recrudecido el combate por el control de las zonas. La persecución de estos grupos fragmentados del crimen organizado, sin una dirección centralizada ni objetivos políticos, hace más compleja la lucha contra el narcotráfico, origen de todos los males contemporáneos de Colombia. El gobierno Petro, sin dejar de perseguir a las bandas criminales y los grupos armados residuales –posparamilitares del clan del Golfo, ELN y disidentes FARC-EP, esencialmente–, debe impulsar los objetivos todavía no cumplimentados de los puntos de los acuerdos de paz, particularmente la reforma agraria, asistencia social y participación de las comunidades locales.

La lucha contra los efectos del crimen organizado no debe descuidar las causas profundas del desarrollo de la violencia. El círculo de las prácticas mafiosas –coerción para el reclutamiento de menores, dinámica de la economía sumergida, masacres, asesinatos de activistas locales, compra de funcionarios, políticos y empresarios, etc.– solo puede revertirse con un cambio de estrategia que destierre una militarización que se ha mostrado ineficaz para responder al desafío al Estado y, producto de la excepcionalidad legal amparada en la guerra interna –abusos, falsos positivos, corrupción–, contrario a la consolidación del proceso de paz. El apoyo mayoritario obtenido en las urnas legitima democráticamente el ensayo de nuevas políticas que respondan mejor a las cambiantes dinámicas del conflicto. 

La comunidad internacional, particularmente mediante los recursos comprometidos por la Unión Europea, debe presionar para lograr la implementación de los acuerdos en todas sus rúbricas, especialmente en aquellas menos desarrolladas como son las que afectan a aspectos de cambio de mentalidad –políticas de género, minorías étnicas, participación comunitaria–, apoyo al sistema judicial para perseguir los delitos y la impunidad, sustitución de cultivos ilícitos para ofrecer alternativas de viabilidad económica a los campesinos, respetar la protección de los excombatientes guerrilleros, etc. El objetivo es encapsular el narcotráfico para reducir sus conexiones en el tejido social, rebajar la violencia, detener el fenómeno de la emigración y los desplazados locales, en definitiva, un enfoque de transformación del conflicto.

El reto de la seguridad del presidente electo Petro es condición necesaria para desarrollar la acción de gobierno. El programa contempla reformas económicas y sociales para tratar de contener la brecha en la sociedad colombiana: reforma fiscal, del sistema educativo, de la sanidad pública, de las infraestructuras, etc. El nuevo gobierno de Colombia tendrá una composición integradora con miembros conservadores y liberales, como Álvaro Leyva en Relaciones Exteriores, Alejandro Gaviria en Educación o José Antonio Ocampo en Hacienda. Petro es consciente de que debe gobernar con moderación, lo que implica asumir las críticas de muchos de los sectores que lo han apoyado, si quiere poner en marcha las reformas estructurales que necesita Colombia. Un cambio tranquilo, pero un cambio real. 

Con la proclamación como presidente electo del senador Gustavo Petro, líder de la coalición Pacto Histórico, Colombia ha dejado de ser la principal excepción en la alternancia política de los países latinoamericanos con sistemas democráticos. La victoria electoral de Petro, antiguo miembro de la guerrilla del M19, supone romper el pacto secular de las élites políticas para ceder el gobierno a una alternativa de izquierdas que representa una amplia mayoría social. Los deseos de cambio en la sociedad colombiana, que no se cubrían con los relevos al uso entre la clase dirigente, se han aliado en esta ocasión para acabar con la marginación política de las opciones de base. Las grandes manifestaciones de los últimos años predecían este resultado.

El malestar de una sociedad atravesada por profundas desigualdades, como en otros países de la región, se encuentra en el fondo de la elección de Petro. Las restricciones a la movilidad por el control de la pandemia contribuyeron a debilitar las masivas protestas urbanas de protesta del otoño de 2019, en las que amplios sectores sociales expresaban su descontento. La receta de la contestación represiva, bajo el pretexto de estar manipuladas por fuerzas subversivas de violencia antisistema, mostró la limitación del gobierno de Iván Duque para avanzar en un diálogo nacional, ofrecer reformas estructurales y encauzar el conflicto hacia la integración social. El nuevo inquilino del Palacio de Nariño, con experiencia en la gestión tras su paso por la alcaldía de Bogotá, tendrá que abordar estas reformas de profundidad.