Democracia secuestrada

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con Carme Chacón al frente del Ministerio de Defensa, tuvo el empeño de impulsar en las Fuerzas Armadas, mediante el reconocimiento de derechos fundamentales a los militares, el acercamiento de éstos al estatus de ciudadanía que hasta entonces se les negaba; un nuevo paso en el proceso de democratización de aquéllas, que venía realizándose desde tiempos de la Transición. Los nuevos derechos que llegaban al ámbito militar pretendieron aportar un nuevo estatus de trabajador al militar a través de herramientas como la del asociacionismo profesional, y fomentar la participación de éstos mediante un consejo de personal y órganos de control y evaluación de los derechos como el Observatorio de la Vida Militar. Sin duda, todo ello constituía un gran avance democratizador de la sociedad y en particular de los ejércitos, pero faltó convicción para poder consolidar los avances pretendidos. Sin una reforma de los sistemas de formación para cambiar el adoctrinamiento, que aún hace pervivir el modus operandi del pasado, y la cultura que las inercias y la tradición hacen mantener vivos modos y usos anteriores, es difícil progresar en ámbitos donde los cambios que se pretenden constituyen un giro copernicano.

Estrenada la Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y con la experiencia acumulada durante sus primeros años de vida, pronto se hicieron sentir los problemas de las ambigüedades del texto, y que los avances tímidos no eran suficientes para consolidar los cambios para hacer más efectivos los derechos conquistados. Había que doblegar inercias y vencer oposiciones. Los militares, mediante sus representantes a través de las asociaciones profesionales y el ministerio, estuvieron de acuerdo en abordar una revisión del articulado de la ley de la que saldría una propuesta de modificación.

Han trascurrido seis años desde que se propuso la creación de una comisión de trabajo para el estudio, evaluación y análisis de los derechos de los militares y, en su caso, proceder mediante los acuerdos gestados a las modificaciones legislativas y desarrollos pertinentes, pero creada dicha comisión inmediatamente, a día de hoy aún no ha concluido.

Tras seis largos años de trabajos y con una gran implicación de las asociaciones profesionales, la ley se ha revisado y, desde sus conclusiones, se ha preparado un borrador de propuesta que aún no ha sido debatido. La comisión permanece abierta, pero sin progreso en su camino. Desde la Secretaría General Técnica (SEGENTE) del ministerio se traslada a las asociaciones la intención de continuar con la comisión para abordar que puedan ir surgiendo, pero sin dar salida a la propuesta efectuada; toda una declaración de intenciones.

Todo este tiempo de trabajo, pero sin avance alguno, puede considerarse una estratagema para dejar las cosas como están, pero lo que sí supone es un secuestro democrático que impide mejoras normativas en derechos, que debieran servir para acercar al militar a una ciudadanía plena que, hasta la fecha, se le niega. Un reconocimiento como trabajador y el de las herramientas de representación y participación por cauces democráticos con una consolidación de los órganos y las herramientas para hacerlos efectivos, es lo que el ministerio de Defensa se resiste a aceptar en clara sintonía con el posicionamiento que desde los cuarteles generales se ha tenido hasta ahora. Son estos cuarteles generales mediante sus órganos de personal los que han venido oponiéndose a los cambios que se han venido proponiendo por los representantes de los militares en el Consejo de Personal.

Es tal el atropello que se comete que incluso quedan sin salida o solución problemas que se continúan trasladando en los órganos de participación. Así, la conformación de una mesa efectiva de diálogo social (que se ha visto inexistente o menospreciada en el debate sobre la adecuación salarial de los militares), la configuración de un Consejo de Personal como órgano colegiado donde puedan avanzar los derechos de los militares, la apertura de los cuarteles a las asociaciones profesionales, el reconocimiento de derechos a los representantes asociativos, la reforma de la enseñanza militar donde, de una vez por todas, se acojan, fomenten y potencien los derechos como vía fundamental para la democratización de las Fuerzas Armadas, son, entre otros, aspectos de las reformas propuestas desde la comentada comisión, que quedan secuestrados desde el propio ministerio.

Las asociaciones profesionales, representantes de los trabajadores de la defensa, han solicitado por activa y por pasiva la finalización de la comisión de derechos ante la descarada parálisis al que está siendo sometido el avance en los derechos de los militares. Pero desde la presidencia de la comisión, desde la SEGENTE se mira para otro lado y se insiste en el mantenimiento de la comisión abierta con la excusa de la posibilidad del tratamiento de otros temas que puedan ir surgiendo. Y desde la presidencia del Consejo de Personal no hay posicionamiento; la ministra ni está, ni se le espera.

Los militares, hace veinte años, comenzaron a despertar de un largo letargo donde los postulados de la doctrina que se traslada mediante la formación y en el día a día laboral, les ha mantenido fieles a un estatus heredado del pasado, donde el inmovilismo ante los avances sociales en derechos era norma de actuación y, por tanto, así era asumido.

En este sentido, la ministra de Defensa, presidenta del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y el Secretario General Técnico, presidente de la comisión de derechos de dicho Consejo, hacen gala de ese inmovilismo sumándose a esa actitud reaccionaria de inmovilizar derechos a los militares para que todo siga como antes. El miedo al cambio, a contrariar al mando o simplemente al empoderamiento del militar como trabajador, planean sobre estas decisiones, en definitiva, de no atender a las asociaciones profesionales principales promotoras de los avances de los derechos de los militares.

Seis años de parálisis en la adecuación de derechos a las personas a través de este inocente ardid de mantener a las asociaciones profesionales entretenidas mediante una comisión sin fin, constituye un menosprecio a los representantes asociativos, a lo que representan y a los derechos de los militares que, en definitiva, tarde o temprano tendrán que confluir con los del resto de la ciudadanía.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con Carme Chacón al frente del Ministerio de Defensa, tuvo el empeño de impulsar en las Fuerzas Armadas, mediante el reconocimiento de derechos fundamentales a los militares, el acercamiento de éstos al estatus de ciudadanía que hasta entonces se les negaba; un nuevo paso en el proceso de democratización de aquéllas, que venía realizándose desde tiempos de la Transición. Los nuevos derechos que llegaban al ámbito militar pretendieron aportar un nuevo estatus de trabajador al militar a través de herramientas como la del asociacionismo profesional, y fomentar la participación de éstos mediante un consejo de personal y órganos de control y evaluación de los derechos como el Observatorio de la Vida Militar. Sin duda, todo ello constituía un gran avance democratizador de la sociedad y en particular de los ejércitos, pero faltó convicción para poder consolidar los avances pretendidos. Sin una reforma de los sistemas de formación para cambiar el adoctrinamiento, que aún hace pervivir el modus operandi del pasado, y la cultura que las inercias y la tradición hacen mantener vivos modos y usos anteriores, es difícil progresar en ámbitos donde los cambios que se pretenden constituyen un giro copernicano.