Y en eso llegó Bukele

El anuncio del presidente de El Salvador, Nayid Bukele, de que se presentará a la reelección, confirmado por él mismo hace unos días, no supone ninguna sorpresa. Es la culminación de un proceso que comenzó ya en los primeros días de su mandato cuando, entre honores militares, reclamó el apoyo de la Fuerza Armada en el mismo acto multitudinario de toma de posesión. Luego siguieron las reformas legislativas e institucionales necesarias para, sustituyendo la legitimidad democrática por la plebiscitaria, tomar progresivamente el control de los poderes del Estado, todo en el marco de su publicitada campaña contra la inseguridad endémica del país, profundizada por el fenómeno de las pandillas desde hace décadas. Y como el fin justifica los medios, parece seguirse este método: todo por la democracia, pero sin formas democráticas.

La negativa de los grupos parlamentarios a respaldar acríticamente la acción gubernamental fue respondida con la ocupación armada de la sede de la soberanía popular. La opinión pública, ayudada por la opinión publicada, mostró su apoyo mayoritario a la vía de hecho del comandante en jefe. Sofocada la oposición parlamentaria, por lo demás obediente a múltiples intereses fragmentados, los cambios nominales experimentados en el poder judicial con los nombramientos de nuevos magistrados, concurrentes con la acción del ejecutivo, han permitido que, en el momento procesal oportuno, se obtenga la resolución que habilita al candidato-presidente para la reelección. Nayid Bukele, que en su meteórico ascenso político proclamaba ser un antisistema que venía a regenerar el sistema, se coloca así en la línea de otros colegas centroamericanos que siguen la estela del matrimonio Ortega en Nicaragua.

La debilidad del Estado en la región centroamericana, la fragilidad de sus instituciones y la difícil salvaguarda del principio de la separación de poderes —dique fundamental frente a la tiranía— aconseja el mantenimiento de una cautela básica como es la imposibilidad de reelección del presidente y, con ello, impedir la impunidad derivada de la concentración de poderes, que tanto facilita el abuso de poder, la arbitrariedad, la corrupción, el nepotismo, y otras conductas asociadas. En los regímenes patrimonialistas, los recursos públicos se desvían desde la procura del interés general hacia el mantenimiento del propio sistema, cada vez más opaco, reactivo y arbitrario del ejercicio del poder personal absolutista. 

El ejercicio de concentración del poder de Bukele estaba ya anunciado en la campaña presidencial, donde se explotaron con éxito las capacidades de la comunicación política de nueva generación, en la que se prometía una relación sin intermediarios (sic) con el pueblo. Se trata del conocido perfil del candidato estadounidense, ya exportado con éxito a todo el mundo, del sedicente «hombre hecho a sí mismo», que en el caso de Nayid Bukele tiene el mérito de conseguir presentarse ante la sociedad salvadoreña como alguien ajeno a la clase política tradicional, cuando era notoria su militancia en el FMLN y la destacada carrera política que había desarrollado al amparo de sus siglas, incluida la alcaldía de San Salvador.

La estrategia de militarización de la seguridad para desmantelar las bandas pandilleras delincuenciales fue presentada en torno al llamado Plan de Control Territorial contra las organizaciones criminales (maras), que contemplaba medidas de excepción y métodos expeditivos. Casi tres años después de su puesta en práctica, en los que el plan se ha desarrollado en paralelo con las medidas extraordinarias de lucha contra la pandemia, impidiendo así toda rendición de cuentas, los resultados que se ofrecen son controvertidos. La excepcionalidad de su aplicación, como es habitual en los procesos de securitización, ha supuesto la denuncia por organizaciones internacionales de abusos de poder, ejecuciones extrajudiciales, torturas y hacinamiento de los reclusos. Sin embargo, la apelación a la eficacia del plan y el deseo colectivo de superar el azote de las bandas criminales juegan en su favor.

Previamente formado como movimiento ciudadano, el lanzamiento del partido político de Bukele —Nuevas Ideas— y su estilo presidencialista, afianzado con la gestión de la pandemia y la superación con éxito de al menos dos grandes crisis políticas neutralizando al poder judicial y legislativo, dejan pocas dudas sobre las consecuencias que cabe colegir de un nuevo mandato del presidente milenial. La regresión de los principios de la democracia liberal y la conculcación de los derechos fundamentales se han puesto al servicio del Nuevo Estado salvadoreño en el que el presidente es un hombre de negocios y el uniforme verde oliva del que se ha revestido es virtual, como corresponde al mundo cibernético del siglo XXI. 

El anuncio del presidente de El Salvador, Nayid Bukele, de que se presentará a la reelección, confirmado por él mismo hace unos días, no supone ninguna sorpresa. Es la culminación de un proceso que comenzó ya en los primeros días de su mandato cuando, entre honores militares, reclamó el apoyo de la Fuerza Armada en el mismo acto multitudinario de toma de posesión. Luego siguieron las reformas legislativas e institucionales necesarias para, sustituyendo la legitimidad democrática por la plebiscitaria, tomar progresivamente el control de los poderes del Estado, todo en el marco de su publicitada campaña contra la inseguridad endémica del país, profundizada por el fenómeno de las pandillas desde hace décadas. Y como el fin justifica los medios, parece seguirse este método: todo por la democracia, pero sin formas democráticas.

La negativa de los grupos parlamentarios a respaldar acríticamente la acción gubernamental fue respondida con la ocupación armada de la sede de la soberanía popular. La opinión pública, ayudada por la opinión publicada, mostró su apoyo mayoritario a la vía de hecho del comandante en jefe. Sofocada la oposición parlamentaria, por lo demás obediente a múltiples intereses fragmentados, los cambios nominales experimentados en el poder judicial con los nombramientos de nuevos magistrados, concurrentes con la acción del ejecutivo, han permitido que, en el momento procesal oportuno, se obtenga la resolución que habilita al candidato-presidente para la reelección. Nayid Bukele, que en su meteórico ascenso político proclamaba ser un antisistema que venía a regenerar el sistema, se coloca así en la línea de otros colegas centroamericanos que siguen la estela del matrimonio Ortega en Nicaragua.