Reflexiones sobre un fraude a la Ley Trans

A finales de septiembre hemos conocido una sentencia sobre un asunto que, de no ser por la gravedad del mismo, no pasaría del anecdotario chusco de las muchas tonterías que rodean a la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, por mal nombre Ley Trans, ya que la ley acomete otros muchos aspectos relacionados con la libertad sexual. Pero para entendernos me referiré en este artículo a la Ley Trans. Esta Ley trata, entre otras cuestiones, de mejorar las condiciones de las personas “…cuya identidad sexual no se corresponde con el sexo asignado al nacer”, según el artículo 3.k de la misma.

El caso que dirimía la sentencia era la solicitud de inscripción de cambio de sexo por parte de un sargento del ejército del Aire. En la sentencia el juez señala que "no es posible deducir con suficiente certeza que la finalidad perseguida con su solicitud se acomode al objetivo perseguido por la ley" y continúa diciendo "se colige que va dirigida a la obtención de las consecuencias jurídicas que, para promover la igualdad a través de la discriminación positiva, esta y otras leyes establecen para las mujeres, o para las personas trans, sin que exista una voluntad real de expresión de género como mujer".

Y llega a esta conclusión analizando diferentes actitudes y manifestaciones del solicitante. Ni había cambio físico, ni se quiso cambiar el nombre porque el suyo “valía para ambos géneros”, ni se refería a sí mismo en femenino, ni usaba pronombres en femenino, ni distinguía las diferencias entre expresión de género y la identidad de género, ni vestía de forma femenina, ni se expresaba en femenino, ni tenía estética femenina, ni en su voz había rasgos femeninos, ni quería que se refirieran a él en femenino hasta que se hubiera inscrito la rectificación de sexo en el Registro Civil. Deduce por ello que únicamente quería beneficiarse de las ventajas derivadas de la discriminación positiva para la mujer y obtener así con más facilitad el ascenso a subteniente. Fraude de ley en toda regla.

Como decía, el caso sería simplemente chusco si no fuera por el trasfondo. La prensa y los políticos conservadores han bombardeado a la sociedad criticando la “facilidad” para conseguir el cambio de sexo, dejándolo en un mero trámite si el interesado o la interesada lo solicitaba. Algo así como “me declaro mujer u hombre y ya está”. Una simple declaración y sin más se cambiaba de sexo.

Así se señala en toda la prensa conservadora, desde las más ultramontanas como OKDiario, Libertad Digital o La Razón a diarios deportivos (As y Marca), pasando por los aparentemente más moderados El Mundo o ABC. Completaban este bombardeo webs como The Objective, “influencers” en TikTok, X (antes Twitter) e incluso en las televisiones, como la entrevista que un famoso presentador “del misterio” a un no menos famoso (al menos así se le identifica) Youtuber.

Llamativos titulares: “Aluvión de solicitudes de cambio de sexo”, para luego en el cuerpo del artículo referirse a que “una hora después de abrir la persiana ya ha recibido dos solicitudes para el cambio de sexo”. Si dos son aluvión para los conservadores, se entiende mucho mejor el intento fallido de investidura del señor Feijóo al que le apoyaban cuatro partidos, el doble de la cantidad de “aluvión”.

Todos estos mensajes, sin duda, han influido en la decisión del sargento. Si es tan fácil, cambio de sexo, y en seis mesecitos recupero mi virilidad perdida, ya con la divisa de subteniente en mi uniforme. Omiten en esos artículos dos aspectos fundamentales. El primero es la necesidad de que en la entrevista mantenida con el candidato o la candidata no haya elementos que puedan hacer sospechar que la solicitud se hace en fraude de ley para obtener beneficios personales sin querer cambiar de sexo realmente. La segunda es que si se acredita la comisión del fraude de ley, los efectos obtenidos se revierten y someten a la ley que realmente debió ampararlos.

Y ¿por qué considero que este estado de opinión ha influido en el sargento? Porque está demostrado (por los resultados de las elecciones en mesas en las que votan mayoría de militares) que entre ellos pesan las opiniones y las explicaciones conservadoras. Podemos atribuir este hecho a la pervivencia en las FAS de modos predemocráticos, ya que en las academias militares imparten clase militares muy cercanos a esas ideologías, y en los cuarteles perviven símbolos franquistas, se mantienen códigos de conducta autoritarios de la dictadura y se vinculan ejército y confesión religiosa católica con demasiada frecuencia.

Así lo señala el profesor Gómez Rosa en un reciente artículo de la revista Atenea. Vale la pena leerlo porque desde su doble perspectiva de profesor universitario y militar en la reserva sabe de lo que habla, rara avis en el panorama informativo y “opinativo” en el país: “la normalización de los símbolos franquistas en los cuarteles, el prolongado silencio impuesto sobre los militares republicanos, la represión de los militares demócratas, la conservación de los códigos culturales predemocráticos, el aire confesional de los actos oficiales, etc., todo ha contribuido a la consolidación de una situación paradójica: la indiscutible profesionalidad de las fuerzas armadas españolas, homologables con cualesquiera otras de los países occidentales, contrasta con actitudes persistentes de un legado tradicional poco acorde con la ética de la sociedad democrática.”

Pero esa explicación por sí misma, en mi opinión, mucho menos documentada que la del profesor, no es suficiente. Creo que debemos buscar asímismo razones sicológicas y sociológicas que nos ayuden a entender el porqué de este tipo de actuaciones fraudulentas. Que, por cierto, no se limitan a las FAS.

El ser humano tiende a no cambiar, a moverse en aquellos límites en los que las explicaciones le son cómodas y casi siempre le vienen dadas por personas de “autoridad” o por su entorno. Lo que ahora se conoce como “zona de confort”. El cambio, cualquier cambio, genera pulsiones y sensaciones que no siempre son aceptadas. El pensamiento conservador es un lenitivo que tiende a reforzar esos “marcos conocidos” y mostrarlos como realidades inmutables. De poco sirve poner al conservador frente a la evidencia histórica de que los cambios se imponen con el paso del tiempo.

El ser humano tiende a no cambiar, a moverse en aquellos límites en los que las explicaciones le son cómodas y casi siempre le vienen dadas por personas de “autoridad” o por su entorno. Lo que ahora se conoce como “zona de confort”

El conservadurismo tal y como lo conocemos puede decirse que nace con la Revolución Francesa, como una reacción de quienes pretenden un mantenimiento de valores tradicionales de la sociedad frente a los nuevos valores (libertad, igualdad, fraternidad) que defiende esa revolución. Como dice Herrero y Rodríguez de Miñón en su trabajo Tipología del pensamiento político Conservador, publicado en los Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de 2008, “El conservadurismo … es, desde sus orígenes, “reactivo”, genera “contraconceptos…””. Estamos lejos de un movimiento telúrico como la Revolución Francesa pero cada intento de avance social en España produce una reacción desmesurada en el mundo conservador, tendente a eliminarlo o frenarlo.

Un ejemplo de este tipo de reacción es la producida por nuestra propia Constitución, denostada en sus inicios por el pensamiento conservador hasta el punto de que sus representantes políticos dividieron su voto (cinco en contra, tres abstenciones y ocho a favor). Esos mismos conservadores son ahora los defensores a ultranza de nuestra Carta Magna. Han tenido que pasar más de cuarenta años para la “asunción” de las bondades constitucionales. Lucen ahora con orgullo el autocalificativo de “constitucionalistas”. Lo que allá por el final de la década de los 70 usaban como insulto.

Y por no centrarnos sólo en nuestro país, acudo a un momento científico de primera magnitud, el heliocentrismo, enunciado en 1582. Denostado por sus coetáneos y por el que Galileo sufrió cincuenta años después persecución religiosa y política, no fue plenamente aceptado por la sociedad conservadora hasta los albores del siglo XVIII. La iglesia, paradigma del conservadurismo en cuyo seno los cambios se abren paso muy lentamente, no sacó del índice de los libros prohibidos los estudios de Galileo hasta principios del siglo XIX, y no ha sido sino hasta el 30 de octubre de 1992 cuando se ha reconocido el error y “otorgado” el reconocimiento al pisano.

Los mensajes de la prensa y el mundo conservadores caen en terreno abonado entre los militares, al fértil sustrato cultivado con el adoctrinamiento (este sí) en la academia militar correspondiente y en cada una de las unidades mandadas por oficiales educados en esas academias. Y la sensación que transmiten esos oficiales es que ellos son los garantes últimos de España, sea eso lo que signifique para ellos. Nada bueno si pensamos que generales y coroneles que ostentaron mando en el ejército pensaban en fusilar a 26 millones de españoles para garantizar la pervivencia de esa España a que ellos se refieren.

En el ejército no ha calado aún esta España nueva, diferente, plurinacional, con valores morales y éticos muy diferentes a los que desde el mundo conservador se empeñan en mantener, aun a costa de frenar el desarrollo de España. Como dice el profesor Gómez Rosa en el artículo citado, no se ha producido completamente “la evolución de la ética profesional, desde su conformación en la doctrina del nacionalcatolicismo hasta la reforma democrática de la deontología militar”.

La responsabilidad de los líderes de opinión conservadores, políticos y periodistas especialmente, en esta interpretación errónea de los pasos adelante hacia una ética realmente democrática que está dando la sociedad española, es completa. Sobre todo, porque su oposición a estas medidas de progreso no les impide beneficiarse de ellas.

Todos conocemos casos de “aprovechamiento” de esas medidas, como matrimonios entre personas del mismo sexo o abortos de personajes públicos conservadores pese a la feroz resistencia a su implantación que, al menos de boquilla, mantenían esos líderes, que no han dudado en interponer, uno tras otro, recursos de inconstitucionalidad contra las mismas.

Y así lo ha considerado el sargento, que ha tratado de obtener de una forma “fácil” una ventaja que la ley, si bien no pensada para él, podía, según los líderes de opinión a los que sigue y respeta, concedérsela con gran facilidad y sin cesiones de ningún tipo. Los mensajes constantes desde el universo conservador al respecto causan estos efectos de intento de comisión de un fraude de ley.

Vendría bien un poco de responsabilidad social, más allá de los cambios que se consideren necesarios en la educación y adiestramiento de los futuros militares, por parte del mundo conservador, no creando, desde falacias sin contrastar, un clima de opinión contrario a cualquier avance o progreso que no case con su estrecha forma de entender España. Y no dirigir este tipo de mensajes a los militares y las fuerzas del orden con intenciones difícilmente explicables, pero tendentes a llamarles al “mantenimiento del orden” entendiendo como tal su propia visión del orden y no el orden democrático y plural que rige en España desde hace cincuenta años.

Porque, como no me canso de repetir, el militar no es sino un “ciudadano de uniforme” que, como ciudadano, tiene sus miedos y fobias sociales como todo el mundo, y que si se percibieran a sí mismos de esa forma, sería mucho más fácil eliminar algunos comportamientos muy poco democráticos, ya que se verían insertos completamente en una sociedad como la española que camina por una senda de equidad por más que algunos se empeñen en poner palos en las ruedas. Y no como miembros de una extraña “superestructura” garante de un inmovilismo nefasto para cualquier sociedad.

A finales de septiembre hemos conocido una sentencia sobre un asunto que, de no ser por la gravedad del mismo, no pasaría del anecdotario chusco de las muchas tonterías que rodean a la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, por mal nombre Ley Trans, ya que la ley acomete otros muchos aspectos relacionados con la libertad sexual. Pero para entendernos me referiré en este artículo a la Ley Trans. Esta Ley trata, entre otras cuestiones, de mejorar las condiciones de las personas “…cuya identidad sexual no se corresponde con el sexo asignado al nacer”, según el artículo 3.k de la misma.

El caso que dirimía la sentencia era la solicitud de inscripción de cambio de sexo por parte de un sargento del ejército del Aire. En la sentencia el juez señala que "no es posible deducir con suficiente certeza que la finalidad perseguida con su solicitud se acomode al objetivo perseguido por la ley" y continúa diciendo "se colige que va dirigida a la obtención de las consecuencias jurídicas que, para promover la igualdad a través de la discriminación positiva, esta y otras leyes establecen para las mujeres, o para las personas trans, sin que exista una voluntad real de expresión de género como mujer".