En 1974, la Unión Militar Democrática contactó con todos los dirigentes de la oposición al franquismo para darse a conocer y coordinar con ellos la mejor forma de traer la democracia a España. Durante la dictadura, los miembros de la UMD nunca pudieron sospechar que una vez recuperada la democracia iban a ser tratados por estas mismas personas como unos delincuentes, en el más estricto sentido de la palabra. Los militares que permanecieron fieles al Gobierno de la República el 18 de julio de 1936 tampoco recibieron un trato muy distinto al de la UMD.
Las represalias de los dirigentes políticos contra los militares antifranquistas comenzaron con la Ley de Amnistía,
cuyo artículo sexto dice así: “Respecto del personal militar al que se le hubiere impuesto, o pudiera imponérsele como consecuencia de causas pendientes, la pena accesoria de separación del servicio o pérdida de empleo, la amnistía determinará la extinción de las penas principales y el reconocimiento, en las condiciones más beneficiosas, de los derechos pasivos que les correspondan en su situación”.
El artículo excluye de la amnistía las penas de separación del servicio y pérdida de empleo, pero evita decirlo con claridad porque a los redactores de la ley les daba un poco de vergüenza esta discriminación y trataron de disimularla. Con esta extraña redacción parece que hacen un favor a los expulsados del Ejército al concederles derechos pasivos a los que ya habrían tenido acceso sin necesidad de mencionarlo en la Ley de Amnistía.
Este artículo sexto dedica una frase a perjudicar exclusivamente a otro capitán de la UMD y a mí. La frase es esta: “Respecto del personal militar al que se le hubiere impuesto, o pudiera imponérsele coma consecuencia de causas pendientes la pena accesoria de separación del servicio o pérdida de empleo…”. Los dos únicos militares con “causas pendientes” a los que se les pudiera imponer “la pena accesoria de separación del servicio”, éramos el capitán de Ingenieros Antonio Herreros Robles y yo. Los redactores de la Ley de Amnistía cayeron en la cuenta que si a Antonio Herreros y a mí nos archivaban la causa, en aplicación de la Ley de Amnistía, no íbamos a ser juzgados y por tanto seguiríamos en nuestros puestos en el Ejército. Introduciendo esa extraña frase en el artículo sexto, consiguieron que ambos militares demócratas fuésemos sometidos a consejo de guerra y separados del servicio, pero sin entrar en la cárcel. Yo fui expulsado del Ejército en enero de 1978, el mismo año de la Constitución.
Al quedarme sin empleo, traté de entrar como piloto en Iberia, donde ya tenía superadas las pruebas de acceso desde 1974, antes de que se supiera que era demócrata. Mi solicitud de ingreso se encontró con el veto de la mayoría de los comandantes de la compañía, que por aquel entonces provenían en su práctica totalidad del Ejército del Aire. La resistencia de los pilotos se impuso durante varios meses, a pesar de que me apoyaba el rey Juan Carlos, el presidente Suárez, Comisiones Obreras, los senadores de Entesa dels catalans, etc.
Por aquel entonces, el presidente de Iberia, Manuel de Prado y Colón de Carvajal, era senador por designación real y el grupo de Entesa dels Catalans le presionaba constantemente para que me levantara el veto impuesto por los comandantes. Dicho sea de paso, estos senadores tenían un desconocimiento absoluto de la situación político-militar, excepto el senador Felip Solé Sabarís, que sabía perfectamente el terreno que pisaba porque antes de pasarse ideológicamente al bando de los vencidos había sido piloto en el Ejército franquista durante la Guerra Civil y conocía perfectamente la mentalidad de los generales que dirigían el Ejército en aquellos difíciles momentos.
Meses más tarde, en octubre de 1978, Manuel de Prado convocó a la Comisión de Transportes del Senado y allí anunció mi ingreso en la compañía. A partir de entonces sufrí todo tipo de discriminaciones: volaba con tripulantes con los que nadie quería volar, trabajaba los días festivos, hacia los vuelos más incómodos en cuanto a destinos y horarios, etc. Así estuve hasta 1992, cuando por fin comencé a recibir un trato normal, salvo un episodio ocurrido en 2007, cuando teniendo un cargo de responsabilidad en la compañía, la Dirección de Operaciones me recriminó que mis “antecedentes políticos” eran la causa de la “venganza” que estaba aplicando contra un grupo de pilotos que actuaban en contra de los intereses de la empresa.
Mientras yo sufría este trato en Iberia, el centenar de militares de la UMD que continuaban en el Ejército fueron perseguidos con enorme saña, hasta el punto de que la mayoría optó por pasar a la reserva. Un ejemplo discriminatorio lo tenemos en lo sucedido con el recientemente fallecido coronel de Infantería de Marina, Miguel Bouza, que siendo el número uno para el ascenso a general, y contando con el beneplácito del Cuerpo de Infantería de Marina, fue vetado para el ascenso por los almirantes del Cuerpo General de la Armada con el beneplácito del ministro de Defensa, Narcís Serra. El motivo del veto fue, obviamente, que Bouza había pertenecido a la UMD.
Los nueve exmiembros de la UMD expulsados del Ejército continuamos siendo oficialmente unos delincuentes hasta enero de 1987, fecha en la que, finalmente, gracias a Alfonso Guerra y con la oposición de Narcís Serra, se nos concedió la amnistía y pudimos volver al Ejército, pero sin ocupar destino. A partir de la amnistía de 1987, el haber pertenecido a la UMD ya no era delito, pero sí un hecho reprobable. Yo pedí el pase a la reserva.
En el Ejército hay una condecoración, la Cruz de San Hermenegildo, que se concede a los 25 años de servicio si se ha tenido una conducta intachable. Los militares fieles a la República que el de 18 de julio de 1936 estaban en posesión de la Cruz de San Hermenegildo fueron desposeídos de ella, igual trato sufrieron los militares de la UMD. A fecha de hoy, a ninguno de los dos colectivos les ha sido devuelta la condecoración.
Al reingresar en el Ejército en 1987, borré de mi hoja de servicios cualquier anotación relacionada con la UMD, y cuando en 1988 cumplí los 25 años de estancia en el Ejército, solicité la Cruz de San Hermenegildo. La respuesta fue contundente, me abrieron un expediente gubernativo para ver si había faltado al honor militar durante mi actuación como portavoz de la UMD en el exilio, en 1975.
Me nombraron un juez, el coronel Sánchez Martín, asistido de un teniente coronel-secretario. El juez me recriminó que durante el exilio me hubiese reunido con Santiago Carrillo, Tierno Galván, Alfonso Guerra, etc. El juez parecía ignorar que Alfonso Guerra en esos momentos era vicepresidente del Gobierno y haberse reunido con él ya no podía ser un deshonor.
Después de varios interrogatorios sobre aspectos privados de mi vida, el juez consideró que había faltado al honor militar por haber condenado los últimos fusilamientos de Franco en la rueda de prensa que celebré en París el 13 de octubre de 1975 y que, por tanto, no era merecedor de la Cruz de San Hermenegildo. El antiguo Consejo Supremo de Justicia Militar ratificó la decisión del juez y me denegaron la medalla.
Juli Busquets, fundador de la UMD y entonces diputado del PSOE, se sintió más ofendido que yo y me consiguió una entrevista con el subsecretario de Defensa, Suárez Pertierra, que no mostró el menor interés por el caso. Ante la inhibición del Ministerio de Defensa, mandé una carta al presidente del Gobierno denunciando que en el expediente gubernativo no me habían permitido disponer de asistencia letrada. También le recordé a Felipe González que el Papa había condenado los fusilamientos de Franco y que todos los países de la Comunidad Europea habían retirado a sus embajadores en señal de protesta. La Moncloa presionó durante largo tiempo al antiguo Consejo de Justicia Militar para que diera su brazo a torcer pero no lo consiguió hasta 1990, fecha en que me concedieron la medalla. Este incidente sirvió para facilitar el cambio del antiguo Reglamento de la Orden de San Hermenegildo por otro nuevo más acorde con los tiempos.
En el 2006 tuve otro percance por haber pertenecido a la UMD. El Presidente de SENASA me ofreció un puesto para organizar la inspección de aviación civil en algunos países del Este pero yo decliné la invitación porque en esos momentos era jefe de Día de Iberia y no me interesaba cambiar de puesto. Tiempo después, cuando me retiré de Iberia le pregunté al mismo presidente de SENASA si seguía en pie su oferta, a lo que me contestó que sí. En aquellas fechas todos los inspectores de Aviación Civil eran antiguos oficiales del Ejército del Aire. Cuando se iba a materializar mi nombramiento, hubo oposición a mi candidatura por parte de algunos pilotos. El presidente de SENASA acudió a la Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, para que solucionara el conflicto, pero se plegó a los deseos de los nostálgicos y me denegó el cargo.
Otro incidente digno de mención ocurrió en 2010. El capitán de Navío de la Armada portuguesa y héroe del 25 de abril, Carlos Contreiras, nos aconsejó que solicitásemos una medalla para rehabilitar la memoria de la UMD. Trasladada la idea al JEMAD, el general del Aire Julio Rodríguez se lo propuso a la ministra de Defensa, Carme Chacón, y ésta aceptó conceder una medalla a los trece antiguos miembros de la UMD que habían estado procesados. En el acto de imposición de medallas, la ministra nos calificó de leales y valientes. A partir de este acto el haber pertenecido a la UMD se transformó oficialmente en un hecho honorable.
Estaba previsto, en esas mismas fechas, organizar un acto en la Base Aérea de Morón para conmemorar el sesenta aniversario de la llegada a la Base del primer reactor F-86, Sabre. Al evento estábamos invitados todos los pilotos que habíamos volado el F-86, incluido otro antiguo miembro de la UMD, Ruiz Cillero.
En vísperas de la ceremonia, recibí el siguiente e-mail: “Hola Domínguez. El organizador del evento Sabres de Morón me ha encargado que te diga que no te invitan a la reunión. Los recientes hechos muy aireados por el oportunista Gobierno socialista sobre la imposición de la medalla militar a algunos miembros de la UMD, además calificándoos de valientes; me imagino que sabrás que ha indignado a las Fuerzas Armadas. Cada caso en particular ahora tiene que apencar con lo que significa haberla aceptado. Como esta reunión de Morón, se pretende que sea informal, relajada y distendida, y como ya todos tienen muy claros los conceptos de lealtad y valentía, que no coinciden con los del Gobierno y con los que habéis recibido esa distinción; y para que no haya conflictos, la mayoría ha preferido que no vayas. La cantidad de dinero que has enviado se te devolverá”.
A las nueve de la mañana del día siguiente, me personé en el Ministerio de Defensa para hacerle llegar el correo electrónico a la ministra. Hice entrega de la misiva a un responsable del Ministerio que me recomendó calma y que me fuese a casa a la espera de lo que se decidiese.
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Al final de la mañana me llamaron los responsables del Ministerio de Defensa diciendo que habían decidido no decirle nada a la ministra porque si me defendía, los generales se iban a enfadar con ella, y si daba por buena la postura de los generales, el conflicto sería con los demócratas. También me advirtieron que estando en la reserva tenía limitada mi libertad de expresión y si acudía a la prensa sería sancionado. Ante esa actitud busqué otros cauces con mayor sensibilidad democrática y finalmente el jefe de la Base Aérea de Morón ordenó que el evento se celebrase con todos los invitados, o no se celebraría. Los organizadores decidieron suspender el acto y trasladarlo a Cuatro Vientos, sin que nos enterásemos los afectados.
Le conté a Gaspar Llamazares que a Ruiz Cillero y a mí nos habían excluido del acto de Cuatro Vientos y formuló una pregunta parlamentaria al Gobierno de Zapatero. La respuesta del Ministerio de Defensa fue dar la razón a los generales diciendo que estaban en su derecho de invitar a quien considerasen oportuno. El Gobierno consideró legítimo discriminar a dos ciudadanos militares por motivos ideológicos, por haber defendido la democracia durante el franquismo.
Esta relación de hechos trascienden del ámbito personal y reflejan las carencias de nuestra democracia, pero también demuestran que se puede reformar el sistema desde la legalidad y que, por tanto, es injustificable salirse de la ley, como han hecho algunos partidos catalanes.
En 1974, la Unión Militar Democrática contactó con todos los dirigentes de la oposición al franquismo para darse a conocer y coordinar con ellos la mejor forma de traer la democracia a España. Durante la dictadura, los miembros de la UMD nunca pudieron sospechar que una vez recuperada la democracia iban a ser tratados por estas mismas personas como unos delincuentes, en el más estricto sentido de la palabra. Los militares que permanecieron fieles al Gobierno de la República el 18 de julio de 1936 tampoco recibieron un trato muy distinto al de la UMD.