El fiscal jefe Anticorrupción es una persona con una dilatada experiencia profesional, así que no necesita el consejo de ningún humilde periodista. Pero es también sabido que a veces los dioses ciegan a algunos hombres y sería una pena que Alejandro Luzón no viese con nitidez la realidad que tiene ante sí.
Esa realidad se puede resumir en once palabras: la investigación más sencilla en la historia de la Fiscalía Anticorrupción.
Alejandro Luzón firmó este martes un decreto incoando unas diligencias de investigación relacionadas con un contrato adjudicado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con el que se lucró su hermano Tomás, el comisionista. Una investigación que asume el propio fiscal jefe. Es un asunto que puede resolver en cuestión de días, quizá horas.
Lo primero es preguntar a la Agencia Tributaria qué ingresos ha tenido Tomás Díaz Ayuso durante los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Es decir, en los dos años anteriores a que su hermana fuese elegida presidenta madrileña y en los tres ejercicios siguientes.
Si no se ha producido ningún incremento importante en sus ingresos, puede Luzón cerrar de forma inmediata la investigación. No habiendo un beneficio atípico, cabe deducir en buena lógica que tampoco pudo existir tráfico de influencias ni ningún otro delito.
Lo dicho, cuestión de horas. Se analizan cinco datos y, pum, archivado.
En cambio, si los datos fiscales mostrasen un aumento desmedido de los ingresos de Tomás justo en los dos últimos años, la investigación quizá tendría que prolongarse durante algunos días. Justo el tiempo que la Comunidad de Madrid tardase en responder al siguiente oficio enviado desde la Fiscalía Anticorrupción: “Indique qué contratos ha adjudicado el Gobierno a las empresas que se relacionan a continuación, desde 2019 hasta la fecha, señalando en cada caso importe, fecha y modalidad de contratación”. Y las empresas que se deben incluir en la relación son aquellas que, de acuerdo con los datos aportados por la Agencia Tributaria, hayan pagado en los dos últimos años a Tomás, el comisionista.
Si esto no es un caso para lucirse, que bajen los dioses y lo vean.
Pero mucho me temo que, si las casas de apuestas británicas aceptaran pronósticos sobre el resultado de la investigación, a día de hoy serían más altas las probabilidades de que los dioses cieguen a a Luzón, que las posibilidades de que Luzón deslumbre a los dioses.
Si las casas de apuestas británicas aceptaran pronósticos sobre el resultado de la investigación, a día de hoy serían más altas las probabilidades de que los dioses cieguen a Luzón, que las posibilidades de que Luzón deslumbre a los dioses
¿Y de dónde procede esa intuición? Pues del contenido del decreto y de los antecedentes de la Fiscalía Anticorrupción con Isabel, la hermana del comisionista.
En su decreto, Alejandro Luzón sostiene que las denuncias presentadas en la Fiscalía por los tres partidos madrileños de la oposición conforman un relato de hechos “que no constituyen indicios razonablemente verosímiles” de la existencia de delito alguno.
Umm, ya están ahí los dioses cegando. Que no digo yo que las tres denuncias no contengan una secuencia de hechos francamente mejorable, o que incluso no acierten a la hora de perfilar los presuntos delitos. Pero si a todo un señor fiscal jefe Anticorrupción no le saltan los indicios ante un hermano que cobra como comisionista de los contratos que adjudica el Gobierno de su hermana... Regular, tirando a malo.
Y luego están los antecedentes. En el verano de 2019, infoLibre publicó una enorme cantidad de datos y pruebas documentales sobre un presunto alzamiento de bienes en el que habrían participado y del que se habrían beneficiado Isabel y Tomás. Por hacer corto el relato: los padres de la presidenta madrileña le donaron a ella y a su hermano dos inmuebles el 7 de octubre de 2011, para evitar que dichos bienes fuesen embargados por Avalmadrid [puedes consultar aquí todas las informaciones desveladas por este periódico sobre el caso].
Es sin duda legítimo el debate sobre si ese posible delito existió o no, o si en caso de existir estaba prescrito o incluso si se podía considerar o no a los hermanos Isabel y Tomás autores del mismo. Seguro que se encuentran reputados juristas que ofrezcan respuestas diferentes a esas cuestiones.
Pero hay un asunto que está fuera de cualquier debate: la entonces número dos de la Fiscalía Anticorrupción, Belén Suárez Pantín, ordenó el archivo de la denuncia que había presentado Más Madrid con un decreto lleno de falsedades. Y esto no es ni una opinión, ni una interpretación jurídica. Ese decreto de archivo contenía mentiras escandalosas sobre hechos, mentiras flagrantes sobre asuntos fácticos (el lector que quiera conocer los detalles los puede encontrar en este artículo).
Aquí surgen dos posibilidades: o Belén Suárez Pantín dictó ese decreto con la aquiescencia de su jefe, o su jefe no sabía nada. En la primera hipótesis, Luzón sería cómplice de la actuación de su mano derecha; en la segunda, habría incumplido su obligación de destituirla de forma inmediata tras conocer la fechoría jurídica que había perpetrado.
Alejandro Luzón llegó a la Fiscalía Anticorrupción después de que su antecesor, Manuel Moix, arrastrase a la institución por el fango del desprestigio. Moix, el fiscal al que adoraban los principales corruptos amamantados por el régimen de Esperanza Aguirre, tuvo que dimitir después de que infoLibre descubriese que era copropietario de una empresa en Panamá.
La llegada de Luzón fue recibida con alborozo por sus compañeros. No solo por el pieza que se habían quitado de encima, sino porque el nuevo jefe venía avalado por una carrera notable, que en buena lógica debería terminar antes que tarde en el Tribunal Supremo.
El precedente del decreto Suárez es un borrón en ese expediente, pero ahora es cuando ha llegado el momento decisivo para Luzón. Tiene ante sí la investigación más sencilla en la historia de la Fiscalía Anticorrupción. Los dioses intentarán cegarlo para que dicte una detalladísima resolución con todo tipo de referencias jurídicas, pero sin la respuesta a esa pregunta clave: cuál ha sido la evolución de los ingresos de Tomás, el comisionista.
El prestigio de los hombres y los dioses no se hunde solo protegiendo a corruptos o montando empresas en Panamá, como hizo Moix. A veces se escapa por vías más ordinarias, como no enviar el único oficio que era realmente imprescindible.
El fiscal jefe Anticorrupción es una persona con una dilatada experiencia profesional, así que no necesita el consejo de ningún humilde periodista. Pero es también sabido que a veces los dioses ciegan a algunos hombres y sería una pena que Alejandro Luzón no viese con nitidez la realidad que tiene ante sí.