Ahora que tanto se discute sobre la desinformación, y se concentran los disparos en las redes sociales y en las noticias falsas divulgadas desde el anonimato con intereses políticos o económicos o simplemente malévolos detrás, no está de más advertir que una de las mayores debilidades democráticas es la desinformación protagonizada por los intermediarios institucionales, los dirigentes políticos y los medios de comunicación. No siempre esa acción de desinformar es tan evidente como la simple y llana mentira, sino que consiste muy a menudo en instalar una mirada parcial o distorsionada de la realidad para lograr unos efectos interesados o para desviar la atención de lo que alguien no quiere que los demás veamos.
Hay un ejemplo candente, que es lo ocurrido estos días con el inicio de la tramitación en el Congreso de los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Si atendemos a los titulares de un buen número de cabeceras en papel o digitales, y a la polémica política suscitada –no sólo desde la derecha sino también en algunos sectores del PSOE–, parecería que lo ocurrido consiste en que el Gobierno de coalición se ha echado en brazos del independentismo catalán y de “los asesinos de ETA”, una vez más con el objetivo de “romper España” y cambiar de régimen para instaurar “una república socialcomunista”.
Permítanme el ejercicio de resumir y ordenar lo ocurrido de esta otra manera:
1.- Por una amplísima mayoría parlamentaria (198 votos contra 150), han sido rechazadas las enmiendas de totalidad y el proyecto de Presupuestos se abre camino con un apoyo inicial que no se recordaba desde la primera legislatura de Felipe González. Para situarnos, conviene no olvidar que hace menos de dos años una derrota en esa misma votación provocó la convocatoria de elecciones anticipadas. La noticia más relevante sobre lo ocurrido este jueves es el hecho de que, si no se tuerce nada de lo acordado, es factible una legislatura “normal” dentro de la anormalidad que vivimos. Recordemos que desde 2015 no ha existido en España una legislatura de tres o cuatro años que permita la acción política necesaria para abordar y ejecutar proyectos, reformas, inversiones… para avanzar. ¿O ya hemos olvidado que los mismos que ahora se alarman sostenían que un país no puede vivir en permanente campaña electoral? ¿Se trataba de buscar la tan añorada “estabilidad política” o en realidad lo que algunos buscan es su propia estabilidad en el poder y se niegan a aceptar un gobierno de izquierdas salido de una mayoría en las urnas y en el Parlamento?
2.- El debate no se ha focalizado (como cabría esperar en la coyuntura que atravesamos) en la urgentísima necesidad de disponer de unas cuentas públicas capaces de afrontar los efectos de la mayor crisis de salud pública que se recuerda, en las herramientas imprescindibles para evitar una revuelta social ante el panorama de desempleo y pobreza que se avecina o en el mejor uso de esos 27.000 millones de los fondos europeos que ya se incluyen en estos Presupuestos. Parece que interesa mucho más instalar la idea de que ERC da su respaldo inicial a cambio de que el castellano no sea lengua vehicular en Cataluña y que Bildu aporta el suyo a cambio de que el Gobierno acerque presos etarras a Euskadi. En ningún caso se permite pensar en la cara que se les pondría a los votantes soberanistas catalanes o vascos si esos partidos rechazaran en mitad de la pandemia unas cuentas indispensables para salir de la crisis y pusieran la alfombra roja a unas nuevas elecciones en las que pudieran crecer las derechas.
3.- Aunque no tenga nada que ver con los Presupuestos, paralelamente se tramita la nueva Ley de Educación, en la que ERC introdujo una enmienda aceptada por PSOE y Unidas Podemos que retira la consideración del castellano como “lengua vehicular” en Cataluña. Se trata de una cuestión más simbólica que práctica, puesto que la enseñanza en Cataluña es en catalán desde hace décadas, el trato explícito de “vehicular” lo introdujo la Ley Wert pero no figuraba en la ley de educación de Zapatero, y por tanto el cambio en la realidad de la educación y del modelo de inmersión lingüística es exactamente ninguno. Convendría que de una vez se asumiera que el 40% de la población española vive en comunidades en las que se utilizan, además del castellano, otras lenguas que merecen protección y promoción, como exige la propia Constitución (artículo 3.3) y como ha advertido el Consejo Europeo a algún gobierno autonómico por incumplir la normativa sobre protección de lenguas minoritarias. En la nueva ley se garantiza tanto el uso del castellano como del catalán, pero ¿sería posible en algún momento empezar a interpretar la pluralidad lingüística como una riqueza del español y no como un campo de batalla política? En el permanente ejercicio de desinformación al que asistimos, cabe sospechar que cuanto más se alarme con la eternamente decretada muerte del español en Cataluña menos hablamos de la principal aportación de la llamada Ley Celáa: el fortalecimiento de la educación pública y el recorte de privilegios a la escuela concertada, que compite en desigualdad de condiciones con los colegios privados recibiendo recursos públicos y a la vez cobrando a las familias lo que no deben. Todo un suculento negocio para empresarios, constructores de colegios sobre suelo municipal gratuito y organizaciones religiosas que además de vivir del dinero público imponen idearios a menudo discriminatorios y de fomento de la desigualdad. Eso sí: tachan de “ideológica” la defensa de la educación pública y laica. Lo suyo no es “ideología”. Quizás sea simple enriquecimiento.
4.- Bildu ha aportado cinco de los 198 votos que han tumbado las enmiendas de totalidad. Conclusión extendida por las derechas y sus potentes altavoces mediáticos: el Gobierno se entrega a “los asesinos de ETA y sus herederos” y paga su apoyo trasladando a criminales presos a cárceles cercanas a Euskadi. En primer lugar convendría informarse un poco sobre lo que es hoy Bildu (ver y escuchar, por ejemplo, a José Antonio Zarzalejos, nada sospechoso de proetarra, espero). Y elevar un poco la mirada para admitir el éxito democrático de que una izquierda abertzale que durante muchos años amparó el terrorismo y obtenía escaños en el Congreso aunque no los ocupó hasta 1996 ha pasado no sólo a rechazar expresamente la violencia sino incluso a apoyar unos Presupuestos del Estado. Sobre traslados de etarras a cárceles del País Vasco, Navarra y provincias limítrofes, sólo unos datos oficiales: entre 1989 y 1996 (gobiernos de Felipe González) fueron trasladados 569; de 1996 a 2004 (gobiernos de Aznar) fueron trasladados 426; de 2004 a 2011 (gobiernos de Zapatero y proceso de paz que llevó al fin de ETA) fueron acercados 237; entre 2011 y 2018 (con Rajoy y con ETA disuelta) fueron trasladados 40 presos; y desde junio de 2018 hasta ahora (con Sánchez) han sido 72. Cada cual puede extraer conclusiones, teniendo en cuenta lo ocurrido en cada periodo, los años del plomo, los intentos de negociación, el número de asesinatos soportados, etcétera. Pero me parece más relevante el hecho de que los mismos que tanto elogian Patria, la magnífica novela de Fernando Aramburu y la serie basada en ella, sigan empeñados en utilizar la memoria y el dolor de las víctimas para criminalizar a un gobierno legítimo colocándole el apellido de “cómplice” de asesinos. Incapaces, por supuesto, de aceptar que a quienes se castiga con el alejamiento y la dispersión de presos es fundamentalmente a sus familias. (Lean lo que piensa y siente Gorka Landáburu, víctima directa de ETA, tan respetable al menos como cualquier otra).
5.- Es evidente que los dos socios que forman el Gobierno de coalición no tienen las mismas prioridades acerca de la mayoría idónea para lograr la aprobación del proyecto de Presupuestos. El PSOE y Sánchez (por no hablar de algunos barones territoriales cuyos discursos se han diferenciado muy poco de los del PP en los puntos citados anteriormente) prefieren un acuerdo “transversal” que incluya a Ciudadanos, aun sabiendo que los diez votos de Arrimadas no serían suficientes para lograr la mayoría necesaria, mientras que Unidas Podemos ha apostado desde el primer minuto por repetir “la mayoría de la investidura”, y el propio Iglesias se ha encargado de visibilizar sus gestiones para convencer a ERC y, sobre todo, a Bildu. Lo ocurrido esta semana, con la maquinaria de desinformación a toda potencia, hace más cercano un acuerdo con los grupos que arroparon en enero la formación de gobierno (no olvidemos al PNV) que la suma de los diez votos naranjas, rechazados por Podemos y por los independentistas con la misma contundencia con la que Arrimadas desprecia los suyos. Muy especialmente ante la presión desplegada desde dentro y desde fuera de Ciudadanos, con Albert Rivera enredando desde su bufete y colaborando con el PP para torpedear el giro centrista de Arrimadas. Una presión y unos protagonistas no tan diferentes a los que apearon a Pedro Sánchez en 2016 de la secretaría general del PSOE.
6.- Por último, ha mantenido Pablo Casado el discurso de “mano tendida” en el que insiste desde hace dos años, ahora con la repetición constante del supuesto giro “moderado”. Tiene una característica muy peculiar esa moderación y esa “mano tendida”: se ofrece apoyo al PSOE siempre que renuncie a su programa, aplique políticas del PP y, sobre todo y en primer lugar, expulse a Unidas Podemos del Gobierno (ver aquí la interesante crónica de Fernando Varela este mismo viernes). Todos conocemos manos tendidas un poquito más flexibles. Una vez más, en cualquier caso, cabe preguntarse dónde queda el “patriotismo” del PP: si tan seguro está de que estos Presupuestos suponen la ruptura de España, la cesión a ETA, la desaparición del castellano en Cataluña y la instauración de “un régimen bolivariano” quizás debería plantearse un apoyo alternativo a unas cuentas guiadas por la prioridad de combatir los efectos económico-sociales de la pandemia. Claro que, para ello, en primer lugar hay que admitir que el Gobierno es legítimo y democrático. Lo cual ya sería un giro demasiado brusco hacia la moderación.
Hemos señalado más de una vez en este Buzón de voz que vivimos un cambio de época, una profunda transformación social marcada por la revolución tecnológica. Hacía tiempo que el sistema precisaba un reseteo al que claramente se resisten distintos sectores reaccionarios o simplemente acomodados en una realidad ya superada. Hay nostálgicos del bipartidismo como hay nostálgicos de la Underwood. Y en esta transición entre lo que se fue y lo que está por llegar (ese "claroscuro en el que surgen los monstruos", como advertía Gramsci) estalló la pandemia. Lo importante se vuelve urgente, por mucho que un ecosistema de poder político-económico- mediático recurra a todos los instrumentos posibles, incluída la desinformación permanente, para impedir el cambio y las reformas necesarias para acercar la España institucional a la España real del siglo XXI. Los Presupuestos en marcha pueden ser un peldaño que precisaría el paraguas de un proyecto de largo alcance, capaz de superar los movimientos puramente tácticos de cada miembro de la coalición y de cada posible socio. Habrá vida después de la pandemia. Necesitamos motivos para confiar en que esa vida podría ser mejor.
P.D. Definición de "desinformación" en el Diccionario de la Real Academia: "1. Dar información intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines". "2. Dar información insuficiente u omitirla". Para más detalle y explicación ver aquí Desinformación: revisión de su significado. Del engaño a la falta de rigor, por José Manuel Rivas Troitiño.
Ahora que tanto se discute sobre la desinformación, y se concentran los disparos en las redes sociales y en las noticias falsas divulgadas desde el anonimato con intereses políticos o económicos o simplemente malévolos detrás, no está de más advertir que una de las mayores debilidades democráticas es la desinformación protagonizada por los intermediarios institucionales, los dirigentes políticos y los medios de comunicación. No siempre esa acción de desinformar es tan evidente como la simple y llana mentira, sino que consiste muy a menudo en instalar una mirada parcial o distorsionada de la realidad para lograr unos efectos interesados o para desviar la atención de lo que alguien no quiere que los demás veamos.