Feijóo y su peligrosa línea de puntos

Mientras el Congreso aprobaba por abrumadora mayoría la reforma constitucional que sustituye el ofensivo término “disminuidos” por el de “personas con discapacidad”, asistíamos al despliegue final de una estrategia de oposición del PP que lo sitúa en posiciones antisistema y de alto riesgo para la democracia. Feijóo camina por el mismo sendero iliberal que ya han recorrido Trump, Johnson, Orban, Bolsonaro o el tal Milei. No es una hipérbole. Basta seguir la línea de puntos que en el discurso del Partido Popular une al Gobierno de coalición, el Tribunal Constitucional y, por último, el Congreso de los Diputados.

Puede comprobarse que en ningún momento, desde la moción de censura de 2018, ha aceptado el Partido Popular, ni en la etapa de presidencia de Pablo Casado ni en la de Núñez Feijóo, la legitimidad del Gobierno primero del PSOE y después de coalición con Podemos o con Sumar. Lo ha expresado de múltiples formas y con diferentes grados de radicalidad, pero lo cierto es que para la dirigencia del PP, los sucesivos gobiernos progresistas en los últimos cinco años han sido “okupas” de un poder que al parecer corresponde a la derecha por una suerte de designación divina o herencia familiar. Quiso Feijóo hacer visible su desprecio al Ejecutivo (y Sánchez se lo permitió) al exigir que su última reunión a dos se celebrara en el Congreso y no en La Moncloa, como siempre se ha hecho en las citas entre el jefe de gobierno y el de la oposición. "Para usted la perra gorda" (ver aquí).

Despreciada la legitimidad de un Ejecutivo que no ha nacido por esporas, sino por el apoyo de una mayoría parlamentaria suficiente, el siguiente peldaño en la estrategia de la derecha ha sido deslegitimar al actual Tribunal Constitucional. Desde que está compuesto por una mayoría de signo progresista, sus decisiones están viciadas en opinión del PP. El TC era el Altísimo Tribunal de garantías cuando lo presidía un señor que había sido militante en las filas populares (ver aquí). Pese a esa letal apariencia de parcialidad y partidismo, no se produjo en ningún momento la deslegitimación total de la institución. Ahora, los dirigentes del PP y las portadas de la potente batería mediática conservadora hablan de “el TC de Conde Pumpido” y escupen sin complejos sobre sentencias que aún no se han dictado. Da igual el texto de la Proposición de ley de amnistía o las enmiendas que se aprueben: lo que el PP y sus altavoces intentan instalar es que será inconstitucional diga lo que diga el único órgano encargado jurídicamente en España de decirlo, que es el TC.

Esta semana Feijóo ha subido aún más la apuesta en su peligrosa estrategia: la soberanía nacional (¡qué más da lo que diga la sacrosanta Constitución!) ya no reside en el Congreso, puesto que este está “vendido” a minorías separatistas; ahora esa soberanía descansa en el Senado, salvaguardada, obviamente, por la mayoría absoluta del PP en la cámara alta. Por eso anuncia la convocatoria de al menos tres plenos al mes, con el objetivo de “contrarrestar la humillación en la cámara baja, donde las minorías mandan” (ver aquí). Es un disparate que en boca de cualquier dirigente político europeo sería de inmediato calificado de forma unánime como antidemocrático, antisistema, autoritario y populista. En lugar de animar a una reforma del Senado que lo convierta de una vez en la cámara de representación territorial que debería ser, Feijóo lanza el mensaje de que la soberanía se traslada allí donde el PP tenga una mayoría cómoda (sin alusión alguna, por cierto, al hecho de que en el Senado el partido más votado tiene una sobrerrepresentación que no obedece al número real de votos obtenidos).

Para la dirigencia del PP, los sucesivos gobiernos progresistas en los últimos cinco años han sido “okupas” de un poder que al parecer corresponde a la derecha por una suerte de designación divina o herencia familiar

De modo que apenas ha nacido la nueva legislatura y el principal partido de la oposición ha deslegitimado ya al Ejecutivo, al Tribunal Constitucional y al mismísimo Congreso de los Diputados. Raro que aún no se haya alineado con la ultraderecha para darle un meneo a la Corona por haber compartido con el Gobierno la defensa de la solución de los dos Estados (ver aquí).

No bromea Feijóo cuando dice que ejercerá una oposición “sin cuartel y sin descanso,”. El día de la votación de los tres decretos clave de este inicio de legislatura, tuvo decidido comparecer horas después para exigir elecciones anticipadas, convencido a mediodía de que el Gobierno no lograría sacarlos adelante. El fiasco (sólo difuminado por el rechazo de la reforma del subsidio de desempleo gracias a los votos de Podemos) ha acelerado aún más la estrategia antisistema. 

Los golpes de pecho y excesos de Junts en su pulso para anotarse medallas reivindicativas en su competencia electoral directa con ERC le vienen bien a Feijóo para seguir exprimiendo el discurso de la puesta en almoneda del Estado por parte de Sánchez para mantener el poder. Hace falta más transparencia en las conversaciones con el grupo de Puigdemont, y también mucho más esfuerzo explicativo sobre las verdades y mentiras de los contenidos acordados. El hecho de que sólo el 0,9% de los encuestados por el CIS citen de forma espontánea la amnistía como una de sus primeras preocupaciones (ver aquí) es un chute de calma para el Gobierno ante los tambores del alarmismo que tocan al unísono González, Page, Savater, Guerra o Cebrián, que ven en la proposición de ley el fin del Estado de derecho y de la democracia, pero no mueven una ceja ante las gravísimas evidencias sobre la inhibición judicial en la Operación Cataluña (ver aquí), el atropello desde el Supremo al retirar injustamente el acta de diputado a Alberto Rodríguez (ver aquí) o la disparatada instrucción del juez García Castellón, que introduce con calzador el delito de terrorismo cuatro años después de abrir el caso de los incidentes violentos en el aeropuerto del Prat (ver aquí).

La imagen de todo el Congreso (salvo Vox) aplaudiendo este jueves a los representantes de las asociaciones de personas con discapacidad es tan bienvenida y emotiva como engañosa. Demuestra que se puede (y se debe) llegar a acuerdos amplios y muy plurales sobre asuntos que benefician al conjunto de la ciudadanía o a minorías maltratadas. Pero no puede ocultar el hecho de que ese consenso es un paréntesis en el pulso entre quienes respetan la democracia y quienes la torpedean desde dentro.