La sacudida provocada por la Operación Lezo ha puesto en evidencia las profundas fallas de un sistema capaz de consentir durante al menos diez años un latrocinio de recursos públicos para engordar los bolsillos de unos cuantos políticos y para que el PP pudiera continuar financiando sus campañas en condiciones tan privilegiadas como ilegales frente a los demás partidos. Pero además estamos conociendo cada día nuevos datos que señalan un problema incluso más grave que el propio latrocinio: esas camarillas corruptas han contaminado instituciones clave para el funcionamiento democrático, desde influyentes medios de comunicación hasta los órganos encargados de impartir justicia.
La cosa viene de lejos (¡si algún día confesara sus pecados Federico Trillo!), pero baste como ejemplo la acumulación de motivos para exigir la destitución inmediata del Fiscal Jefe Anticorrupción, Manuel Moix, aun sabiendo que su caída debería consecuentemente arrastrar la del propio Fiscal General que lo nombró y la del ministro de Justicia Rafael Catalá, algo que cuesta mucho imaginar por una cuestión muy simple: sus mensajes de apoyo y cariño a un imputado son del estilo de los que el propio Mariano Rajoy envió a Bárcenas. Si entre los citados y el partido que los sustenta quedaran restos de dignidad democrática y de visión de futuro, tendrían que apartarse todos y abordar una verdadera refundación del PP.
Mientras se lo piensan (pocos), volvamos al caso de ese fiscal reconvertido en abogado defensor y alérgico a todo aquello que signifique tocar los avisperos de la corrupción. ¿Por qué no debería continuar ni un minuto en su puesto?
1.- Porque gracias a la Operación Lezo se confirma que nunca debió ser nombradoOperación Lezo. Hemos conocido que en verano de 2016 Ignacio González ya le contó a Eduardo Zaplana que creía que Moix, entonces fiscal superior de Madrid, sería el elegido nuevo Fiscal Jefe Anticorrupción, plaza vacante por jubilación del titular aunque pendiente de concurso. “Si sale es cojonudo”, dijo González con esa seguridad que siempre le ha caracterizado. Y lo dijo por tanto incluso antes de que se supiera que Consuelo Madrigal no continuaría como Fiscal General, precisamente porque se negaba a nombrar a Moix en Anticorrupción o a desituir al fiscal de Murcia que dirigía la investigación contra el todopoderoso entonces presidente autonómico Pedro Antonio Sánchez.
En noviembre se le da el finiquito a Madrigal por no aceptar las presiones políticas en esos y otros nombramientos y se designa Fiscal General al magistrado del Supremo José Manuel Maza, que reconoce públicamente ser “muy amigo” del ministro Catalá y también del titular de Interior, Juan Ignacio Zoido. Dos meses después, exactamente el 22 de enero, Manuel Moix se presenta para el puesto de Fiscal Jefe Anticorrupción junto a otros seis aspirantes, todos ellos con amplia experiencia en grandes casos de corrupción, desde Bankia, fondos reservados o las tarjetas black (Alejandro Luzón), a los papeles de Bárcenas (Antonio Romeral), el saqueo de Marbella (Belén Suárez) o el caso Púnica (María Teresa Gálvez)… Todos, excepto Moix, que era el único totalmente ajeno a esa Fiscalía Anticorrupción. Por cierto, la gran preocupación de Moix en sus 17 páginas de su Plan de Actuación no era la falta de recursos para indagar las tramas de corrupción sino más bien las intolerables “filtraciones” que a su juicio se producen sobre los asuntos investigados. Siempre en referencia a filtraciones a la prensa, por supuesto. De filtraciones a los propios investigados no hay mención.
El 21 de febrero de 2016, representantes de la Unión Progresista de Fiscales advirtieron en persona al propio Maza de la existencia de esa grabación a Ignacio González en la que se mencionaba a Moix. El Fiscal General respondió que tomaba nota y, al día siguiente, nombró a Manuel Moix para el puesto sin argumentar los motivos.
2.- Porque, tras dos años de investigación por parte de la UCO (Guardia Civil) y de meses de grabaciones y seguimientos, justo en vísperas de las detenciones ordenadas por el juez, Moix intentó evitar que los registros incluyeran la documentación que guarda el Canal de Isabel II sobre su filial latinoamericana Inassa. Los dos fiscales responsables del caso, Carlos Iáñez y Carmen García, se vieron obligados a invocar el artículo 27 del Estatuto Fiscal para reunir a la Junta de Fiscales, de cuyos 22 integrantes sólo uno se alineó con Moix, que tuvo que aceptar el registro señalado, aunque después consiguió imponer que no se acusara a Ignacio González de uno de los delitos que se le imputan: organización criminal. El juez Eloy Velasco, pese a ello, lo ha mantenido.
3.- Porque el señor Moix recibió en el año 2009 todos los datos de la trama de Ignacio González, familia y socios (presunta organización criminal) para lucrarse con la adjudicación del campo de golf en lo que iba a ser un parque público en el centro de Madrid. Como ha desvelado infoLibre este pasado martes, el entonces fiscal superior de Madrid no sólo rechazó la denuncia presentada por la asociación vecinal Parque Sí en Chamberí, que acusaba a González de prevaricación, malversación y tráfico de influencias, sino que en su escrito de archivo se permitía afirmar que no existía “la más leve sospecha” contra el entonces vicepresidente y mano derecha de Aguirre en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. En el auto de prisión dictado por el juez Velasco se mencionan todas las empresas y nombres propios que ya aparecían en la documentación que Moix consideró irrelevante.
Si el fiscal Moix simplemente hubiera reclamado a Hacienda en 2009 el modelo 347 de dos empresas, como solicitaban los denunciantes, hubiera conocido que la sociedad creada por la familia González había tenido ingresos de más de tres millones de euros. Con esa sencilla diligencia, Moix habría podido frenar entonces el latrocinio y nos habría ahorrado mucho dinero a los contribuyentes.
4.- Porque esa evidente obstaculización del trabajo de los investigadores se está viendo reproducida en otros casos, como el que afecta al ya expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. El señor Moix tiene previsto apartar al fiscal delegado Juan Pablo Lozano, que ha seguido desde el principio la pieza de la trama Púnica en Murcia, y que ha sufrido además algún extraño robo sin aclarar en su domicilio. Esa medida contradice además el argumento del propio Moix cuando decide apartar también a los fiscales que investigan la corrupción del 3% en Cataluña, con el argumento de que lo procedente es que los asuntos de un territorio los lleven los delegados en ese territorio. Murcia será una excepción, y los nuevos encargados de investigar el 3% van a tener que empezar de cero (como el propio Moix en sus conocimientos sobre Anticorrupción).
El Consejo Fiscal analiza este miércoles las decisiones de Moix en la Fiscalía Anticorrupción
5.- Porque en el historial de Moix como fiscal superior de Madrid figuran otras decisiones tan incomprensibles para cualquier ciudadano como controvertidas entre sus propios compañeros de toga. Fue Moix quien durante meses prohibió la utilización de los más de ochocientos correos electrónicos de Miguel Blesa con el argumento de que se violaría su intimidad. Gracias a la constancia periodística de algunos medios y a las iniciativas judiciales posteriores, se ha confirmado que los correos han sido pruebas imprescindibles en el caso ya juzgado de las tarjetas black o en los del caso Bankia o las preferentes tarjetas black, aún pendientes de juzgar. Moix era más partidario de perseguir a los medios que publicábamos unos correos que para nada afectaban a la intimidad de Blesa, sino más bien al bolsillo de los contribuyentes. Reaccionó Moix con prisa desde su fiscalía madrileña para pedir la puesta en libertad de Rodrigo Rato el día que fue detenido para registrar su casa y su oficina, como también fue diligente a la hora de solicitar el archivo del caso del espionaje que implicaba a responsables de la Comunidad de Madrid pilotada por el trío formado entonces por Aguirre, González y Granados.
Este mismo jueves, el ministro Catalá calificó de “anécdotas puntuales” todas las polémicas que envuelven a la Fiscalía General y al Fiscal Anticorrupción. Para él, se trata de “barbaridades que hacen un daño tremendo al conjunto de la sociedad y de nuestro sistema democrático, porque no hay nada peor que minar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones…” Es decir, que todo lo relatado es cosa de gente “antisistema” empeñada en ensuciar la imagen del Gobierno. Ya le ha dicho Rajoy a Catalá: “Estas cosas pasan”.
Uno por uno, de forma aislada, cualquiera de los motivos citados debería bastar para que Manuel Moix no continuara un minuto al frente de la Fiscalía Anticorrupción. Y de ahí para arriba, convendría empezar a identificar con nombres y apellidos quiénes son los verdaderos “antisistema”, los que destrozan la confianza de la ciudadanía en la democracia y sus órganos de control. De momento, sabemos que decenas de miles de lectores de infoLibre discrepan del presidente y del ministro, y exigen con sus firmas que el señor Moix sea destituido con urgencia. Por el bien del sistema.
La sacudida provocada por la Operación Lezo ha puesto en evidencia las profundas fallas de un sistema capaz de consentir durante al menos diez años un latrocinio de recursos públicos para engordar los bolsillos de unos cuantos políticos y para que el PP pudiera continuar financiando sus campañas en condiciones tan privilegiadas como ilegales frente a los demás partidos. Pero además estamos conociendo cada día nuevos datos que señalan un problema incluso más grave que el propio latrocinio: esas camarillas corruptas han contaminado instituciones clave para el funcionamiento democrático, desde influyentes medios de comunicación hasta los órganos encargados de impartir justicia.