El Consejo Fiscal analiza este miércoles las decisiones de Moix en la Fiscalía Anticorrupción

El Consejo Fiscal tiene previsto reunirse este miércoles y el jueves y previsiblemente analizará la situación surgida tras las polémicas decisiones adoptadas por el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, en relación con la Operación Lezo y el relevo de los fiscales del caso del 3% por comisiones ilegales de Convergencia, señalaron a Europa Press fuentes fiscales. El análisis de estas circunstancias será introducido en el debate en el turno de ruegos y preguntas por los vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Este órgano consultivo fue convocado de forma ordinaria y su orden del día incluye hasta 19 asuntos, la mayoría de carácter administrativo y de ordenación de la carrera que están pendientes debido a que el Consejo anterior se destinó en exclusiva a los nombramientos propuestos por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

Uno de estos puntos, sin embargo, sí tiene que ver con las últimas discrepancias surgidas entre algunos de los fiscales Anticorrupción y su superior, concretamente el expediente gubernativo de solicitud de amparo de los fiscales José Grinda, Fernando Bermejo y Juan José Rosa. Estos tres fiscales pidieron amparo después de que Moix haya tramitado una queja presentada contra ellos por uno de los investigados por el caso Emperador que les acusa de coacciones y amenazas.

Sustitución en el 'caso del 3%'

Otro punto del orden del día del Consejo Fiscal trata el relevo de Grinda y Bermejo como fiscales del caso del 3%. La propuesta de Moix es sustituirles por otros dos fiscales del departamento Anticorrupción que tienen sus despachos en Barcelona, Fernando Maldonado –que lleva también los casos Caixa Catalunya e ITV– y Teresa Duerto. Esta última es la que sustituyó en su día a Bermejo cuando éste fue trasladado a la sede de la Fiscalía en Madrid.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, la decisión de Moix estaría dirigida a evitar que estos fiscales invoquen el artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal por estar en desacuerdo con alguna directriz de su superior, el fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix, en el marco de la investigación judicial por este asunto. Según la explicación oficial, sin embargo, la sustitución persigue "que los fiscales delegados de la Anticorrupción asuman los casos de su territorio y los de la Fiscalía especial puedan ocuparse de los asuntos de Madrid".

Las discrepancias entre los dos fiscales sustituidos y su jefe se encontrarían en el papel que la acusación pública tiene que atribuir en este asunto al exconseller de Justicia y exsecretario de Govern, Germà Gordó, que según la postura de los fiscales que hasta ahora han llevado esta investigación era "el conseguidor o el recaudador" de presuntas comisiones ilegales pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obras públicas.

El cambio, según anunció la propia Fiscalía General del Estado en un comunicado oficial, "no supone modificación alguna en la línea que ha mantenido la Fiscalía en cada uno de los procedimientos y facilitará la asistencia a la práctica de diligencias".

El estallido de 'Lezo'

Aunque no está incluido en el orden del día, la situación generada en Anticorrupción tras Operación Lezo llegará al próximo Consejo Fiscal previsiblemente en el turno de ruegos y preguntas de manos de los vocales de UPF, confirmaron a Europa Press fuentes de esta asociación.

Este jueves se conoció que uno de los fiscales del caso, Carlos Iañez, no tiene previsto renunciar en la causa en la que, junto a su compañera en Anticorrupción Carmen García Cerdá, investiga en el Juzgado Central de Instrucción número 6 los delitos de corrupción derivados de la denominada Operación Lezo. Retomará las pesquisas coincidiendo precisamente con el Consejo Fiscal la próxima semana, tras finalizar unos días de descanso.

La polémica en este caso se ha producido tras trascender públicamente la existencia del enfrentamiento entre Iañez y su superior Manuel Moix en relación con la práctica de determinadas diligencias en el caso en el que la Audiencia Nacional mantiene en en prisión preventiva, entre otros, al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

Dichas discrepancias, respecto de determinados registros vinculados a operaciones de la empresa Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa) –filial del Canal de Isabel II– provocaron que este fiscal, que no tiene plaza fija en Anticorrupción y ejerce en comisión de servicios, amenazara con apartarse del procedimiento, añaden las mismas fuentes.

Sin embargo, su criterio se vio respaldado de forma mayoritaria por el resto de sus compañeros la junta que se celebró el pasado martes –forzada tras invocar Iañez y su compañera el artículo 27 de Estatuto Fiscal– y por esta razón ya no entra en sus planes abandonar el caso siempre que no sea relevado por sus superiores.

Lo ocurrido con Iañez obligó también a la Fiscalía Anticorrupción a emitir un comunicado oficial en el que aclaraba que su renovación se produjo "a petición del Fiscal Jefe" Anticorrupción, Manuel Moix, y "ha sido aprobada por la Fiscalía General del Estado".

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El comunicado se difundió después de la aparición de informaciones en varios medios de comunicación que apuntaban al posible cese de este fiscal en el caso que instruye el juez Eloy Velasco, ante lo que la Fiscalía Anticorrupción aclaró que "no ha cesado a Carlos Iañez, fiscal encargado de la llamada operación Lezo, ni tampoco le ha apartado de esta investigación".

"De hecho, el propio fiscal Jefe ha solicitado recientemente la renovación de su plaza en comisión de servicios en esta fiscalía, renovación que ha sido aprobada por la fiscalía General del Estado", añadía el comunicado de Anticorrupción.

Por su parte la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que no tiene a ningún fiscal sentado en el Consejo, solicitó que en la próxima reunión del Consejo Fiscal se valore la actuación del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, en relación con las órdenes dadas a los fiscales de la Operación Lezo, "por si la misma no ha sido correcta y en consecuencia, dada su gravedad pueda ser valorado su cese o remoción".