No les había dado tiempo a hojear siquiera las 28 páginas del denominado Plan de Acción por la Democracia (ver aquí). Mucho menos a masticar un poquito las medidas propuestas por el Gobierno, su coherencia con la normativa europea, su complejidad legislativa, su base constitucional… ¡Qué más da! Pocos minutos después del anuncio del Consejo de Ministros de este martes ya había dirigentes del PP que hablaban de “degeneración democrática” y tertulianos que denunciaban la implantación de “una lista oficial de medios buenos y malos” y “un atropello a la libertad de expresión”.
Qué tendrán que ocultar para ponerse tan nerviosos por la simple creación de un “registro de medios de comunicación en el que se disponga de información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben”.
Por qué se enfadan tanto ante una reforma de la Ley de Publicidad Institucional que introduzca “criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación”, o que establezca “límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios impulsados por o dependientes de administraciones públicas”.
Cómo demonios (me pregunto) puede afectar a la libertad de expresión que se impulse una “ley de secreto profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de fuentes”. O la revisión del marco regulatorio “para garantizar el pluralismo evitando la concentración de los medios de comunicación”.
A quién molesta que se apele a una “auto-regulación de los Medios y Plataformas digitales en el marco del Código de buenas prácticas a nivel europeo”. (Esperemos sentados a la eternamente reclamada “auto-regulación de la propia industria”. ¿Qué industria periodística tiene España que es incapaz de crear un órgano independiente que sancione los clamorosos atropellos a las mínimas reglas que distinguen a un periodismo decente?).
Quién se opone a reformar el Código Penal para acabar con el disparate medieval de seguir considerando delitos las “ofensas a los sentimientos religiosos” o las “injurias a la corona…”
El Plan no es revolucionario. Es una base prudente para elevar los niveles de transparencia de las administraciones y para introducir un chute de credibilidad a un ecosistema informativo en estado comatoso
¿Aún queda alguien (en serio) que se oponga a hacer obligatorio el debate anual sobre el estado de la nación o la celebración de debates electorales? ¿Tanto trastorna a las grandes empresas demoscópicas hacer públicos los microdatos de sus encuestas electorales, como ya lo hacen el CIS o 40dB? (Ver aquí)
Por resumir: el Plan de Acción por la Democracia anunciado por el Gobierno para ser ejecutado desde hoy hasta 2027 no es revolucionario. Es una base prudente para elevar los niveles de transparencia de las administraciones y para introducir un chute de credibilidad a un ecosistema informativo en estado comatoso. Las principales medidas referidas a los medios son una aplicación (obligada además) del Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación aprobado por el Parlamento de Estrasburgo (con el apoyo, por cierto, del mismo Partido Popular que para España lo considera una “degeneración democrática”).
No es tan difícil. Las principales exigencias de ese Reglamento (ver aquí) sobre transparencia acerca de la propiedad y los ingresos de un medio informativo son (disculpen la cuña) las que cumple cada año infoLibre desde su fundación (ver aquí). No extraña que haya medios y periodistas que entran en fibrilación ante la posibilidad de que se conozca la dependencia de sus ingresos: hay cabeceras que no existirían sin el grifo de dinero público que abren a su antojo y con opacidad los gobiernos de comunidades autónomas y ayuntamientos. Y cada vez que, salvando numerosos escollos, se conocen datos oficiales sobre esa dependencia, reparten insultos y difamaciones sin cuento, intentando instalar que todos somos iguales. ¿Qué les preocupa ante una reforma de la ley orgánica que regula el derecho de rectificación para “mejorar el sistema de instar y lograr la rectificación de noticias falsas o abiertamente tendenciosas, con indemnizaciones y plazos adecuados”? Curiosamente, se enfadan muchísimo los mismos que jamás han rectificado sus bulos sobre los atentados del 11-M, con los que multiplicaron audiencias, hicieron negocio y aún hoy siguen dando lecciones sobre rigor periodístico y libertad de expresión.
No nos engañemos. Este Plan es sólo el principio de un camino para la regeneración democrática. Muchas de las medidas incluidas necesitan sumar mayorías parlamentarias en un Congreso muy fragmentado. Se abre un debate que, como siempre, combinará el griterío con propuestas interesadas e interesantes, y a menudo costará distinguirlas. Habrá que vigilar la aplicación y las tentaciones de utilizar en beneficio propio desde el poder palancas ideadas en beneficio del interés común. Pero insisto: ¿Por qué les molesta tanto defender la democracia?
P.D. A este Plan de Acción por la Democracia le falta una pata importante: la democratización del Poder Judicial. Sí, lo sabemos: si ya se acusa al Gobierno de coalición de imponer una “dictadura chavista” por aplicar una legislación europea para luchar contra la desinformación, ¿qué dirían si se planteara la reforma profunda de un poder judicial instalado en la endogamia y en una mentalidad alejada de la sociedad del siglo XXI? Pues también lo sabemos: la hipérbole no sería mucho mayor. Hubo avances en el último acuerdo para desbloquear el CGPJ, pero también falta mucho camino. Veremos.
No les había dado tiempo a hojear siquiera las 28 páginas del denominado Plan de Acción por la Democracia (ver aquí). Mucho menos a masticar un poquito las medidas propuestas por el Gobierno, su coherencia con la normativa europea, su complejidad legislativa, su base constitucional… ¡Qué más da! Pocos minutos después del anuncio del Consejo de Ministros de este martes ya había dirigentes del PP que hablaban de “degeneración democrática” y tertulianos que denunciaban la implantación de “una lista oficial de medios buenos y malos” y “un atropello a la libertad de expresión”.