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Las decisiones del nuevo CGPJ muestran que el empate pactado entre PP y PSOE favorece a la derecha

Un máster en decencia

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Gritamos tanto que es imposible escucharnos. Concluye una de esas semanas que simbolizan con bastante exactitud estos tiempos de ruido y de furia en los que cuesta mucho distinguir lo relevante de lo accesorio, la anécdota de la categoría, al pícaro del ladrón de cuello blanco. Pero tenemos la obligación de no dejarnos llevar por el tumulto. Sin acritud, aquí van unos apuntes escritos más como ciudadano perplejo que como periodista.

 

  • Es justo, necesario e higiénico en términos de calidad democrática denunciar cualquier asomo de favoritismo político. La dimisión de Carmen Montón era obligatoria desde el momento en que se documentaron irregularidades cometidas en su beneficio por el chiringuito expendedor de títulos dirigido por el ínclito Enrique Álvarez Conde en la Universidad Rey Juan Carlos. Sólo renunció la ministra tras conocerse que, además, había plagiado parte de su Trabajo Fin de Máster (TFM). Un mazazo para Pedro Sánchez, que la defendió más allá de lo defendible, y una segura alegría para el emporio de intereses político-empresariales del negocio sanitario, para el que Montón (con o sin máster) era un dolor de cabeza. Lo saben muy bien los adalides privatizadores del llamado modelo Alzira, imitado por el PP en Madrid y recuperado para el sistema público por Montón en Valencia.

 

  • Tras la segunda dimisión en tres meses en el Gobierno de Sánchez, habría resultado lógico que de inmediato la exigencia de responsabilidades se trasladara a Pablo Casado, flamante presidente del PP que se niega a hacer públicos los supuestos trabajos con los que obtuvo un máster en el mismo chiringuito al que acudió Montón. A estas alturas, y a la espera de que la Fiscalía del Tribunal Supremo se pronuncie sobre la conveniencia de investigar el caso del aforado Casado, las evidencias de que también obtuvo un trato de favor son abundantes, y su secretismo multiplica las sospechas.

 

  • Pese a la dura competencia por el voto conservador entre Casado y Albert Rivera, es obvio que este último prefiere hacer daño a toda costa a Pedro Sánchez, y por eso se encargó de situar todos los focos en el presidente del Gobierno insinuando en el Congreso que plagió su tesis doctoral. Ni él aportó pruebas ni lo son los artículos del diario Abc que contienen una acusación directa y contundente. Tardó de nuevo Sánchez en reaccionar de la única forma que en democracia cabe hacerlo ante cualquier intento de confundir a la opinión pública: con transparencia. Ya era accesible la tesis si un periodista o un estudiante quería hojearla en la Universidad Camilo José Cela. Desde la mañana de este viernes, todo el mundo puede leerla en internet (pinche aquí quien le interese), y someter el texto a cualquier prueba ‘antiplagio’.

 

  • Hágase la luz, pero también para los trabajos de Casado, y para el propio Albert Rivera, que en algún momento debería explicar los sorprendentes vaivenes de su currículum, en el que unas veces ha figurado como doctor en Derecho Constitucional y otras como doctorando, para finalmente reconocer este mismo viernes a través de un comunicado del partido que no está preparando tesis alguna, por lo cual no es ‘doctorando’ si atendemos a la definición de la RAE.

 

  • Se han dicho y escrito demasiados disparates. Se confunde el plagio con la autocita o los errores en algún entrecomillado con la “estafa intelectual”. Se utiliza la referencia de la dimisión de un ministro alemán acusado de plagio en su tesis, sin especificar que, efectivamente, el susodicho había copiado a otros literalmente 70 de las 475 páginas de su trabajo. De repente das una patada y aparecen doscientos especialistas en tesis doctorales, tribunales universitarios, programas informáticos de búsqueda de plagios, exigencias para cursar un máster…

Casi el 90% de los españoles creen que Pablo Casado debería hacer públicos sus trabajos de máster, según laSexta

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  • Asistimos a un enorme ejercicio de hipocresía. Desde el punto de vista político, lo trascendente es si los elegidos nos dicen la verdad o nos mienten, se trate de lo que se trate, incluyendo su currículum universitario. No es mejor político quien más estudios o másteres tiene, sino quien más honestamente se dedica al servicio público. Desgraciadamente, no existe un máster en decencia, aunque para eso servían y deberían seguir sirviendo las tan denostadas Humanidades, para cultivar el conocimiento crítico y un comportamiento ético.

 

  •  Y esa hipocresía se agiganta además fuera de la política. ¿Acaso los propios periodistas nos libramos de la picaresca en torno a los currículum de los que presumimos? ¿Cuántos ilustres tertulianos, escritores, profesores, opinadores de todo tipo se han adjudicado títulos y carreras que no tenían? ¿Con qué autoridad hablan de plagio medios y periodistas que a menudo fusilan la información de otro medio sin citar la procedencia? ¿Acaso no es esa la forma de plagio más extendida? Este es probablemente el único país del mundo en el que una periodista o una escritora son sorprendidas con obras claramente plagiadas y en lugar de ver truncadas sus carreras no sólo las mantienen sino que ven acrecentado su éxito.

Si escuchamos las voces más dignas de la comunidad universitaria deberíamos empezar a ocuparnos mucho más de lo importante. De la mercantilización de la universidad. De esa titulitis alentada por el modelo Bolonia en la que no se da valor a lo que se aprende sino a los títulos acumulados (y pagados). De unas estructuras universitarias en las que se imponen la endogamia, el nepotismo, los amiguismos… Donde el tribunal de una tesis doctoral se elige entre el director o directora de la tesis y el propio doctorando, con la connivencia habitualmente unánime del departamento respectivo ("hoy por ti, mañana por mí"). Donde cuesta mucho encontrar tesis doctorales no calificadas con sobresaliente cum laude. Donde los controles de calidad de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) se limitan al rellenado de impresos casi automático, sin filtros eficaces que detecten irregularidades tan clamorosas y duraderas como las protagonizadas por ese siniestro Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos. Habrá más chiringuitos como el de Álvarez Conde en universidades públicas. Pero se trata, antes que nada, de negocios, así que vayamos haciéndonos una idea de los chiringuitos que funcionan en las universidades privadas.

Gritamos tanto que es imposible escucharnos. Concluye una de esas semanas que simbolizan con bastante exactitud estos tiempos de ruido y de furia en los que cuesta mucho distinguir lo relevante de lo accesorio, la anécdota de la categoría, al pícaro del ladrón de cuello blanco. Pero tenemos la obligación de no dejarnos llevar por el tumulto. Sin acritud, aquí van unos apuntes escritos más como ciudadano perplejo que como periodista.

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