Entre los múltiples incendios que van ahumando el inicio de legislatura, el más preocupante en mi opinión es el que protagoniza el Poder Judicial, no sólo el de la propia cúpula institucional del mismo —caducada desde hace cinco años largos— sino el de magistrados y tribunales concretos que administran causas de contenido netamente político.
Asistimos cada media hora a una queja/protesta/comunicado que desde el ámbito judicial denuncia supuestas injerencias protagonizadas por los poderes ejecutivo o legislativo. Se refieren fundamentalmente a una ley de amnistía aún no aprobada, a un acuerdo firmado entre dos partidos políticos (PSOE y Junts) y a declaraciones públicas de dirigentes independentistas. Sorprende en primer lugar que hayan sido mucho más sonoras y alarmantes las críticas previas al conocimiento del texto de la proposición de ley que las escuchadas y leídas sobre la letra concreta de las 23 páginas de la misma (ver aquí). En cuanto al acuerdo PSOE-Junts, enorme carajal se ha organizado por el desafortunado párrafo que menciona la existencia de “situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política” (ver aquí). Por último, la portavoz de Junts en el Congreso ha tenido la ocurrencia-desahogo de poner nombres y apellidos a ese presunto lawfare (ver aquí).
Quienes tenemos edad para recordar, por ejemplo, cómo vivimos hace cincuenta años el asesinato de Carrero Blanco, también vemos en el retrovisor de la memoria otros nombres del ámbito judicial: Barbero, Manglano, Bacigalupo, Gómez Bermúdez, Garzón, Pedraz, De Prada, Ruz… Ya les habría gustado a cualquiera de ellos que el Consejo del Poder Judicial y todas las asociaciones corporativas hubieran saltado al unísono para defender su independencia, el rigor de sus actuaciones y la indecencia de los ataques que recibieron desde poderes mediáticos, políticos y económicos. En esa lista (abierta a añadidos de cualquier lector atento) habría que incluir también a fiscales de distintas áreas perseguidos hasta el acoso personal, familiar y, por supuesto, profesional, como Ignacio Stampa, Carlos Castresana, Dolores Delgado… ¿Dónde coño (con perdón) estaban el CGPJ y las asociaciones mayoritarias del gremio (a excepción de Jueces para la Democracia y la asociación de fiscales progresistas) para defender con tanto ímpetu e hipérbole la autonomía de su labor y denunciar las clamorosas presiones que soportaban?
Cierto que cuando se procesaban los crímenes del GAL, el caso Naseiro o los atentados del 11-M no existían las redes sociales. La inmediatez y el eco que alcanzaban las presiones, las tesis conspiranóicas o las artimañas político-jurídicas eran limitadas, se producían más entre bambalinas. Pero eran, existían, dilapidaban carreras y ensuciaban currículums. La cuestión es que uno no recuerda la demostración de una hípersensibilidad tan acusada como la que ahora expresan el sector conservador dominante en un CGPJ caducado desde hace cinco años o asociaciones profesionales mayoritarias en el ámbito judicial.
Lo indignante es que el propio Consejo del Poder Judicial no haya abierto expedientes a unos cuantos jueces que han mantenido durante años en sus juzgados causas abiertas sin el menor fundamento
Dicho de otra forma: motivos han sobrado desde hace años para que jueces y fiscales expresaran la necesidad de que no se invadiera su sagrado y democrático territorio. Nunca lo han hecho con tan alarmante contundencia hasta que las urnas han decidido renovar la mayoría parlamentaria de una coalición progresista apoyada desde nacionalismos periféricos. Se diría que la simple mención del término lawfare tocara mente, corazón y/o bolsillos de los togados. Y quizás convenga en este punto ser absolutamente claros: llámenlo lawfare, judicialización de la política o utilización política de la justicia, pero haberlo, haylo. Sugiero algunas lecturas: aquí, o aquí, o aquí… Pero basta con citar que se han abierto más de veinte causas judiciales contra Podemos y sus dirigentes durante los últimos años y todas ellas han quedado en nada de nada de nada, como acaba de ocurrir también con Ada Colau (ver aquí). Eso sí, sería hipócrita y falsario limitar la responsabilidad (que la tienen) a los jueces que han instruido casos tan delirantes como el basado en el informe PISA, el Neurona, etc. No existe eficacia alguna en la práctica del lawfare desde la justicia si no hay acompañamiento y amplificación en el ámbito mediático. ¿Alguien conoce a alguien (que diría Gila) que haya visto estos días rectificación alguna en los medios que vomitaron portadas y portadas basadas en las falsedades llevadas a los juzgados y una tras otra archivadas cuando ya no había más remedio que hacerlo? No. Apunten: OkDiario, El Mundo, La Razón, ABC, The Objective, Atresmedia, Telecinco, LaSexta… ¿No merece un minuto de información y debate el hecho de que el asunto que ocupó portadas y horas de discusión acalorada se demuestre meridianamente falso? Compruébenlo. No exagero.
En democracia no vale actuar con la piel tan fina. Llega Miriam Nogueras con su brocha gorda y mete en una misma coctelera nombres y apellidos diversos y facilita así la indignadísima reacción del poder judicial, cuyas voces no distinguen entre Gobierno y socios de investidura, siguiendo sin complejos la hoja de ruta del PP y Vox: Gobierno rendido al independentismo y dispuesto a la abdicación del Estado de derecho con tal de mantenerse en el poder. Bien. El separatismo catalán se dirige a sus filas, y no desperdicia oportunidad alguna para darse golpes de pecho y presumir de que marca la agenda y hoja de ruta del Gobierno de coalición. Este último actúa como pato cojo, con una mano atada a la espalda o un esparadrapo en la boca para no responder a los excesos de sus socios (imprescindibles) de gobierno. No resulta fácil de gestionar, pero quizás convenga de vez en cuando que Sánchez ponga pie en pared: todo acuerdo exige lealtad más allá de los intereses legítimos de las partes. La amnistía se admite porque es justa y necesaria para centenares de ciudadanas y ciudadanos catalanes víctimas precisamente de la judicialización de la política, no porque el señor Puigdemont sea el héroe del independentismo catalán desde 1714 hasta hoy. Una cosa es que el Gobierno de coalición progresista apueste por una España plurinacional en la que caben identidades múltiples y otra muy diferente es que los representantes de esas identidades pongan cada cuarto de hora contra la pared a quienes sufren un permanente desgaste precisamente por defender la legitimidad de esas reivindicaciones en una apuesta por la convivencia sin desbordamientos de la legalidad. Como diría Rafael Azcona, “en la vida se puede ser de todo menos pesado”. Y créanme, con todo mi respeto, a menudo hay voces de cualquiera de los nacionalismos en disputa (el español o el catalán) que resultan muy pesadas, y por tanto antipáticas, excluyentes. Háganselo (hagámonoslo) mirar.
Concluyo: por supuesto que en este país existe la práctica del lawfare, la judicialización de la política o, más precisamente, la utilización de la justicia para fines políticos. “¡¡¡Qué escándalo. He descubierto que aquí se juega” (disculpen el tópico de Casablanca). Lo preocupante es que desde el ámbito judicial (eminentemente conservador) se reaccione con la misma hipocresía que el comisario Renault. Lo indignante es que el propio Consejo del Poder Judicial no haya abierto expedientes informativos o de investigación a unos cuantos jueces que han mantenido durante años en sus juzgados causas abiertas sin el menor fundamento, alimentando centenares de portadas y debates televisados sobre presuntos delitos inexistentes, siempre dirigidos contra dirigentes de la izquierda política, y concretamente contra Podemos.
Ojalá a raíz de esta estrategia de deslegitimación del gobierno de coalición progresista practicada desde la derecha política, mediática y judicial se abra una conversación pública sobre el famoso lawfare (lean aquí el sugerente análisis de Ignacio Sánchez-Cuenca). Y ojalá seamos capaces, al menos los demócratas convencidos, de denunciar sin complejos que sí, que existe el uso espúreo de las herramientas judiciales, y que quienes comparan a España con Hungría en el atropello de la separación de poderes están falseando la realidad o es que no entienden que esa separación de poderes exige, también, que desde el Poder Judicial no se haga descaradamente política partidista. Y que el PP miente cuando utiliza a sabiendas un párrafo que nunca existió en la sentencia del Supremo para llamar lawfare a la condena expresa a ese partido por la trama Gürtel (ver aquí). Se llama indecencia.
Entre los múltiples incendios que van ahumando el inicio de legislatura, el más preocupante en mi opinión es el que protagoniza el Poder Judicial, no sólo el de la propia cúpula institucional del mismo —caducada desde hace cinco años largos— sino el de magistrados y tribunales concretos que administran causas de contenido netamente político.