'OpenLux': el periodismo y los patriotas

Uno de los rasgos más castizos que distinguen a la democracia española de otras con bastante más solera es la apropiación indebida del patriotismo, en un sentido exclusivista que la derecha ha manejado siempre como seña de identidad mientras la izquierda renunciaba a esa disputa cultural con demasiada ligereza. Aquí das una patada y aparecen mil patriotas dándose golpes de pecho, siempre que se trate de Cataluña, de Ceuta y Melilla o de Gibraltar. Otra cosa es cumplir con el que debería ser compromiso inexcusable de cualquier patriotismo cívico y constitucional: aportar a la caja común lo que a cada cual corresponde según su renta y su patrimonio.

Desde hoy mismo y durante los próximos dos meses, infoLibre se dispone a publicar los resultados de una exhaustiva investigación sobre las personalidades españolas o vinculadas con España que controlan sociedades registradas en Luxemburgo con el objetivo de mantener en secreto sus fortunas o aprovechar las ventajas fiscales que sigue ofreciendo el Gran Ducado. Se trata de 1.558 nombres propios, entre ellos decenas de empresarios y empresarias que suelen aparecer en la lista de los más ricos de España y cuyas sociedades suman miles de millones de euros en activos financieros. Pero también aparecen identificados otros nombres menos sonoros aunque igualmente “afortunados”, esos que prefieren huir de los focos y disfrutar de la riqueza acumulada sin tener que dar la menor explicación. Y, por último, la investigación aporta nuevos datos sobre personajes implicados en grandes escándalos de corrupción, presuntos delincuentes y autoproclamados patriotas.

Por ahí empezamos, con un nombre contra el que este mismo miércoles se ha dictado la apertura de un nuevo juicio oral y que simboliza lo que el PP y sus altavoces mediáticos bautizaron como “el milagro económico español”, que a punto estuvo de heredar el aznarato y que llegó a dirigir el Fondo Monetario Internacional y más tarde la salida a bolsa de Bankia, un engendro financiero que nos costó a los españoles decenas de miles de millones de euros. Rodrigo Rato, condenado ya por el uso de las tarjetas black de Cajamadrid y Bankia, se sentará en el banquillo por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios por los que la Fiscalía Anticorrupción pide inicialmente 70 años de cárcel (ver aquí).

Lo que nuestro compañero Manuel Rico desvela en la primera entrega de esta investigación son las relaciones empresariales entre Rodrigo Rato y el conocido traficante de armas Abdul Rahman El Assir, viejo conocido suyo fugado de la Justicia española desde 2019 para esquivar otras acusaciones de fraude fiscal. El Assir, compañero de cacerías de Juan Carlos I que no se perdió la boda de Felipe VI ni la de la hija de Aznar, aparece como dueño de una sociedad registrada en Luxemburgo con más de 77 millones de euros que Anticorrupción adjudica a Rato.

Hay apellidos en España (en esto Rato no está, ni mucho menos, solo) que siguen flotando en sus privilegios a través de las décadas y los distintos regímenes, desde principios del siglo pasado hasta la actualidad, pasando por la Restauración, la Dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, el franquismo y la Transición. Sin desperdiciar la mínima oportunidad de hacerse con dinero público o de ocultar sus ganancias lejos del ojo del fisco. A patriotas no hay quien los gane, siempre que no se trate de aportar a la caja común en lugar de esquilmarla.

Hay otro rasgo singular de la democracia española que alguna vez hemos citado (ver aquí): un ecosistema mediático en el que todos los focos críticos se concentran en lo público. Muy raramente los medios se esfuerzan en investigar el origen de fortunas privadas o las operaciones y entramados financieros en los que se pierde la pista de esos nombres que tan pronto figuran en la lista Forbes como en las crónicas palaciegas o en las laudatorias referencias a fundaciones benéficas.

Iremos conociendo desde hoy decenas de ejemplos en esta investigación bautizada como OpenLux y basada en 3,3 millones de documentos extraídos del Registro de Titularidades Reales de Luxemburgo y compartidos por la Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), que eligió a infoLibre como medio colaborador en España (ver aquí). Cruzar y contrastar un aluvión de datos y dar siempre a los afectados la oportunidad de explicarlos tampoco es un acto de patriotismo, sino la obligación del periodismo concebido como servicio público, cuyo sostenimiento sólo es posible con el apoyo de lectores comprometidos (súmate aquí).