Una amplia mayoría de analistas vaticinan que Mariano Rajoy saldrá bien parado políticamente de la etapa más convulsa e incierta que ha atravesado la democracia española desde 1978. Curiosamente, a pocos días de unas elecciones catalanas en las que todas las encuestas auguran el mayor castañazo del Partido Popular en esa comunidad, se da por hecho entre los gurús que esa debacle no tiene porqué restar un voto al PP en el resto del Estado. Es más, podría incluso reforzarlo hacia el futuro (al fin y al cabo esa es la estrategia electoralista que desde hace diez años ha guiado cada decisión o indecisión de Rajoy sobre Cataluña).
Nadie conoce a estas alturas qué hará el presidente del Gobierno en la hipótesis de que el independentismo vuelva a alcanzar mayoría suficiente para gobernar. ¿Se abrirá entonces un diálogo “bilateral” si los nacionalistas renuncian (aunque sea coyunturalmente) a la vía unilateral? ¿Con qué interlocución si el president elegido es un prófugo de la justicia o un encarcelado? ¿Se mantendrá indefinidamente la aplicación del artículo 155 en una versión tan libre como lo permita el consentimiento de Pedro Sánchez? A día de hoy, lo cierto es que todo el que sabe rezar algo en la dirigencia del PP anda rogando que Miquel Iceta pueda formar un gobierno minoritario con personalidades independientes, y sobre todo que no pueda formarlo Ciudadanos, aunque sea a costa de repetir elecciones. Desde el punto de vista de Rajoy, tampoco le ha ido tan mal eso de repetir elecciones. Se diría que al PP le preocupa ya bastante más el posible ascenso vertiginoso de Ciudadanos que un independentismo dispuesto a romper España.
Si algo viene transmitiendo Mariano Rajoy de forma coherente es su absoluta disposición a agotar la legislatura (hasta junio de 2020) y a repetir como candidato. No hay enviado especial a España desde cualquier lugar del mundo (democrático) que no pregunte si va en serio la posibilidad de que Rajoy continúe siendo el cartel electoral y el presidente de un partido al que la justicia investiga por financiación ilegal en seis casos de corrupción. Más de un corresponsal habrá despejado sus últimas dudas al escuchar este martes en un desayuno informativo la respuesta de Rajoy a una pregunta sobre la apertura de juicio oral por la destrucción de los ordenadores del extesorero nacional Luis Bárcenas: “Preferiría que no se produjera [el juicio]”, pero “en cualquier caso, ahí van a ir unos funcionarios que se han comportado como habitualmente se comporta la gente en una circunstancia como ésta”. Despiecemos brevemente la afirmación para comprender su alcance:
1.- Efectivamente, el PP ha hecho lo posible y lo imposible para que ese juicio (y cualquier otro de los que le afectan) no se celebre. Desde la petición de nulidad hasta la reclamación de que se aplique la llamada Doctrina Botín, que establece el archivo de una causa cuando ni la Fiscalía ni la acusación particular ejercen acciones contra el acusado. La acusación particular en este asunto era el propio Luis Bárcenas, que la retiró repentinamente (para sorpresa de su propio abogado) en septiembre de 2016. Pero la Audiencia Provincial de Madrid ha considerado que tienen razón las acusaciones populares (Izquierda Unida y el letrado Gonzalo Boye) y que no es aplicable la citada Doctrina porque “el borrado de datos impidió la realización de una diligencia considerada relevante en una causa criminal de indudable trascendencia”. La “íntima conexión entre los delitos objeto de la acusación, los daños informáticos y el encubrimiento” impiden considerar de “naturaleza estrictamente privada” esos daños informáticos. Es decir, los jueces han rechazado que el cambalache de destrucción de pruebas afecte exclusivamente a los intereses particulares de Bárcenas y el PP.
2.- Cuando Rajoy dice que “ahí van a ir unos funcionarios” intenta disimular que ese “ahí” es el banquillo, donde por primera vez en España se sienta un partido político; que esos “funcionarios” son la actual tesorera nacional, Carmen Navarro, el jefe de Sistemas de Información del PP, José Manuel Moreno, y el principal asesor jurídico del partido, Alberto Durán.
3.- Si Rajoy sostiene que sus subordinados se han comportado “como habitualmente se comporta la gente en una circunstancia como ésta” es porque esa es precisamente la táctica que mejor resultado le ha dado en toda su trayectoria política: hacer pasar como “normal” y de “sentido común” lo absolutamente irregular y extraordinario. Basta citar literalmente el auto de la jueza sobre cómo se ejecutó la eliminación de los documentos informáticos de Bárcenas: "a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física". Vamos, que no es que se tratara de trasladar unos archivos a la papelera y pulsar el botón de “vaciar” (lo que “habitualmente” haría cualquiera en una “circunstancia como ésta”), sino que sólo faltó disolver los discos duros en algún componente químico letal o arrojar los portátiles desde la séptima planta de la calle Génova (a ser posible tirando a dar al juez Pablo Ruz si en ese momento hubiera pasado por allí para entrar en su entonces despacho de la vecina Audiencia Nacional).
Uno no se considera experto en nada, mucho menos en Ciencias de la Conducta o del Comportamiento, como aparenta serlo Rajoy cuando se empeña en adivinar lo que haría “la gente”, así en general. Lo que ya está comprobado es que al partido que preside aún le queda por delante un verdadero calvario judicial y pretende superarlo con la inestimable ayuda de todo tipo de argucias para anular causas, mover a jueces incómodos o lograr que la Fiscalía rebaje sus acusaciones. Y, pase lo que pase, restarle la más mínima importancia: "le puede pasar a cualquiera".
Desde Rajoy a su portavoz Méndez de Vigo, pasando por los numerosos altavoces mediáticos afines o dependientes, pretenden asentar que cualquier responsabilidad política sobre corrupción, financiación ilegal, encubrimiento… ya ha quedado superada (“lavada”) por las urnas al mantenerse el PP como partido más votado en las generales. Uno tampoco es experto en las interioridades de la formación conservadora, pero le llegan ondas sobre distintos sectores que esperan al 22 de diciembre para ir (despacito) afilando los cuchillos, por si el resultado bloquea cualquier salida y “la gente” empieza a preguntarse (por simple “sentido común”) si Rajoy ha hecho algo más que utilizar el auge independentista para resucitar el monstruo del nacionalismo español y así difuminar las evidencias de un “comportamiento” político que, efectivamente, en cualquier democracia madura y “en una circunstancia como ésta”, habría terminado con la carrera de una clase dirigente. Esos sectores asumen (y temen) que si el plan consiste simplemente en envolverse en la bandera de España, ahí compite con fuerza Albert Rivera. Sin complejos y con el apoyo de los mismos poderes económicos, financieros y mediáticos cuya prioridad en estos tiempos (como en todos) es garantizar sus propios intereses.
P.D. La otra herramienta que siempre ha utilizado el PP para difuminar sus escándalos de corrupción es el ventilador. Estos días volverá a pleno funcionamiento con el arranque del primer juicio de los ERE, que sienta en el banquillo a dos expresidentes de Andalucía y a un régimen de clientelismo impresentable. El caso no contempla financiación ilegal del PSOE, ni los políticos acusados se llevaron un solo euro al bolsillo, lo cual no resta gravedad al hecho de que se desviaran al menos 135 millones de euros de dinero público en ayudas para prejubilaciones fraudulentas.
Una amplia mayoría de analistas vaticinan que Mariano Rajoy saldrá bien parado políticamente de la etapa más convulsa e incierta que ha atravesado la democracia española desde 1978. Curiosamente, a pocos días de unas elecciones catalanas en las que todas las encuestas auguran el mayor castañazo del Partido Popular en esa comunidad, se da por hecho entre los gurús que esa debacle no tiene porqué restar un voto al PP en el resto del Estado. Es más, podría incluso reforzarlo hacia el futuro (al fin y al cabo esa es la estrategia electoralista que desde hace diez años ha guiado cada decisión o indecisión de Rajoy sobre Cataluña).