Todo debate público suele ganarlo por goleada quien consigue establecer el qué, el cómo y el dónde de la discusión antes incluso de que esta se inicie. La historia de la democracia podría resumirse (también) como el pulso entre determinados poderes que intentan imponer sus intereses para dominar al resto y una ciudadanía que va eligiendo opciones para afrontar esa dominación o al menos en la creencia de que logrará así defender sus intereses particulares o colectivos. Estamos asistiendo en España a una confrontación política y cívica en la que desde el poder se utiliza sin pudor la técnica del engaño para abrir y dominar debates públicos en los que se juega nada menos que el bienestar de la ciudadanía y la calidad democrática. Ya se trate del presente y el futuro de las pensiones o de crímenes y castigos.
Lo escribía Hannah Arendt en uno de los ensayos de Verdad y mentira en política: “La libertad de opinión es una farsa si la información sobre los hechos no está garantizada y si no se aceptan los hechos mismos como objeto del debate”. Por ahí empieza el descalabro democrático en el que estamos sumidos, y que no terminó, ni mucho menos, con el finiquito del bipartidismo. Continuaremos bajando por la pendiente si no logramos desnudar y frenar un despliegue obsceno de fake news, de falseamientos de la realidadfake news que no provienen de bots rusos sino del propio Gobierno, de poderes económico-financieros y de sus terminales mediáticas.
1.- Mentiras acerca de las pensiones
¿Por qué desde hace tantos años todo debate en torno a las pensiones públicas arranca poniendo en duda su sostenibilidad? ¿Por qué desde al menos 1995 (con Pedro Solbes de ministro) se atiza el miedo a la quiebra del sistema y se reclama a la ciudadanía que invierta en fondos privados independientemente de su capacidad de ahorro o de la rentabilidad (mínima) de esos planes? La discusión pública y la decisión democrática acerca de las pensiones sería muy diferente si este debate se iniciara desde una premisa muy diferente. Por ejemplo: las pensiones dignas son un derecho democrático fundamental, y vamos a preservarlas y mejorarlas tomando medidas concretas que preserven y garanticen ese derecho constitucional. O por ejemplo: ¿Por qué España es el único país de Europa cuyo único criterio para revalorizar las pensiones es el llamado factor de sostenibilidad impuesto a solas por el PP?
Si alguien se molesta en repasar los hechos, los datos contrastables (pinche aquí el dossier de infoLibre sobre pensiones) podrá comprobar las mentiras y medias verdades que venimos escuchando como premisas que condicionan el debate y que siembran el miedo necesario para lograr imponer los planes que interesan ideológica y pragmáticamente a las fuerzas conservadoras y neoliberales. No es cierto que España tenga un gasto insoportable en pensiones (tres puntos menos del PIB que nuestros vecinos europeos); no es verdad que los pensionistas españoles sean privilegiados, cuando la realidad es que tienen un 30% menos de poder adquisitivo que la media europea; tampoco es cierto, como se empeña Rajoy en proclamar, que la referencia del IPC para la subida de las pensiones “sólo existe en dos países de Europa, que son Bélgica y Hungría”, porque la propia Comisión Europea informa de que son cuatro los países donde el único criterio de indexación es la subida de los precios y son otros 16 países los que manejan el IPC entre otros parámetros (salarios, crecimiento del PIB, etc) para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones; no es verdad que España sea el único país que afronta un “problema” demográfico que consiste en que durante las próximas décadas crecerá el número de jubilados en una mayor proporción que el de cotizantes que sostengan sus pensiones. ¡Dejen ya de analizarlo como “problema” y actúen para que signos de progreso y de mejora de la calidad de vida como una mayor longevidad no se conviertan en un factor negativo y divisivo en la sociedad!
Se trata de voluntad política y de dar la cara de una vez por todas ante la ciudadanía. ¿Creen o no creen ustedes que las pensiones dignas son un derecho? Si Mariano Rajoy y Albert Rivera son partidarios de cambiar el Pacto de Toledo, incluso la Constitución, y defienden en realidad un sistema mixto de capitalización y reparto, o una variante en la que el Estado sólo garantice una pensión mínima (cada vez más mínima), o un “sálvese quien pueda”… atrévanse a decirlo e inclúyanlo en sus programas electorales. Lo que Rajoy hizo con gran habilidad táctica este miércoles en el Congreso fue utilizar el miedo desatado y la presión de los jubilados en las calles como herramienta de negociación de los Presupuestos. Su anuncio de que se elevarán las pensiones mínimas y de viudedad tanto como el IPC o ciertas desgravaciones fiscales (sin concretar) demuestran que su interés prioritario es continuar en el poder y diluir la indignación de los jubilados, pero no abordar cambios en profundidad que pongan fin al debate. ¿Qué disposición sincera al diálogo tiene alguien que empieza por decir que una nueva reforma de las pensiones exige “consenso” pero a continuación proclama que de ninguna forma va a derogar la reforma que decidió en soledad con su mayoría absoluta? (Una reforma que lo que garantiza es que las pensiones irán recortándose año tras año desde el próximo enero).
2.- El miedo y la prisión permanente
Llamar al consenso marcando líneas rojas es un oxímoron, como lo es el concepto “prisión permanente revisable”. En el lenguaje empieza siempre el engaño político, y con el lenguaje y unos cuantos datos tergiversados se pulsa esa tecla emocional que conduce a parte de la ciudadanía a conclusiones engañosas. El PP es especialista en poner zancadillas en las cuestiones de Estado desde la oposición y en exigir después desde el Gobierno al resto del mundo que renuncie a principios democráticos en beneficio de esa supuesta razón de Estado. Y sigue logrando definir al prójimo como populista al tiempo que practica un evidente “populismo punitivo”. Algún día se estudiará con rigor por qué el PP decidió en 2015 endurecer la que ya era una de las legislaciones penales más duras de Europa en un país cuyos índices de criminalidad figuran entre los más bajos de la UE y con una población reclusa entre las más numerosas del mundo en proporción a sus habitantes. (Pinche aquí para conocer la visión de más de cien catedráticos de Derecho Penal y las dudas razonables sobre la constitucionalidad de esa figura).
Este jueves se ha demostrado una realidad que a menudo no se percibe: en el Congreso hay una mayoría diferente (y superior) a la que forman PP y Ciudadanos. El rechazo a las enmiendas a la totalidad que pretendían frenar el trámite de derogación de la prisión permanente revisable (incluso endurecerla) ha recibido 178 apoyos de todos los demás grupos frente a 167 de los de Rajoy y Rivera. A estas alturas de la legislatura, estaría bien conocer en cuántos más asuntos serían capaces de ponerse de acuerdo el PSOE, Unidos Podemos y partidos nacionalistas. En cuanto a PP y Ciudadanos, el primero es coherente con una ideología conservadora pura y dura, mientras el segundo demuestra (también) en este asunto de la prisión permanente una disposición aún más permanente a cambiar de discurso según indique la veleta de la demoscopia.
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En cualquier caso, lo más preocupante es el contexto en el que se llega a esa votación del Congreso. Uno ha procurado contenerse y no soltar en las redes sociales lo que ha pensado y sentido desde la desaparición del niño Gabriel Cruz. Como padre he sentido el miedo, la rabia y la indignación que cualquier otro padre o madre o simplemente ser humano habrá compartido con ese mismo dolor (inimaginable) que los padres de Gabriel sufren. Pero también he sentido vergüenza ajena y una indignación distinta ante el tratamiento absolutamente desproporcionado y a veces vomitivo que del caso han hecho medios audiovisuales, digitales y de papel. Baste un ejemplo: este martes, el telediario de las nueve de la noche en La 1 dedicó sus primeros 25 minutos al caso (ya resuelto), al funeral, al historial de la autora confesa del crimen, a las opiniones de vecinas y conocidos. ¿De verdad una cadena pública se guía por un criterio periodístico de interés general cuando decide tal despliegue sobre el crimen de un niño cometido por una persona de su entorno, como ocurre en la mayoría de esos crímenes? Hace sólo unas semanas que en esta misma página propusimos una reflexión sobre esta invasión de los sucesos en los medios de comunicación. No se trata sólo de la guerra del click, de la batalla por ganar audiencias aunque sea con el uso y abuso del morbo. Al fondo de todo esto asoma un claro interés político en que la ciudadanía se sienta insegura en uno de los países más seguros del mundo. La supuesta necesidad de protección refuerza la autoridad del poder ejerciente, bajo cuya capa pueden acogerse nuevas medidas populistas por contradictorias que sean con un sistema de libertades. Pirómanos y bomberos. Primero se induce al miedo y luego se dictan normas que tranquilicen. Primero se establece un marco falso y luego se aporta la medicina correspondiente. (Una de las razones del absoluto éxito de la movilización feminista del 8 de marzo fue precisamente que las convocantes lograron que fracasara el intento desde las derechas de identificar "feminismo y comunismo" y situar todos los focos en la reivindicación de la igualdad).
El Gobierno ha considerado necesario nombrar una Embajadora en Misión Especial para la Ciberseguridad y contra las Amenazas Híbridas, que podría incluir la lucha contra las fake news o noticias falsas (más bien “falseadas”, como explica el profesor Joaquín Urías). La mejor defensa contra cualquier intoxicación, bulo o propaganda es el periodismo honesto, el que puede y debe garantizar que la libertad de opinión no es una farsa y que los debates políticos se basan en hechos y no en infundios.
P.D. Este mismo jueves se ha producido el enésimo ejemplo de la regresión a la que estamos asistiendo en derechos y libertades. Que una jueza condene a la revista Mongolia a pagar 40.000 euros a un torero que se ha considerado dañado en su honor por un cartel que lo tacha de “marciano” sería un hecho absolutamente marciano en cualquier otra democracia. No sólo porque en muy pocos exista la profesión de torero, sino porque resulta inconcebible que un juez se demuestre incapaz de distinguir el humor de la realidad o de separar lo que es calumnia y lo que es un ejercicio sarcástico de la libertad de expresión.
Todo debate público suele ganarlo por goleada quien consigue establecer el qué, el cómo y el dónde de la discusión antes incluso de que esta se inicie. La historia de la democracia podría resumirse (también) como el pulso entre determinados poderes que intentan imponer sus intereses para dominar al resto y una ciudadanía que va eligiendo opciones para afrontar esa dominación o al menos en la creencia de que logrará así defender sus intereses particulares o colectivos. Estamos asistiendo en España a una confrontación política y cívica en la que desde el poder se utiliza sin pudor la técnica del engaño para abrir y dominar debates públicos en los que se juega nada menos que el bienestar de la ciudadanía y la calidad democrática. Ya se trate del presente y el futuro de las pensiones o de crímenes y castigos.