El descrédito de la Justicia ha aumentado un grado más con la imputación del Fiscal General del Estado por el Supremo. En el ámbito judicial no se contempla que el caso pueda acabar en una condena, porque la imputación no es jurídicamente sólida. Pero el objetivo no es ese. “No le van a condenar, no son tan burros. La finalidad de la imputación es hacer el máximo ruido posible”, dice un juez progresista que considera que García Ortiz no debe dimitir, como le han recomendado varios jueces y fiscales escandalizados por la escalada judicial contra el Gobierno elegido democráticamente en las urnas.
Por lo pronto ya hay titulares que buscan el posicionamiento de la opinión pública y dan cobertura para que PP y Vox puedan a su vez ahondar en la acusación de corrupción generalizada. La justificación de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por el juez Marchena, para imputar a García Ortiz es todo un ejercicio de creatividad. El caso se sustentaba en dirimir si incurrió en revelación de secretos una nota de prensa de la Fiscalía desmintiendo los bulos del entorno de Isabel Díaz Ayuso sobre el delito fiscal cometido y asumido por su novio.
Esa es la tesis con la que el Tribunal de Justicia de Madrid envió la causa al Supremo, al atribuirse el propio García Ortiz la responsabilidad última de la nota de prensa. Sin embargo, ¡olalá!, el Supremo no ve esos indicios de revelación de secretos, con lo cual no habría caso. Pero… ¡tachán!, no era cuestión de soltar el hueso tan fácilmente. Como varios medios publicaron un correo del abogado del novio de Ayuso reconociendo los hechos, que el Fiscal General conocía así como otros funcionarios públicos, se considera que ya es motivo suficiente para la imputación aunque no haya pruebas que demuestren que sea él quien lo haya filtrado a la prensa. Para añadir más morbo a la causa, será el juez Hurtado, que no quiso condenar al PP por la Gürtel, quien la lleve.
Con la imputación de Ortiz, ya hay titulares que buscan el posicionamiento de la opinión pública y dan cobertura para que PP y Vox puedan a su vez ahondar en la acusación de corrupción generalizada
“Es una locura completa. Se está forzando que esté viva una causa contra el Fiscal General del Estado cuando no hay pruebas consistentes. Sin embargo, ese mismo TJM que ha llevado a García Ortiz al Supremo, no admitió a trámite la semana pasada una querella contra el juez Peinado con bastante fundamento por revelación de secretos, a pesar de que el caso de Begoña Gómez estaba bajo secreto de sumario y no se puede estar filtrando datos a un tercero. Así que el TJM se descuelga con que está bajo secreto parcial, es decir que se puede filtrar lo que convenga” explica otro juez ya retirado. Doble rasero judicial.
Cinco años y medio de bloqueo del Poder Judicial por el PP han dado sus frutos. Un tiempo en el que, a pesar de estar deslegitimado, se hicieron nombramientos desde 2018 hasta 2021, lo que fue proyectando esa mayoría aplastantemente conservadora. Hasta que el legislador sustrajo al CGPJ en funciones la facultad de acordar nombramientos judiciales de carácter discrecional, una mayoría que se niega en redondo a que la investigación penal de los casos la realice la Fiscalía en lugar del juzgado de instrucción, tal y como sucede en el resto de países de Europa. Eso podría evitar que un juez no aborde una investigación como si fuese una cruzada, por ejemplo, ya que en la gestión procesal es donde se están produciendo más casos de lawfare actualmente. Una batalla que no cesará hasta que el PP logre gobernar.
El descrédito de la Justicia ha aumentado un grado más con la imputación del Fiscal General del Estado por el Supremo. En el ámbito judicial no se contempla que el caso pueda acabar en una condena, porque la imputación no es jurídicamente sólida. Pero el objetivo no es ese. “No le van a condenar, no son tan burros. La finalidad de la imputación es hacer el máximo ruido posible”, dice un juez progresista que considera que García Ortiz no debe dimitir, como le han recomendado varios jueces y fiscales escandalizados por la escalada judicial contra el Gobierno elegido democráticamente en las urnas.