Urge volver a València Pilar Portero
Reynders, hasta el moño del PP
El comisario de Justicia de la UE está hasta el último pelo del PP. Es lo que con camaradería se comenta entre altos cargos de la Comisión. Quizá porque no parece dispuesto a perder mucho más tiempo siendo árbitro en la escenificación del conflicto, algunos populares están empezando a trasladar que el comisario presiona para que los dos principales partidos lleguen ya a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. “Atención con la reunión del día 13 de marzo”, advierte un diputado cercano a Feijóo. Lo cual no significa que el conflicto vaya a solucionarse, no hay más que escuchar las declaraciones de González Pons poniendo la amnistía como excusa para hacer saltar la negociación. “Es ya la tercera y el comisario no va a estar reuniéndose eternamente”, se aduce ahora para justificar que la paciencia del belga está llegando a su fin. De hecho, el comisario se puso un plazo de dos meses para zanjar el asunto, que concluye a finales de mes.
El PP sabe que el Gobierno no está dispuesto a presentar una proposición de ley conjunta para que los jueces elijan a los jueces, tal y como exigen para aceptar renovarlo tras 5 años y tres meses de parálisis. En el PSOE insisten en que el 90% de los jueces son muy de derechas, como ellos mismos han puesto de manifiesto desde que la amnistía saltó a la palestra y ya no hay pudor en evidenciarlo. Por mucho empeño que se ha puesto desde el sector progresista por ampliar el perfil de la judicatura, lo cierto es que no se ha logrado cambiar que los jóvenes aspirantes provengan principalmente de Madrid y de familias acomodadas.
Los populares nunca han querido cambiar el sistema, y a pesar de haber dispuesto de dos mayorías absolutas, solo se moduló. Rajoy prometió reformular la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), tal y como figuraba en su programa electoral, pero no debió de encontrar momento para hacerlo en toda la legislatura. Al contrario, ya se encargó Gallardón como ministro del ramo de atornillar bien el sistema vigente, no fuese a ser que perdieran su poder sobre el Judicial en 2013. Entonces, se vendió como una reforma necesaria para fortalecer una independencia que nunca ha estado más desprestigiada que en la actualidad.
Reynders quiere deshacerse de la patata caliente. Más que nada, porque no es su función mediar entre partidos enfrentados. Bastante harto está de desempeñar este papelón. La sorpresa fue que Moncloa entró al juego para romper la estrategia del PP
El comisario Reynders quiere deshacerse de la patata caliente. Más que nada, porque no es su función mediar entre partidos enfrentados. Bastante harto está de desempeñar este papelón, que aceptó proponer por quedar bien con Esteban González Pons, con quien tiene una relación personal cercana, pero que confiaba en que frenase el Gobierno de España. La sorpresa fue que Moncloa entró al juego para romper la estrategia del PP y evitar que se le siguiese acusando de negarse a negociar.
Desde 1986, año en el que se ingresó en la UE, jamás se ha puesto en duda el sistema de elección de jueces en España. En Alemania, Austria y varios países escandinavos, es el Ministerio de Justicia quien ejerce el Poder Judicial y elige a los jueces directamente. Así que la UE puede recomendar, pero no obligar a adoptar un sistema que está lejos del que se mantiene en otros estados miembros, cuando aquí doce de los veinte vocales son elegidos por el Congreso y el Senado entre jueces y magistrados, y los ocho restantes corresponden a juristas de reconocido prestigio que salen también de las dos cámaras.
En el cuento de la lechera del PP, el relato no pasa solo por lograr que se acepten sus condiciones para el CGPJ. En círculos populares aseguran que el acuerdo, en el remoto caso de producirse, no vendrá solo, sino que formará parte de un paquete más amplio. Con lo que cuesta cada negociación, mejor resolver de golpe las que están pendientes, como las de las cúpulas de los órganos independientes en materia económica. En la CNMC hay que cubrir ya cinco vacantes —una vicepresidencia y cuatro consejeros—; en junio acaba el mandato del gobernador del Banco de España y en septiembre el de la vicepresidenta; en diciembre hay que renovar la presidencia y la vicepresidencia de la CNMV. En el Gobierno esgrimen que el Poder Judicial es lo primero. A ver hasta cuándo soporta Reynders seguir en medio con el riesgo de dañar seriamente su prestigio y aspiraciones.
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