Si nos dieran a elegir entre no tener suficientes camareros para servirnos la tapa y la caña o no tener suficientes médicos para atender los efectos del calor y los efluvios propios del verano, no está claro qué contestaría la gente. No hay que decantarse por unos o por otros. Con ambos colectivos existe el mismo problema. No se dan las condiciones para que nos atiendan como es debido ni en el centro de salud ni en el bar. Aunque parezca que ambas profesiones están muy alejadas, lo cierto es que comparten problemática.
Partimos de que España es un país de servicios, sector que aporta el 74% del PIB, del que en concreto el turismo supuso casi el 13% en 2023. Este verano se espera una avalancha de turistas y claro, hay que atenderles, además de satisfacer a los nacionales que no sabemos quedarnos en casa y mucho menos en esta época. Personas que comen, beben, hacen balconing, se queman al sol o a las que les sobreviene un síncope, sin necesidad de dramatizar más de la cuenta. Una cosa lleva a la otra, del bar al médico y del médico al bar. Si protestaran juntos, tendrían más fuerza para alcanzar sus demandas. Pero es difícil que un facultativo, con sus años de estudios, coincida en el diagnóstico de su situación y la equipare a la de un camarero, aunque comparten más cosas que las que les separan.
El problema es complejo. No se puede reducir a que a ambos colectivos no les pagan lo que consideran justo por las horas ni las condiciones de trabajo. Esta simplificación sería comenzar la casa por el tejado. Y la casa hay que empezar a construirla por los cimientos. Hay una falta estructural de médicos y de personal de hostelería. Que se hace más patente en verano porque da la casualidad que el personal quiere coger vacaciones a la vez que su familia y amigos en lugar de tener que irse sólo, en febrero, a Ibiza o a Benidorm.
Y es que la Sanidad da y quita votos, como la hostelería, de la que Díaz Ayuso se ha erigido en defensora, a pesar de que en la pandemia todas las ayudas salieron de las arcas del Estado
También los políticos tienen ganas de pillar sus días de descanso sin nada que enturbie su merecido relax. Solución a corto plazo: echarle la culpa a otro. En este caso, a la ministra de Sanidad, Mónica García. Dicen los presidentes autonómicos del PP que la titular no quiere hacer su trabajo y se pronuncian muy alto para que les escuchen en sus territorios y se convenzan de que la sanidad depende del estado central, cuando en realidad está transferida y es su responsabilidad que haya plantilla suficiente para atender a los desplazados, a los extranjeros y los vecinos de toda la vida.
Y es que la Sanidad da y quita votos, como la hostelería, de la que Díaz Ayuso se ha erigido en defensora, a pesar de que en la pandemia todas las ayudas salieron de las arcas del Estado. La presidenta madrileña también busca ahora destacar por velar por una Sanidad que está que trina. En los barrios periféricos de Madrid, donde los pacientes no cuentan con seguro privado, los médicos de atención primaria tienen que atender a entre 60 y 80 pacientes en sus ocho horas. En cuanto les preguntas se les hincha la yugular, porque según un acuerdo alcanzado con la Consejería de Salud madrileña, solo deberían ver a 30 pacientes más cuatro de urgencias en su turno.
Los veteranos inciden en que los más jóvenes huyen de los ambulatorios porque la medicina de familia ha sido maltratada y los sueldos no se corresponden con las condiciones. Se les desincentiva. Son una nueva generación con otro concepto del espacio que el trabajo debe ocupar en sus vidas. Los MIR originarios de otras zonas de España tampoco quieren quedarse en la capital, demasiado cara y peor calidad de vida que en su tierra.
Según un análisis comparativo encargado por el Ministerio de Sanidad a la Universidad de Málaga sobre las retribuciones profesionales de los médicos, los mejor pagados en Atención Primaria son los que ejercen en Navarra y los de Ceuta y Melilla, aunque en estas dos comunidades cuentan con un complemento de 1.000 euros por trabajar allí. Un médico de familia de nivel 1, sin trienios ni guardias, cobra en Navarra una media de 105.000 euros brutos al año, frente a sus colegas en Madrid o Andalucía que rondan los 75.000 euros.
Ahora, las comunidades del PP que están usando ya de facto a los MIR de tercer y cuarto año para suplir las carencias, piden al ministerio que autorice una práctica que no está permitida. En el gremio de la hostelería se maneja otro baremo, en el que el dinero B entra en la ecuación. Jornadas de interminables horas extra que no se contemplan ni se pagan. Por eso en mitad del servicio, muchos camareros cuelgan el delantal y dejan plantado al jefe para que se apañe como quiera. Nadie quiere ser médico ni camarero, se lamentan quienes tienen en su mano dar la vuelta a la tortilla.
Cuando Ayuso anuncia deducciones en el IRPF para los extranjeros que se muden a Madrid, o Mazón, presidente de Valencia, pide al Gobierno que baje el IVA, como si él mismo no se estuviera embolsando el tramo autonómico del impuesto, resulta imposible no imaginar qué pasaría si esos millones de euros a los que renuncian los invirtieran en Sanidad. Igual los médicos florecían, como los camareros con un sueldo digno y jornadas de trabajo ajustadas a la ley. Sueño de una noche de verano.
Si nos dieran a elegir entre no tener suficientes camareros para servirnos la tapa y la caña o no tener suficientes médicos para atender los efectos del calor y los efluvios propios del verano, no está claro qué contestaría la gente. No hay que decantarse por unos o por otros. Con ambos colectivos existe el mismo problema. No se dan las condiciones para que nos atiendan como es debido ni en el centro de salud ni en el bar. Aunque parezca que ambas profesiones están muy alejadas, lo cierto es que comparten problemática.