Impuestos
Cinco comunidades del PP se lanzan a bajar impuestos mientras piden al Estado mayor financiación
Después de ganar las últimas elecciones autonómicas el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, anunció la bonificación al 100% del Impuesto de Patrimonio, unos 100 millones al año que pagaban poco más de 20.000 personas. "Andaluces, bienvenidos al paraíso", saltó Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, comunidad que, junto a la propia Andalucía, es la de menor gasto educativo y sanitario per cápita. Algo rezagado, el presidente murciano, Fernando López Miras, avanzó que también iba a quitar Patrimonio en 2023. Se trata de la misma estrategia del presidente valenciano, Carlos Mazón, que avanzó precisamente unas semanas antes de la dana que su comunidad se iba a beneficiar de la "mayor reforma fiscal de España". Y de la línea que ha seguido el sustituto de Alberto Núñez Feijóo en la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, aplicando recortes de impuestos sin evaluar las consecuencias.
El PP enmarca este embate, similar a la que lanzó contra el Impuesto de Sucesiones, en una ofensiva más amplia que incluye rebajas del IRPF, también con las rentas altas como beneficiarias, aunque en este caso no únicas. Todas estas medidas se presentan dentro una lógica, según la cual "donde mejor está el dinero es en el bolsillo", sea cual sea la renta. Sin embargo, según el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), solo las rebajas del IRPF supondrán una pérdida en la recaudación de casi 2.200 millones entre el 2023 y el 2029, a las que se le sumarían otros 2.175 millones si se incluyen las rebajas de todos los impuestos de competencia autonómicas como los citados de Sucesiones y Donaciones, y de Patrimonio.
La Comunidad de Madrid es la que lidera el listado de merma de los ingresos ya que solo la reducción del tramo autonómico del impuesto sobre la renta supera los 1.000 millones. Le siguen la Comunitat Valenciana, que renuncia a ingresar 282 millones, y Andalucía, con 255 millones. El IRPF es el impuesto que más recauda y donde más impactan las rebajas de las comunidades, que tienen competencia normativa sobre la mitad de la carga fiscal. Aunque la filosofía de las autonomías del PP es seguir bajando impuestos, a continuación recriminan al Gobierno central la situación de infrafinanciación que sufren sus territorios y exigen más dinero al Ministerio de Hacienda.
Las cinco autonomías del PP que más destacan
El Partido Popular ha optado desde hace casi tres décadas por convertir a la Comunidad de Madrid en el epicentro del llamado dumping fiscal, la práctica por la que un territorio ofrece beneficios mediante bonificaciones o deducciones de impuestos a personas y a empresas. Destacan las modificaciones introducidas en los tributos estatales cedidos, principalmente en el IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, a lo que hay que añadir que han renunciado a tener tributación propia. El propio Gobierno madrileño cifra en casi 11.000 millones lo dejado de ingresar entre 2004 y 2023, sólo por las sucesivas podas al IRPF. Desde que Ayuso está al frente de la comunidad, ha aprobado treinta bajadas de impuestos, la última anunciada esta semana con la denominada ley Mbappé como medida estrella, y en su comparecencia de fin de año anunció otras nueve rebajas más, que cifró en 170 millones.
En el caso de Andalucía, la pasada legislatura el tramo más beneficiado por la rebaja del Ejecutivo de Juanma Moreno Bonilla fue el de ingresos más altos, por encima de 120.000 euros. El Parlamento andaluz aprobó el pasado jueves 19 de diciembre, sólo con los votos del PP y el rechazo en bloque de toda la oposición, unos Presupuestos para 2025 que consolidan las siete rebajas fiscales implementadas por el Gobierno conservador desde su llegada al poder, en 2019, y que suponen la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuya recaudación ha caído más de un 10% con su repercusión para las arcas públicas, y las deducciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD).
Por lo que respecta a la Comunitat Valenciana, Mazón presumió de sus rebajas fiscales durante el debate sobre el estado de la comunidad celebrado en septiembre, en el que también anunció una rebaja al 50% del impuesto de actos jurídicos documentados para grandes proyectos empresariales. Una reforma fiscal que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal señaló en un reciente informe que supondría una merma en la recaudación de unos 495 millones de euros. De esta cantidad, la Airef calculaba que la rebaja del IRPF supondría una pérdida de 270 millones de euros, la de Sucesiones y Donaciones de 212, y de otros impuestos 25 millones.
En Galicia los sucesivos gobiernos del PP en la Xunta han insistido en aplicar recortes de impuestos sin evaluar los efectos de hacerlo. Así lo reitera el Consello de Contas, equivalente al Tribunal de Cuentas, desde hace años y también se repite en el informe sobre la gestión económica y financiera del Gobierno gallego –la contabilidad general– que, en el año de la dimisión de Feijóo, situó las rebajas de impuestos en el 0,55% del Producto Interior Bruto (PIB) de Galicia. Mientras, "las medidas normativas adoptadas al alza", las subidas impositivas, fueron equivalentes al 0,34% del PIB.
En Murcia, el Ejecutivo de Fernando López Miras también se ha sumado a los recortes tributarios, cuyo impacto situaron desde el propio gobierno en más de 400 millones de euros, sobre todo por la bonificación en Sucesiones y Donaciones, a la que se suma la rebaja de ITP y AJD, la reducción del IRPF y nuevas deducciones. Un caso similar, aunque en menor medida, al de Marga Prohens en Balears, que ha prácticamente suprimido el impuesto de Sucesiones y Donaciones, eliminado el ITP para determinados supuestos, introducido nuevas deducciones en el IRPF y reducido el tramo autonómico un 0,5% hasta los 30.000 euros.
Sin consenso (entre las autonomías del PP) para el nuevo modelo de financiación
Las autonomías del PP compatibilizan estas rebajas fiscales con sus continuas peticiones al Gobierno para reformar el sistema de financiación autonómico, con quejas continuas sobre la cantidad que reciben por parte del Estado. Se trata de un asunto central para todas las autonomías, pero capital en el caso de la Comunitat Valenciana y de Andalucía, que denuncian desde hace años su infrafinanciación, al igual que Murcia. Entre las dos primeras calculan que están perdiendo cada año 1.700 millones de euros y creen que es insostenible que esta situación se prolongue indefinidamente, aunque después sus políticas fiscales vayan en otra dirección.
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La dificultad del nuevo modelo es conciliar tres grandes posiciones entre comunidades. La que defienden Mazón, Moreno y López Miras es una reforma que "nivele las diferencias del sistema" porque entienden que están por debajo en proporción a su población y reclaman un fondo transitorio que corrija estas diferencias hasta que haya un nuevo sistema de financiación autonómica. Los actuales criterios de reparto, fijados en 2009, ya no satisfacen a casi nadie y lo que está encima de la mesa desde hace años es un complicado debate acerca de cuáles deben ser tomados en cuenta y en qué medida
Pero hay muchos intereses en juego y lo que defienden estas tres autonomías no es lo mismo que quieren Galicia (PP), Asturias (PSOE), Cantabria (PP), La Rioja (PP), Castilla y León (PP), Extremadura (PP), Castilla-La Mancha (PSOE) y Aragón (PP) que, en líneas generales, abogan por que el nuevo modelo ponga el énfasis en el reto demográfico, el envejecimiento, la despoblación y la dispersión. Y que las reformas se centren en el coste efectivo de los servicios y en las necesidades reales de gasto. Este grupo quiere mantener lo sustancial del actual modelo. El mapa se completa con Illes Balears (PP), Cataluña (PSC) y Madrid (PP). Las tres quieren que se tenga en cuenta el principio de ordinalidad: que los ajustes de nivelación no les hagan perder posiciones en el ranking de comunidades y se limiten a achicar la horquilla entre la comunidad más beneficiada y la menos.
En la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 13 de diciembre en Santander, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que este mes de enero se celebrará una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para "impulsar la asunción por el Estado de parte del endeudamiento de las comunidades autónomas del régimen común". Una cuestión que también genera tiranteces entre las autonomías del PP, ya que mientras algunas como la Comunitat Valenciana, Andalucía y Murcia están dispuestas a aceptar la condonación si es para todos, otras como Madrid se niegan.
