¿Las Cortes o los jueces? El CGPJ tiene un mes para superar sus diferencias sobre quién elige a los vocales

El 6 de febrero. Esa es la fecha límite que la ley que acompañó la última renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dio a los nuevos vocales para aprobar por mayoría de tres quintos una propuesta de reforma del sistema de nombramiento de sus miembros. A solo un mes de que se cumpla el plazo en el que el Consejo deberá remitir su informe al Gobierno y a las Cortes, las posiciones del sector progresista y el conservador se han acercado, aunque sus diferencias siguen siendo de calado. El dilema latente es el de siempre: el sistema de elección de los vocales procedentes de la carrera judicial. Mientras los progresistas mantienen que deben ser seleccionados, como hasta ahora, por las Cámaras, aunque con ciertas correcciones, los conservadores ponen pie en pared con la elección directa de esos consejeros sin ninguna intervención parlamentaria.

El Pleno del Consejo creó el pasado 7 de septiembre un grupo de trabajo que, tras analizar los órganos análogos de otros países europeos, debía redactar un primer borrador. Esa comisión está formada por cuatro vocales. Se trata de los progresistas Bernardo Fernández Pérez (profesor de Derecho Político y Comunitario y expresidente del Consejo Consultivo de Asturias) y Argelia Queralt (profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y exletrada del Tribunal Constitucional); y los conservadores Isabel Revuelta (letrada de las Cortes) y José Carlos Orga (único magistrado del grupo, procedente de la Audiencia de La Rioja).

La disposición adicional de la ley que acompañó la última renovación establecía que el informe debe “examinar los sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al Consejo español”. Además, debe incorporar una propuesta de reforma “del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados”. La disposición impone que esa propuesta debe garantizar “su independencia” y debe contar con “la participación directa de jueces y magistrados que se determine”.

Sin embargo, los vocales a propuesta del PSOE y los designados por el PP, cinco meses después de ponerse en marcha el grupo de trabajo, discrepan sobre la interpretación de ese texto legal. El artículo 122.3 de la Constitución establece que 12 de los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces deben proceder de la carrera judicial (sin decir quién los debe elegir, algo que la ley atribuye desde 1985 al Parlamento), mientras que los ocho restantes deben ser juristas de reconocido prestigio que seleccionan directamente las Cámaras.

El principal obstáculo interpretativo sobre la disposición adicional aprobada el pasado agosto se encuentra en la coletilla “con la participación directa de jueces y magistrados que se determine”. Para los conservadores, “participación directa” equivale a elección, es decir, que deben de ser los jueces y magistrados los que nombren mediante votación a esos vocales sin participación alguna del Parlamento. Sin embargo, los progresistas entienden que “participación” no significa necesariamente que los jueces deban tener la última palabra e infieren que el precepto ampara que sean las Cortes, como hasta ahora, las que seleccionen a los vocales judiciales de una lista, esta sí, aportada por la carrera.

Posibilidades de mejora

Es en la elección parlamentaria de estos vocales donde voces de sectores progresistas ven posibilidades de mejora. Tradicionalmente, los grupos políticos han propuesto a sus vocales de entre dos asociaciones, la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), en la que pesca el PP, y la progresista y minoritaria Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la preferida por el PSOE y sus socios de la izquierda. Dos asociaciones conservadoras con más representación en la carrera que JJpD, como son Francisco de Vitoria (FdV) y la muy corporativa Foro Judicial Independiente (FJI), quedan sistemáticamente relegadas y sin ninguna presencia en el CGPJ, al igual que los jueces no asociados.

Es ahí donde los vocales a propuesta del PSOE se abren a negociar fórmulas para que esos colectivos se garanticen la representación en el órgano constitucional. También en las comparecencias que los candidatos deben pasar en el Congreso y el Senado con el objeto de examinar a fondo los méritos y la capacidad de cada uno. Sin embargo, los conservadores insisten en que sean los jueces los que elijan a 12 de los 20 vocales.

A lo largo de estos meses, el grupo de trabajo ha mantenido encuentros con representantes de las cuatro asociaciones judiciales con el resultado esperado. Tanto la APM, como FdV y FJI defienden la elección directa, mientras que la progresista JJpD es la única que defiende que sea el Parlamento el que designe. En las últimas elecciones a salas de gobierno, a las que estaban llamados a participar todos los jueces y magistrados en activo (más de 5.000), las tres primeras, todas ellas de carácter conservador, fueron las más apoyadas mientras que la progresista JJpD solo obtuvo dos de los 118 puestos a elegir. 

Cuestionarios e informes

Los vocales del grupo de trabajo también han enviado cuestionarios a las salas de gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 tribunales superiores de justicia de ámbito autonómico para conocer su parecer sobre el sentido de la disposición que obliga al Consejo a redactar el informe. Solo la del Supremo ha dejado abierta la puerta a que se mantenga la elección parlamentaria actual. El resto reclaman la elección directa de los 12 vocales judiciales por la carrera con distintas fórmulas.

Los conservadores también cuentan a su favor con informes de la UE, entre ellos el del Estado de derecho, elaborado por la Comisión, y el de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, entre otros. Aunque no son vinculantes, estos organismos defienden por lo general las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco, también del Consejo de Europa), que reclama que los 12 vocales de extracción judicial “sean elegidos por sus pares” sin ninguna intervención política.

Los progresistas, sin embargo, entienden que, con una reforma de ese tipo, el Consejo dejaría de ser un órgano político para convertirse en otro meramente corporativo en el que los intereses profesionales de los jueces estarían sobrerrepresentados y subrayan que todos los informes europeos consideran que la independencia e imparcialidad del sistema judicial español está garantizada con el método de renovación actual.