En estas elecciones había muchas cosas en juego. Una de ellas era si finalmente la corrupción le pasaría una factura electoral al Partido Popular. Mucha gente en la izquierda venía argumentando que el votante de derechas es completamente insensible a los escándalos de corrupción: según esta teoría, dicho votante otorga un cheque en blanco al PP y le da igual lo que pase después. Ni la evidencia más inapelable sobre robo y abuso de poder le hará cambiar de opinión. La razón de este comportamiento tan extremo estribaría en que el votante del PP aborrece ante todo que el PSOE y la izquierda puedan llegar a gobernar.
Debe recordarse que este tipo de concepción del votante derechista es estrictamente análoga a la que defendía la propia derecha en la época de los escándalos del PSOE, durante los primeros años noventa. Entonces se decía que el votante de izquierdas era un votante cautivo, subsidiado, o un votante sin educación, analfabeto, que votaba contra la derecha porque todavía pensaba que el PP era franquista. Tertulianos y analistas de la época se desesperaron cuando el PSOE revalidó su triunfo en 1993; dijeron que lo que se dilucidaba era si España degeneraba en un país clientelista, con una democracia de baja calidad (en caso de que ganara el PSOE), o si España se transformaba en una democracia liberal como las de Europa (en caso de que ganara el PP).
Tan absurda me parece una teoría como la otra. Al final, la corrupción se paga políticamente. Puede que no de forma tan rápida como nos gustaría, pero se termina pagando. El PSOE dejó su imagen hecha trizas tras la escandalera de los últimos años de Felipe González y hoy el PP ha perdido casi todo su crédito político entre la ciudadanía.
No negaré que los plazos son extremadamente largos, como, por lo demás, corresponde a un país con niveles muy bajos de lectura de periódicos y de información política. La proliferación de escándalos durante los años de Rajoy no ha acabado con el gobierno de España, como habría pasado en cualquier otra democracia desarrollada, pero ya no hay duda de que está teniendo un coste elevado para el PP.
A muchos nos habría gustado que el castigo electoral a los gobiernos del PP hubiera sido más profundo. Resulta anómalo, por ejemplo, que el PP obtenga el 33% del voto en la Comunidad de Madrid… aunque no debe olvidarse que hace solo cuatro años tenía el 52%. Madrid ha sido pasto de la Gürtel, de la Púnica, de Fundescam, del ático de Ignacio González, del espionaje, de Madrid Network, etc., todo ello bajo la responsabilidad de Esperanza Aguirre, ya fuera como presidenta de la Comunidad de Madrid, ya fuera como presidenta del PP madrileño. Y hoy, a pesar de que mantiene el tipo, el PP es mucho más débil en Madrid que en las anteriores elecciones.
He realizado un ejercicio muy simple para detectar el efecto de la corrupción. Aunque la corrupción ha estado muy extendida por todo el territorio español, creo que no es demasiado controvertido afirmar que las tres comunidades autónomas más podridas han sido Baleares, Madrid y Valencia. Por ello, he calculado cuánto ha perdido el PP en estas tres CCAA frente a las otras 10 en las que se celebraron elecciones. Los resultados aparecen en este gráfico:
El PSOE pide responsabilidades por la corrupción en el PP y Santamaría se abona al ‘y tú más’
En las 10 CCAA en las que la corrupción no ha sido tan exagerada, el PP pierde, por término medio, 11,2 puntos porcentuales de voto, mientras que en las tres CCAA más afectadas por la corrupción, la pérdida es casi el doble, 20,4 puntos. Esta diferencia, además, es estadísticamente significativa a pesar del reducido número de casos con los que contamos. Cuando introducimos otras variables, como el crecimiento de Podemos o la evolución del PSOE, esta división de las CCAA en dos grupos (corruptas y extremadamente corruptas) no produce efecto alguno. Además, cuando se mete en el análisis el diferencial de paro entre 2015 y 2011 por CCAA, el efecto del paro no es significativo con respecto a las pérdidas del PP, mientras que la división entre los dos grupos de CCAA según su nivel de corrupción lo sigue siendo. Y se mantiene también aunque incluyamos los niveles iniciales de apoyo al PP en 2011.
Creo que el PP podría haber amortiguado el efecto electoral de la corrupción si hubiera reconocido el problema y hubiese tratado de poner remedio. ¿Qué habría sucedido si Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre, Alberto Fabra, María Dolores de Cospedal y otros dirigentes del PP hubiesen reconocido que se habían cometido demasiados abusos, hubiesen pedido disculpas por ello, hubiesen colaborado con la justicia aportando toda la información con la que contaban, hubiesen expulsado del partido a los corruptos, hubiesen ellos mismos pedido disculpas a la ciudadanía y hubiesen terminado dimitiendo y dando paso a otra generación dentro del PP? ¿Acaso no tendría mejores perspectivas el partido en estos momentos?
En el PP han preferido aferrarse a la silla, ofender a la ciudadanía con razonamientos ridículos (simulados y en diferido) y mantener la tesis lunática de que la corrupción no existe, que sólo existen unos señores corruptos que se llevan el dinero y que no tienen nada que ver con las estructuras orgánicas del partido. En Madrid, tanto Esperanza Aguirre como Cristina Cifuentes han avalado esta tesis absurda. ¿Qué pensarían ustedes si un capo de la mafia sale diciendo que la mafia no existe, que sólo existen los mafiosos?
En estas elecciones había muchas cosas en juego. Una de ellas era si finalmente la corrupción le pasaría una factura electoral al Partido Popular. Mucha gente en la izquierda venía argumentando que el votante de derechas es completamente insensible a los escándalos de corrupción: según esta teoría, dicho votante otorga un cheque en blanco al PP y le da igual lo que pase después. Ni la evidencia más inapelable sobre robo y abuso de poder le hará cambiar de opinión. La razón de este comportamiento tan extremo estribaría en que el votante del PP aborrece ante todo que el PSOE y la izquierda puedan llegar a gobernar.