Las causas que defienden son reales, científicas, loables y afectan a los derechos humanos reconocidos por, más o menos, todo el mundo. Pero su protagonismo público tiene importantes diferencias.
La sueca Greta Thunberg, con 16 años, se ha convertido en la estrella mundial en la lucha contra el cambio climático. Es la persona más esperada en la Cumbre del Clima que estos días se celebra en Madrid. Greta ha cruzado en catamarán el Atlántico para denunciar el daño medioambiental de los aviones. Ha hablado en innumerables foros, incluyendo la ONU, la Asamblea Francesa o el Parlamento Europeo. Este viernes llega a Madrid, y encabezará la marcha contra el desastre climático. Habrá cientos de periodistas queriendo verla y escucharla. Greta tiene ya innumerables premios y reconocimientos y ha logrado algo indiscutiblemente útil: la conciencia juvenil sobre el enorme desafío que la humanidad tiene por delante. Greta regaña a los políticos con un lenguaje directo y propio. Greta es objeto de las bromas, las chanzas y los insultos de la extrema derecha. Y también de los más templados negacionistas o relativistas que abundan en la derecha moderada. Que no hacen sino engrandecer su causa para la inmensa mayoría que quiere tomarse en serio el desafío climático, científicamente constatado.
La participación de menores en acciones de activismo puede producir sentimientos contradictorios. Los niños deben ser protegidos. Se prohíbe que trabajen, aun con excepciones numerosas. Se les obliga a estudiar y se guarda escrupulosamente su anonimato a menos que sus tutores renuncien por ellos a él. Sin embargo la paquistaní Malala Yousafzai fue premiada con el premio Nobel de la Paz con solo 17 años, después de denunciar a través de la BBC las condiciones extremas del régimen talibán, que le impedían estudiar en libertad. Hace un par de años, Amika George lideró una protesta en Reino Unido contra los precios abusivos de los productos menstruales para mujeres jóvenes. Y con solo 15 años, Jack Andraka movilizó al mundo entero en la lucha contra el cáncer de páncreas.
Con todas las reservas –la vulnerabilidad de los menores, la posible influencia de intereses económicos alrededor de ellos, el daño posible sobre seres humanos aún en formación– esos chavales están más o menos cerca de su mayoría de edad, que suele fijarse en los 18 años. Y están relativamente a salvo de influencias indeseadas en su propia vida. El impacto que pueda producirles la fama y la presión pública, puede ser amortiguado por su entorno y su edad ya adolescente.
No creo que ese sea el caso de Elsa Ramos, la niña trans o, dicho con más propiedad, con disforia de género, que habló el lunes en la Asamblea de Extremadura, en un emotivo discurso en el que reclamaba a los políticos “leyes que reconozcan que las personas somos diversas”. El discurso, muy breve, no fue escrito por ella. Lo escribieron los adultos de la Fundación Triángulo, con la que tiene relación su madre. La niña no acudió al Parlamento regional porque lo decidiera ella, obviamente. Algún partido político tiene que decidir en última instancia quién habla y por qué en un parlamento. Y tiene que emitir la invitación. Esa niña estaba ahí llevada en volandas por adultos y hablando por boca de adultos. Hablando sobre su propia identidad de género con palabras que no eran de ella.
La causa es para mí tan loable como la defensa del planeta frente al desastre climático, la educación de las niñas en Asia o la lucha contra el cáncer o el alto precio de ciertas medicinas. Pero ver a una niña de ocho años en un parlamento hablando de su identidad, aún por definir plenamente, me produjo desasosiego. Celebraría que Extremadura, España y Europa tuvieran leyes que protegieran a los niños y las niñas de los fanatismos religiosos y les permitieran desarrollar su personalidad plenamente. Deseo que cualquier menor tenga los servicios de salud y la asistencia social necesaria para que pueda vivir como se sienta en libertad.
Pero precisamente por eso, habría preferido que alguien protegiera a la pequeña Elsa del monstruo que casi siempre suele ser la voraz e implacable opinión pública.
Las causas que defienden son reales, científicas, loables y afectan a los derechos humanos reconocidos por, más o menos, todo el mundo. Pero su protagonismo público tiene importantes diferencias.