En 40 años de democracia que suma ya España nunca ha sido buen momento para abrir un debate sobre el papel y el sentido de la monarquía. Quizá ahora sea el peor de todos: una pandemia de consecuencias desconocidas, la crisis económica ya encima, el futuro en manos de una Europa que se hace trampas al solitario, etc. Sin embargo, no va a quedar más remedio, guste o no, porque el escándalo que salpica al rey emérito difícilmente puede quedar oculto, aunque la Casa Real decidiera dar un gesto de distanciamiento con Juan Carlos I el 15 marzo, a pocas horas de la declaración del estado de alarma que dejó a la sociedad española en shock.
Tanto es así, que parece que ya nadie duda de que algo habrá que hacer. Principalmente aquellos que, declarándose monárquicos o no, siguen optando por mantener dicha institución. Su principal objetivo, como en ajedrez, pasa por proteger al rey, al actual rey, Felipe VI. El primer movimiento fue el iniciado ese 15 de marzo con esta carta en la que el propio Felipe VI renuncia a la herencia de su padre y anuncia la retirada de la asignación económica procedente de los Presupuestos de la Casa Real. A la vista del cariz que van tomando los acontecimientos, en estos momentos el gesto se ha quedado corto. Es preciso aumentar mucho más la distancia entre ambos. De ahí que se estén planteando opciones que van desde la “renuncia” al título de rey, hasta obligarle a trasladar su residencia a uno de los pabellones de Zarzuela, a residencias de Patrimonio Nacional, o quién sabe si fuera de España, alimentando todos los fantasmas del pasado. Según aquí se cuenta, las negociaciones en Palacio deben ser intensas.
La partida se puede complicar si siguen apareciendo informaciones como el regalo del 60% del viaje de novios de Leticia y Felipe por parte de Josep Cusí, "socio de Juan Carlos I desde principios de la década de 1970", o si no se aclaran todas las dudas que existen sobre si Felipe VI conocía los negocios de su padre, y cómo llegó a ser segundo beneficiario de la panameña fundación Lucum.
Quienes están intentando ayudar a Felipe VI a aislarse de todo esto lo tendrán más difícil en la medida en que no consigan anticiparse a los acontecimientos. Quizá una buena estrategia sería acabar con algunos aislamientos que la Monarquía mantiene y que han conseguido hacer de la Corona algo al margen de las reglas de funcionamiento de las instituciones democráticas y una evidente discrecionalidad sobre los asuntos que le afectan. Así se desprende de la respuesta dada por la vicepresidenta del Gobierno en esta entrevista, al ser preguntada sobre la idoneidad de mantener los títulos y honores de Estado de Juan Carlos I más allá de su abdicación, ante lo que declara: "Eso tiene un paso que es el de la propia normativa de la Casa Real. Es la propia Casa Real quien toma decisiones sobre ello y quien tendrá o estará deliberando en este momento acerca de tomar decisiones relativas a estos asuntos". ¿Puede algo de esta trascendencia quedar al margen de toda institución democrática, Gobierno incluido? Durante años se ha incidido en el delicado equilibrio conceptual que supone la propia idea de Monarquía parlamentaria. Cualquier desliz podría dar al traste con él. Mucho más en un país donde los grupos conservadores se aferran a la literalidad constitucional para imaginar un rey cuyas supuestas funciones políticas —jefe de las Fuerzas Armadas, símbolo de la unidad del Estado, árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones, alto representante del estado español en las relaciones internacionales…— exceden toda lógica democrática.
Claves para resetear (II): Otra vez el ladrillo
Por otro lado, no deja de resultar un tanto llamativo que la familia real esté al margen de normas de comportamiento que los propios representantes públicos se han dado a sí mismos. Por ejemplo, al margen de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno aprobada en 2013. Incorporar a los monarcas al ámbito de aplicación de esta, como apunta el diputado socialista Odón Elorza en este artículo, "supondría para el Jefe del Estado tener que hacer declaración pública de sus bienes y patrimonio, en línea con lo exigido al Presidente de Gobierno, entre otros, en el art.17 de la Ley 3/2015 que regula el ejercicio del alto cargo. Esta buena práctica de rendir cuentas permitiría, además, un control de la fortuna del rey y de su familia". Sería, al menos, un primer paso para abrir el camino a algo parecido a una mínima rendición de cuentas.
De la misma manera, al igual que el CIS pregunta por la valoración de los diferentes líderes políticos, e incluye a "los partidos", "los políticos", etc., entre las preocupaciones de los españoles —en el último barómetro cinco de los diez primeras preocupaciones tenían que ver con la política y los representantes públicos—, es difícil de comprender por qué no hace algo similar con la Monarquía. La última vez que preguntó sobre ella fue hace más de cinco años, poco después de la abdicación de Juan Carlos I.
En definitiva, si el objetivo para los defensores de la Corona española es aislar a Felipe VI de los asuntos turbios que se están conociendo sobre su padre, lo más práctico sería integrarlo en las claves de las democracias del siglo XXI. Tendrían así una oportunidad de actualizar esa peculiar teoría del equilibrio en que se basa la Monarquía parlamentaria.
En 40 años de democracia que suma ya España nunca ha sido buen momento para abrir un debate sobre el papel y el sentido de la monarquía. Quizá ahora sea el peor de todos: una pandemia de consecuencias desconocidas, la crisis económica ya encima, el futuro en manos de una Europa que se hace trampas al solitario, etc. Sin embargo, no va a quedar más remedio, guste o no, porque el escándalo que salpica al rey emérito difícilmente puede quedar oculto, aunque la Casa Real decidiera dar un gesto de distanciamiento con Juan Carlos I el 15 marzo, a pocas horas de la declaración del estado de alarma que dejó a la sociedad española en shock.