La semana pasada la revista catalana Política & Prosa organizó un debate en Lleida para presentar su último número con un dossier especial dedicado a analizar las relaciones de vecindad entre Aragón y Cataluña. Lo hizo en la Cámara de Comercio, moderado por la periodista Montserrat Perera, en un salón de actos abarrotado de profesionales, empresarios, personalidades de la sociedad civil, y representantes de instituciones de esas que parecen pequeñas: ayuntamientos, comarcas… Si a alguien le interesa cómo vemos unas y otros esas relaciones, puede consultar los artículos publicados aquí.
Más allá de este aspecto, parcial pero trascendental para todos los que vivimos por las tierras del Este, una idea sobrevoló aquel salón de actos que reunía sensibilidades, ideologías y pareceres diversos. Como planteó uno de los intervinientes desde el público, a la sociedad civil, a los empresarios y empresarias, a los vecinos y vecinas y al tejido plural y diverso que la compone, es a los primeros a los que interesa restablecer unas relaciones que históricamente han sido fuente de enriquecimiento mutuo –en todos los sentidos– y “recoser” las costuras que el procés abrió. En lógica democrática, si a la sociedad le interesa eso, es de suponer que primará en las urnas a aquellas fuerzas políticas que, dentro de cada espacio ideológico –derechas, izquierdas, indepes y no indepes–, defiendan las posturas más tendentes al acuerdo. Así pasó ya el 14 de febrero de 2021 en las últimas elecciones catalanas y, si las encuestas no fallan, así seguirá ocurriendo.
¿Por qué la derecha tiene un concepto tan pequeño y estrecho de España? ¿Por qué proclama que Cataluña, el País Vasco u otros territorios de “la periferia” son y deben ser parte de una nación única obviando a quienes no defienden su modelo de España?
En este contexto resulta asombrosa la beligerancia con la que buena parte de los dirigentes conservadores de PP, Ciudadanos y Vox reaccionan ante medidas que tienen como objetivo ir acercando posturas en las relaciones entre posiciones ideológicas diferentes sobre el modelo de organización territorial del Estado. Lo hicieron respecto a los indultos a los dirigentes del procés y lo vuelven a hacer en el debate sobre la reforma del delito de sedición, que no apoya sólo el Gobierno sino todo el bloque de la investidura, y que sigue la estela jurídica de las regulaciones en otros países europeos. Tanto es así, que es posible que sea precisamente esta reforma la que facilite la extradición de Puigdemont a España para ser juzgado.
Más allá del debate jurídico, no sólo legítimo y necesario, sino también de sumo interés para perfilar con precisión delitos muy relevantes como los que se plantean (y que aconsejaría no abordar la reforma por procedimientos de urgencia), resulta llamativa la virulencia de la reacción, desde el “traidor” de Santiago Abascal, hasta la llamada a la rebelión de los socialistas por parte de Feijóo. Insisto, más allá de los aspectos jurídicos, que ojalá se puedan abordar con rigor en el debate público, una pregunta asoma: ¿por qué la derecha tiene un concepto tan pequeño y estrecho de España?, ¿por qué proclama que Cataluña, el País Vasco u otros territorios de “la periferia” son y deben ser parte de una nación única e indivisible, pero luego obvia a quienes no defienden su modelo de España? ¿Qué quiere hacer esa misma derecha con los 2.429.134 ciudadanos que en las últimas generales votaron opciones nacionalistas en Cataluña, País Vasco y Galicia? ¿Y con los otros 3.678.474 que lo hicieron por Unidas Podemos y Más País? ¿Cómo propone resolver los conflictos allí donde su presencia electoral, y por tanto institucional, se ha hecho irrelevante?
Ni Ciudadanos, ni el Partido Popular, ni por supuesto Vox, han parecido entender en todos estos años que la España real es plural y diversa, con posiciones que difieren en la forma de organizar el Estado, y que la esencia de la política es ir buscando caminos que lleven a puntos de encuentro que permitan una convivencia de calidad. Quienes apoyan opciones unilaterales de independencia, como quiso hacer creer el procés, cada vez son menos, pero eso no significa que una parte muy importante, probablemente en torno a la mitad de los catalanes y catalanas, quieran mantener una relación diferente con el resto de España, al igual que vascos y navarros plantean un modelo distinto. España, la España actual, también son ellos. También son los indepes, o los federalistas de todos los colores, los que ven en el cupo un principio confederal y quienes, sin cambiar en exceso el status quo, optarían también por reformarlo. Esa es la España grande, ancha y robusta que hoy tenemos. Quienes se empeñan en negarla están apostando, en el fondo, por una España pequeña, estrecha… e irreal.
La semana pasada la revista catalana Política & Prosa organizó un debate en Lleida para presentar su último número con un dossier especial dedicado a analizar las relaciones de vecindad entre Aragón y Cataluña. Lo hizo en la Cámara de Comercio, moderado por la periodista Montserrat Perera, en un salón de actos abarrotado de profesionales, empresarios, personalidades de la sociedad civil, y representantes de instituciones de esas que parecen pequeñas: ayuntamientos, comarcas… Si a alguien le interesa cómo vemos unas y otros esas relaciones, puede consultar los artículos publicados aquí.