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Empieza a hacer fortuna el término sindemia, es decir, la confluencia de varias pandemias que comparten factores sociales y que coexisten en tiempo y lugar, interactuando entre sí y amplificando sus efectos. Por ejemplo, las altas tasas de enfermedades crónicas, los accidentes cerebrovasculares, la obesidad o el tabaquismo, junto con los riesgos medioambientales, han provocado un aumento de las muertes por el covid-19, sobre todo entre la población más vulnerable. Solo faltaría que a esto se sumase una crisis de corrupción.
Esto es lo que afirma Delia Ferreira, presidenta mundial de Transparencia International, con motivo de la presentación esta semana del Informe de Percepción de la Corrupción 2020: “El covid-19 no es solo una crisis sanitaria y económica: es una crisis de corrupción. Y no la estamos superando”. Y agrega: “Hasta donde alcanza la memoria, ningún año ha puesto a prueba a los gobiernos como el que ha pasado, y aquellos que tienen los niveles más altos de corrupción han demostrado menor capacidad para afrontar el reto. Pero incluso los países que ocupan los primeros puestos del índice tienen la obligación urgente de reconocer su papel en perpetuar la corrupción dentro y fuera de sus territorios”. Efectivamente, los estados con mayores problemas de corrupción son al mismo tiempo los que más dificultades están teniendo para gestionar la pandemia. También en este caso confluyen otros factores que obstaculizan, sin duda, el abordaje de la crisis. Una auténtica sindemia.
Respecto a España, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) –que se elabora recogiendo opiniones de empresarios y especialistas sobre los niveles de corrupción en el sector público– refleja la misma puntuación obtenida en 2019, cuando pasó de los 58 puntos positivos sobre 100 (obtenidos en el IPC 2018) a 62 sobre 100, mejorando claramente su posición en el ranking. Con el resultado de este año, 2020, España se mantiene de momento en una situación de aparente estabilidad, en el puesto 31 entre un total de 180 países: un escalón por encima de Portugal y Corea del Sur, y uno por debajo de Bahamas y Qatar.
El informe deja en evidencia que la corrupción en España, mejor dicho en la administración pública española, aunque probablemente no exista en los términos de hace una década, continúa percibiéndose como un problema grave, al menos por parte de empresarios y expertos. Es sabido que la percepción de la corrupción no coincide temporalmente con los momentos en que se produce, sino cuando sale a la luz, pero alarga sus efectos en el tiempo.
Entre 2012 y 2018, la calificación de España cayó siete puestos. Fue un momento crítico en el que las dificultades económicas y el empobrecimiento de buena parte de la sociedad coincidieron con la eclosión de escándalos y casos investigados por los tribunales. El año 2019 dio lugar, como se ha dicho, a una mejora que se ha mantenido en 2020. No es difícil deducir el claro mensaje que la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy –sentencia mediante– transmitió a la sociedad. El puñetazo en la mesa que dieron partidos políticos, que hasta ese momento nunca imaginaron coincidir en cuestiones estratégicas, tuvo un enorme peso en la opinión pública, en la percepción de las élites y los expertos, y en la vida política. Fue una especie de “hasta aquí hemos llegado”.
No odia quien quiere, sino quien puede
Sin embargo, poco se ha hecho por continuar avanzando por la misma senda que conduzca a una menor percepción de la corrupción y nos aproxime a los estados más “limpios”. Por eso ahora da más rabia, si cabe, que una mezcla de pícaros, ilusos y necios, como alude Luis García Montero en su columna en referencia quienes se han saltado el orden de la vacunación, vuelva a devolver a los españoles esa percepción de país de granujas. Por supuesto no son comparables unas cosas y otras, pero tanto en la gestión de la pandemia como de la vacunación, la política española se presenta al gran examen de la confianza ciudadana. Y de momento las notas no son buenas. Así que cualquier desvío, grande o pequeño, puede hundirla en un suspenso que abra las puertas a la anti-política, palanca que activa los peores populismos totalitarios.
La siguiente prueba será la gestión de los fondos europeos. El decreto salvado in extremis gracias a la repentina conversión de Vox en partido sistémico tras la incomprensible negativa de Ciudadanos, plantea estructuras y procedimientos novedosos que requieren de la máxima transparencia, control y rendición de cuentas.
Son momentos críticos y definitivos para evitar que una nueva pandemia, la de la corrupción, acabe confluyendo con todas las que ya existen y amplifique los efectos de la sindemia.
Empieza a hacer fortuna el término sindemia, es decir, la confluencia de varias pandemias que comparten factores sociales y que coexisten en tiempo y lugar, interactuando entre sí y amplificando sus efectos. Por ejemplo, las altas tasas de enfermedades crónicas, los accidentes cerebrovasculares, la obesidad o el tabaquismo, junto con los riesgos medioambientales, han provocado un aumento de las muertes por el covid-19, sobre todo entre la población más vulnerable. Solo faltaría que a esto se sumase una crisis de corrupción.