Es hora de superar el estado de perplejidad

Ya hemos aprendido que la Historia no se desarrolla siguiendo una línea recta dirigida hacia un mayor progreso y bienestar. Quizás ahora se nos manifieste tal fenómeno con especial claridad, porque estamos en una de esas fases de reacción que tan bien describe Joaquín Estefanía en su reciente Revoluciones. Cincuenta años de rebeldía (1968-2018), cuando dice: “A cada Mayo del 68 le ha sucedido un Mayo del 68 en sentido inverso; a cada avance progresista, una revolución conservadora; a la formación de una izquierda alternativa, la creación de una nueva derecha neocon; a cada paso socialdemócrata, una oposición neoliberal”.

En España vivimos un doble momento reaccionario: el del resto del mundo, consistente en una ofensiva neoliberal dispuesta a arrasar con cualquier propuesta igualitaria y redistributiva; y el nuestro, el propio, el de una derecha pasando cuentas de lo que considera que cedió y perdió en la Transición del 78. Pensamos que había cosas que no volverían jamás, y espacios de la libertad que ya no sería necesario reivindicar. Ahora vemos cómo todo esto era mentira y no podemos por menos que declararnos perplejos, mientras los que van avanzando posiciones se aprovechan de esta perplejidad generadora de parálisis.

En este contexto es en el único que se me ocurre explicar cómo desde el Gobierno de un pretendido Estado laico se tiene la osadía y la provocación de violar el más mínimo sentido de la ética y de la estética enviando a cuatro de sus ministros a presidir la procesión de los legionarios, con canto del  himno incluida, tras haber decretado las banderas a media asta en señal de duelo por la muerte de Cristo. Y lo hacen, pese al tirón de orejas del Defensor del Pueblo, con el informativo de TVE-1 a su servicio glosando el simbólico acto mientras mienten aludiendo a una supuesta tradición, que un católico como José Bono, en alusión a los tiempos en que fue ministro de Defensa, ha desmentido categóricamente.

Sería interesante saber qué opina el Tribunal Constitucional de estos hechos. Según recuerda el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, Marc Carrillo, en este artículo de Agenda Pública, el alto tribunal mantiene una interpretación sobre la libertad religiosa, el principio de igualdad y la posición del Estado al respecto, según la cual, “[…] el principio de libertad religiosa reconoce […] el derecho de los ciudadanos a actuar en este campo con plena inmunidad de coacción del Estado y de cualesquiera grupos sociales, de manera que el Estado se prohíbe a sí mismo cualquier concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto de actos o de actitudes de signo religioso, y el principio de igualdad, que es consecuencia del principio de libertad en esta materia”. Tan seguidores del Constitucional en unos temas, y tan alejados de él en otros.

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Es posible que sea también ese aprovecharse de la perplejidad lo que explique la manera que está teniendo el Gobierno del Partido Popular, en clara pugna con Ciudadanos, para ver quién es más recentralizador a la hora de gestionar el asunto catalán. Y no me refiero sólo a los años de inacción dejando que el problema se pudriera en espera de réditos electorales en el resto de España que, por cierto, se han desvanecido ante la irrupción de una nueva derecha. Estoy aludiendo a la manifiesta incapacidad para darle una salida política al modelo de Estado, parapetados tras unos tribunales que han traspasado ya en varias ocasiones la línea de lo admisible y a los que se ha situado en medio de la escena hasta el punto de ocuparla entera y sacar de ella a la política. Los últimos plenos en el Parlament así lo han dejado ver: independientemente de la opción ideológica o de la apuesta por una u otra salida, volvió a dejarnos perplejos comprobar cómo el desbloqueo de la situación será imposible porque la judicialización continua y exclusiva del conflicto no deja espacio a ningún movimiento político. ¿O acaso las posibilidades de acuerdos y desacuerdos serían las mismas si no se hubiera encarcelado a buena parte de los protagonistas del procés con argumentos cuestionables y cuestionados por buena parte de los juristas? Jamás hubiésemos pensado que en la España del siglo XXI, tras cuarenta años de Constitución y Estado de las autonomías, habiendo sido capaces de acabar con situaciones mucho más complejas como la que atravesó el País Vasco hasta hace bien poco, el Gobierno de una democracia europea fuera capaz de gestionar –mejor dicho, de no gestionar– así un conflicto de naturaleza política.

En el resto de Europa nos miran con atención y sucumben también a la perplejidad, como manifestó The Guardian en relación con el asunto de las banderas a media asta para conmemorar la Semana Santa, como están debatiendo en Alemania sobre la extradición de Puigdemont, o como claman los editoriales de las principales cabeceras internacionales por una salida política al conflicto catalán. Basta con echar un ojo a este editorial del New York Times, o a este manifiesto que ayer publicaban un grupo de políticos e intelectuales portugueses de distintas sensibilidades progresistas, entre los que se encuentran representantes socialistas, para hacerse a la idea. Todo esto también es “marca España”.

Vivimos perplejos, sí, por muchas cosas: si levantamos la mirada, encontraremos entre ellas una ofensiva global neoliberal de enorme dimensión, la irrupción de tecnologías que están cambiando ya radicalmente nuestras formas de vivir, de trabajar, de producir, de consumir; un cambio climático que nos está haciendo repensar absolutamente todo; la pérdida de utilidad de buena parte de las categorías teóricas que nos ayudaban a entender y explicar la vida, etc. Y en este contexto, volviendo de nuevo la mirada a España, una reacción conservadora de enorme magnitud que creímos que, al menos en estos términos, ya no tendría lugar. Va siendo hora de superar el estado de perplejidad.