Una de las piezas claves del manual trumpista es conseguir crear un totum revolutum para que la opinión pública meta todo, y a todos, en el mismo saco. De los creadores de “todos los políticos son iguales” se han ido presentando luego nuevas y destructivas realizaciones: “todos los periodistas mienten”, “todos los políticos se retuercen en el lodazal de la bronca continua en el Congreso” y “todos los partidos son corruptos”. De ahí la necesidad, hoy más urgente que nunca, de diferenciar entre unos y otros. Para ello, hay que encontrar criterios que ayuden a objetivar y nos vacunen de los sesgos de confirmación, esos que hacen ver la paja en el ojo ajeno mientras nos impiden percibir la viga en el propio.
Estos días nos brindan muchos ejemplos. En los trabajos que se han venido haciendo sobre el 11M se ha visto claramente que no todos los periodistas se dejan atrapar por las redes del poder ni todos compraron la teoría de la conspiración, mucho menos cuando empezaron a surgir indicios y pruebas que apuntaban en una dirección distinta a la que pretendía indicar e imponer el Gobierno de ese momento. Incluso medios conservadores, como el ABC que entonces dirigía José Antonio Zarzalejos, pese a las primeras portadas llenas de dudas, continuaron investigando hasta esclarecer los hechos. Algunos, el propio Zarzalejos en el libro de Víctor Sampedro Voces del 11-M (Planeta) o Jesús Ceberio –entonces director de El País– en La Llamada (Debate) lo han ido contando en publicaciones que han visto la luz las últimas semanas. En efecto, la diferencia entre unos medios y otros, o mejor dicho, entre unos periodistas y otros, es el sentido de la honestidad, de la búsqueda de la verdad, y de eso que Iñaki Gabilondo publicó alguna vez al referirse a la relación que debía establecerse entre periodistas y políticos como “la distancia del puercoespín”: suficientemente cerca para darse calor, pero suficientemente separados para no clavarse las espinas mutuamente. De ello depende la credibilidad de quienes se dedican profesionalmente a la información, y, como ustedes saben, no, no son lo mismo.
En estos tiempos veloces de confusión, giros de guión, cambios de escenario continuos y sorpresas diarias, es importante hilar fino y con precisión para que quienes interesadamente pretenden hacer creer que todos son iguales no se salgan con la suya
Se acusa a los líderes políticos de convertir algunas escenas, sobre todo las de los primeros minutos de las sesiones de control del Congreso, en un lodazal y una bronca permanente, y es cierto, pero conviene también diferenciar. No es lo mismo construir una estrategia de oposición de “pelotazo p´arriba”, trazo grueso, negarse a debatir leyes ni cuentas sin ni siquiera conocerlas, acusar al Gobierno de ilegítimo desde el día que toma posesión, al presidente de “corrupto político” por haber accedido a la presidencia con socios que piden una amnistía, etc… que dejarse arrastrar por la misma dinámica, pasando al contraataque con similares tácticas, sin tener en cuenta que, en la bronca, el electorado castiga tradicionalmente más a la izquierda que a la derecha, y que la crispación política hastía, aburre y desmotiva a los progresistas mientras moviliza a los conservadores. Además, se da pábulo a la estrategia inicial alimentando el “todos son iguales” en un círculo vicioso sin salida. El resultado es nefasto para todos, sobre todo para la democracia.
Tampoco son lo mismo los casos de malas prácticas, corruptelas o corrupción que van apareciendo estos días en los medios de comunicación. Ninguna organización, y menos los partidos que manejan más poder, están a salvo de tener un escándalo en sus filas. La diferencia es cómo reaccionan ante él. En el “caso Koldo”, la respuesta del PSOE fue inmediata: apertura de expediente, suspensión cautelar de Ábalos en el partido y solicitud del acta de diputado, que acabó con él en el Grupo Mixto. El colofón, la votación a favor de la creación de una comisión de investigación en el Congreso. En el caso de la pareja de Ayuso, la reacción del PP ha sido la contraria: negación de las evidencias y respaldo –hasta la fecha– sin fisuras de los dirigentes populares. Se aduce que es un caso privado de la pareja de la Presidenta, que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid.
¿Sería entonces lícito pedir responsabilidades a todo cargo público por lo que sus allegados, familiares o parejas pudieran hacer? Nuevamente, no es lo mismo en unos casos o en otros. Depende de si ese cargo público se ha beneficiado o no del resultado del presunto delito, de si ha tenido algo que ver facilitando su consecución –en cuyo caso hablaríamos ya en otros términos–, y si compromete la ejemplaridad que todo cargo público debe tener. En esta ocasión se trata de un presunto delito fiscal, cuestión clave para cualquier político, que debería tener como principio inamovible, más allá de su opción ideológica, la defensa de la hacienda pública.
En estos tiempos veloces de confusión, giros de guión, cambios de escenario continuos y sorpresas diarias, es importante hilar fino y con precisión para que quienes interesadamente pretenden hacer creer que todos son iguales no se salgan con la suya. No es accidental, forma parte de un plan conocido popularmente como trumpismo.
Una de las piezas claves del manual trumpista es conseguir crear un totum revolutum para que la opinión pública meta todo, y a todos, en el mismo saco. De los creadores de “todos los políticos son iguales” se han ido presentando luego nuevas y destructivas realizaciones: “todos los periodistas mienten”, “todos los políticos se retuercen en el lodazal de la bronca continua en el Congreso” y “todos los partidos son corruptos”. De ahí la necesidad, hoy más urgente que nunca, de diferenciar entre unos y otros. Para ello, hay que encontrar criterios que ayuden a objetivar y nos vacunen de los sesgos de confirmación, esos que hacen ver la paja en el ojo ajeno mientras nos impiden percibir la viga en el propio.