Hace unos días, la noticia de la destitución de Fernando Garea como director de la Agencia EFE generó un revuelo tanto entre los profesionales de los medios de comunicación como en buena parte de la opinión pública. Más allá del hecho en sí y de su pésima gestión por parte de Moncloa, como describe Ramón Lobo en este artículo, merece la pena detenerse en una de las frases que el propio Garea escribió en la carta dirigida a la redacción: "Una agencia pública no es una agencia del Gobierno", y añadió: "Como dice el Estatuto de la Redacción: «EFE es propiedad de la sociedad en su conjunto»".
El debate sobre cómo se relaciona lo público con lo gubernamental ha sido uno de los más vivos en las últimas décadas en las ciencias sociales por lo que su respuesta supone de concepción de la democracia y del papel que los gobiernos, la oposición y la sociedad civil juegan en ella. En España, como es obvio, el asunto está muy marcado por la historia reciente. Lo decía ya Subirats en 1999: "el tradicional alejamiento, extrañeidad, entre estructuras institucionales, sociedad política y sociedad civil, esa peculiar dependencia social del Estado que venía acompañada de una arraigada (y sin duda justificada) desconfianza de lo público, ha dejado secuelas en nuestra forma de entender el espacio de lo público, de lo civil, que no se han resuelto en el vigente periodo democrático".
Esas secuelas habitualmente se han dejado sentir en instituciones poco proclives a la participación, y su correlato, las debilidades de una sociedad civil poco propensa a implicarse en los asuntos públicos y con dificultades para crear un tejido ciudadano fuerte y cohesionado, pero no es la única consecuencia. La herencia de la dependencia social del Estado y de desconfianza en lo público va más allá, actúa también en la otra dirección, y se plasma en la permanente tentación de los gobiernos de ocupar de forma inequívoca y en solitario todos los espacios, incluso aquellos que para existir necesitan tener garantizada su independencia y estar sometidos al escrutinio de la pluralidad.
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Es difícil encontrar ejemplos en los que gobiernos españoles hayan sabido discernir hasta dónde lanzar sus tentáculos y cómo comportarse en espacios de la administración pública que escapan a la pura y dura acción gubernamental. En España, entre otros, la Agencia EFE, RTVE y por supuesto el CIS. Una agencia de noticias al servicio de un gobierno, como decía Garea en su carta, no puede cumplir con los mínimos principios éticos de independencia exigibles a los medios de comunicación, exactamente igual que ocurre con RTVE (no es casualidad, por cierto, que la BBC, conocida y halagada por su independencia del gobierno de turno, sea foco de la ira de Boris Johnson). De la misma manera, entidades como el CIS podrán hacer su trabajo con éxito en la medida en que estén a salvo de cualquier injerencia, de lo contrario, los intereses de unos u otros contaminarán la investigación y por tanto, a la propia institución. Para garantizar esa independencia hay muchos instrumentos y bastante conocidos. Desde la elección de las personas responsables de estos entes por parte del Parlamento, como el propio Garea propuso en un documento en 2018 a todos los grupos políticos y como ha venido reivindicándose históricamente, hasta que existan órganos de control y transparencia con participación no sólo de la oposición, sino también de la sociedad civil.
Otra de las consecuencias de esta concepción de la administración como pertenencia exclusiva del gobierno de turno es un fenómeno llamativo – cuando menos– que la sociedad española ha normalizado sin aspavientos: la sustitución de altos cargos y cargos intermedios cada vez que cambia el gobierno. Los nuevos gestores desconfían de cualquiera que haya trabajado para un gobierno de otro signo y, por citar un ejemplo, llegan a relevar no solo a los directores de los hospitales públicos –que ya de por sí es altamente cuestionable– sino incluso a los responsables de sus laboratorios. Según el estudio de la OCDE Government at a Glance 2017, España es, junto a Turquía y Chile, el país que más cargos cambia con la llegada de un nuevo gobierno. Estos movimientos minan la confianza en una Administración que se entiende como propiedad del ejecutivo y no del conjunto de la sociedad, ponen en tela de juicio la solvencia técnica y la capacidad de muchos de sus gestores, y, como muestran Victor Lapuente y Carl Dahltröm en su trabajo Organizando el Leviatán (Deusto), favorecen fenómenos de corrupción.
El debate sobre la relación entre lo público y lo gubernamental no es nuevo ni sencillo, pero en España va siendo hora de empezar a superarlo sacudiendo las rémoras que dejaron otros tiempos. ¿No va a aportar nada en este sentido el primer Gobierno de coalición de nuestra democracia?
Hace unos días, la noticia de la destitución de Fernando Garea como director de la Agencia EFE generó un revuelo tanto entre los profesionales de los medios de comunicación como en buena parte de la opinión pública. Más allá del hecho en sí y de su pésima gestión por parte de Moncloa, como describe Ramón Lobo en este artículo, merece la pena detenerse en una de las frases que el propio Garea escribió en la carta dirigida a la redacción: "Una agencia pública no es una agencia del Gobierno", y añadió: "Como dice el Estatuto de la Redacción: «EFE es propiedad de la sociedad en su conjunto»".