Renta básica, renta mínima y el ingreso mínimo vital que prepara el Gobierno

Las crisis, además de provocar problemas y procesos nuevos, tiene un extraordinario poder para acelerar otros que venían de atrás. Es lo que está pasando con el proyecto de ingreso mínimo vital que prepara el Gobierno, propuesta ya recogida en el programa acordado por PSOE y UP, y que sigue la estela del debate sobre rentas básicas y rentas mínimas magistralmente reflejado en este número de la revista DIECISIETE editado en octubre de 2019 y coordinado por el Ingeniero y experto en la materia Victor Gómez Frías y el catedrático de economía y ex–Rector de la UNED Juan A. Gimeno. El asunto cobra especial importancia si se tiene en cuenta que, como dice aquí el profesor Antón Costas, "España es el único país europeo que no tiene una prestación pública que cubra el riesgo general de pobreza. Un sistema de garantía de ingresos mínimos contra la pobreza es, por así decirlo, la pieza de cierre del modelo social europeo que impide que cualquier persona que no tiene derecho a los otros beneficios se quede a la intemperie".

Para entender el debate y el punto donde nos encontramos es importante clarificar conceptos que a menudo se confunden. Ni renta básica y renta mínima son sinónimos ni existe un único modo de diseñar ninguna de ellas.

La renta básica es una prestación incondicional y universal, es decir, dirigida a toda la ciudadanía –incluso residentes– sin ningún tipo de condición, requisito personal ni asunción de obligaciones. Personas ricas, pobres, que buscan empleo o que no lo hacen, todas ellas percibirían en principio la misma cantidad. Se trata de una renta concebida como un derecho, y no como una prestación, por lo que supone pasar de la lógica de la solidaridad a la lógica de los derechos. Además de garantizar un mínimo de ingresos al conjunto de la sociedad y ayudar a paliar la pobreza, una renta así tiene efectos, según señalan quienes lo han estudiado a fondo, que van desde el incremento de la cohesión social hasta una mejora de las condiciones laborales al aumentar el poder de negociación de los trabajadores por tener unos mínimos asegurados, pasando por otros muchos como los que señala Victor Gómez Frías en este artículo.

Según señala Juan A. Gimeno, catedrático de economía, en este artículo, "una renta automática e incondicionada que favoreciera fundamentalmente a las personas de menores recursos y en riesgo de exclusión social, y de forma decreciente al resto de la población, es una política probablemente más eficaz y eficiente para luchar contra la pobreza que la maraña de políticas existentes. Por ello, es recomendable su implementación".

Defensores de la renta básica los hay desde visiones progresistas y conservadoras, dado que su idea de fondo encaja bien con perspectivas que van desde el ecologismo y su búsqueda de un nuevo modelo social, hasta el liberalismo preocupado por la eficacia y la tolerancia, si bien sus argumentos distan notablemente entre sí, como señala Daniel Raventós en este artículo.

Desde una visión de izquierdas la crítica más común procede de la eliminación de la progresividad en la recepción de este ingreso, lo que hace que las rentas más altas puedan percibir la misma cantidad que los que no tienen nada. Sin embargo, como señalan sus defensores, la encargada de garantizar la progresividad es la política fiscal, por lo que la renta básica, junto con un sistema impositivo que garantizara la progresividad, podría desplegar todos sus efectos positivos. Según cálculos efectuados por Javier Oyarzábal, Juan A. Gimeno y Victor Gómez Frías, una renta básica de 430€ junto a tipo único del IRPF del 30% hace que el 20% más rico tenga un saldo neto negativo y todos los demás ganen algo pero más los más pobres.

Aunque esta propuesta no es nueva y cuenta ya con años de recorrido teórico, no hay que olvidar que la renta básica no se ha practicado aún en ningún país, aunque se ha intentado aproximar con algunos experimentos, que topan con la dificultad de poder comprobar los efectos de una renta cuando se sabe que se ha implantado de forma temporal, por lo que difícilmente podrá tenerse en cuenta en decisiones de futuro de los beneficiarios.

Concepto muy distinto, aunque a menudo se confundan, es el de renta mínima. Mientras, como se ha señalado, la renta básica se concede de manera automática a toda la población, la renta mínima es una garantía de ingresos destinada a cubrir un mínimo o complementar a quien no alcanza ese nivel, y además suele ir acompañada de condiciones de actividad. El catedrático de economía Juan A. Gimeno la define de forma clara y concreta en este artículo de muy recomendable lectura: "Los programas de rentas mínimas consisten en prestaciones económicas que buscan garantizar que toda persona cuente con ingresos suficientes para vivir dignamente, al menos en niveles de subsistencia. Normalmente, no exigen cotización previa, por lo que se denominan asistenciales, frente a las contributivas. Son prestaciones condicionadas a la demostración tanto de situación de necesidad del potencial beneficiario (o/y de su familia) como de esfuerzos activos por encontrar trabajo, de una forma u otra".

Las visiones críticas de este planteamiento apuntan que, aunque tanto la renta mínima como la básica permiten escapar de la pobreza, sin embargo la mínima genera una "trampa de pobreza" evidente. Entre los requisitos más habituales para la percepción de la renta mínima está su incompatibilidad con la obtención de cualquier empleo o de otros ingresos por otras vías. No es difícil imaginar, como se ha comprobado ya de forma empírica, que esta condición se convierte en un desincentivo al empleo y un estímulo a la economía sumergida, sobre todo en un contexto de deterioro del mercado laboral, con inestabilidad, precariedad y salarios bajos. Los perceptores de estas rentas mínimas condicionadas se encuentran en estos casos ante la endiablada situación de decidir si aceptar una oferta de empleo que puede resultar en un empeoramiento de su situación, o rechazarla y continuar cobrando la prestación.

Por otro lado, una renta mínima sujeta a condicionalidad conlleva necesariamente costes de gestión muy altos, tanto para la administración pública como para los beneficiarios, sometidos a innumerables controles y trámites administrativos. En España, además, la existencia de múltiples programas complica la burocracia en los distintos niveles de la administración. El hecho de que todas estas prestaciones sean condicionadas, generalmente a situaciones de pobreza y a otros requisitos específicos de cada programa, exige verificar que las personas solicitantes cumplen realmente con cuanto se prevé en la normativa concreta. Una vez superada la admisión y concedida la ayuda, se mantiene el control periódico de las condiciones, con especial atención a los ingresos de la unidad familiar beneficiaria, para ratificar que se mantiene la legitimidad de acceso.

Aclaradas las diferencias entre renta básica y renta mínima, estamos ya en condiciones de entender mejor el ingreso vital mínimo que estos días está ultimando el Gobierno de España, con sus peculiaridades. Para ello, hay que partir de la caracterización recogida en el informe elaborado por la Airef, siendo su director el actual Ministro de Inclusión y Seguridad Social, Jose Luis Escrivá, al calor de la ILP presentada por CCOO y UGT en febrero de 2017: "En España existe un sistema de ingresos mínimos fraccionado y que presenta disparidades territoriales, puesto que las rentas mínimas de las comunidades autónomas (CCAA) son el único instrumento no categórico que ofrece protección frente al riesgo general de pobreza. Adicionalmente, se observan unos niveles reducidos de eficacia en términos de redistribución, lo que también implica poca efectividad a la hora de reducir las tasas de pobreza. Por otra parte, también implican un desincentivo a la participación en el mercado laboral, que se mitiga en aquellos casos que permiten compatibilizar prestación y empleo".

En dicho informe se recomienda el diseño de una renta mínima estableciendo tramos de renta para los hogares pobres, pero focalizando la ayuda en la pobreza severa. Además, se plantea eliminar los requisitos relativos a la situación laboral de los beneficiarios, y hacer la prestación compatible con el empleo, así como "evitar discontinuidades en la cuantía de la prestación, alcanzando un equilibrio entre la equidad y la sencillez en el diseño". Estas medidas se acompañan en dicho informe de otras sobre diseño institucional destinadas a mejorar la coordinación y transparencia de las políticas públicas, y un tercer bloque dirigido a asegurar la eficiencia y coherencia con la política fiscal.

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La propuesta que, por lo que se va conociendo, baraja hoy el Gobierno incorpora muchos elementos de los descritos en el informe de Airef. Según afirma el Secretario de Estado de Derechos Sociales Nacho Álvarez en esta entrevista, el objetivo es que "sea una red de seguridad para todas las personas que en esta crisis se están quedando fuera de los ERTE y de los subsidios por desempleo". No obstante, su planteamiento parece que no va a ser temporal para cubrir los aspectos más acuciantes durante la crisis, sino que se concibe con vocación de permanencia. Además, al igual que se plantea en el informe de la AIREF, se trataría de un ingreso compatible de alguna forma (aún no está claro cómo) con ingresos laborales, de manera que se evitase la trampa de la pobreza antes descrita. Por otro lado, su diseño está pensado no tanto para personas como para familias, teniendo en cuenta el número de hijos y su índice de pobreza, hasta desplegar 12 tipologías distintas. El coste total se estima en cerca de 5.500 millones de euros anuales, que se irá rebajando a lo largo del tiempo, a medida que la renta mínima vaya absorbiendo otras ayudas sociales, algunas a cargo de las Comunidades Autónomas.

Como puede comprobarse, la propuesta en la que trabaja el Gobierno tiene como punto fuerte su vocación de permanencia, algo para lo que parece haber llegado el momento. Pretende paliar la trampa de la pobreza haciendo posible cierta compatibilidad de percepción del ingreso mínimo vital con otros ingresos y es consciente de la necesidad de imbricar la nueva medida en el complejo mapa de prestaciones similares que existe en España. Sin embargo quedan por despejar incógnitas que no son menores. ¿Cómo se va a garantizar la inmediata efectividad de la medida en un momento en que una parte de la población necesita esos ingresos de forma urgente? ¿Qué se va a articular para evitar que se disparen los costes burocráticos y de gestión? ¿Cómo se va a hacer visibles a los invisibles; es decir, a aquellos colectivos que no aparecen en las estadísticas, a menudo personas "sin papeles", y muy frecuentemente mujeres con menores a cargo?

Las grandes crisis, y todo indica que estamos en una de ellas, son también momento para las grandes decisiones. Implantar ahora un sistema de renta básica sin condición alguna supondría completar el sistema de protección social en España en la línea de lo que apuntaba más arriba Antón Costas, eliminar costes burocráticos, garantizar una renta para todos los hogares, y lo que es más importante, pasar en materia de protección social de un enfoque asistencial a otro de derechos. Todo un salto cualitativo acorde a la altura del desafío.