Plaza Pública
La falacia del francotirador en la diana política
“La clase política está en el momento de peor valoración desde la época del GAL”. Así titulaba el diario El Mundo en mayo del 2010 en referencia a los últimos avances de resultados del CIS, que recogía a la “clase política” como uno de los principales problemas de los ciudadanos, justo por detrás del paro y la situación económica. Aquella noticia se completaba con el testimonio de un ex director del CIS, Ricardo Montoro, que interpretaba dichas estadísticas de la siguiente manera: “Cuando estallan crisis de corrupción vinculadas a la política, la gente ve confirmada su idea inicial de que los políticos no son de fiar". Y es que por aquella fecha se había levantado el secreto de sumario del caso Gürtel.
Del Gürtel del 2010 a los papeles de Panamá papeles de Panamádel 2016 median seis años de estadísticas donde la llamada “clase política” se ha ido consolidando en el prestigioso podio de los temas que más preocupan a la ciudadanía. Si a esto le añadimos los cientos de titulares y espacios informativos dedicados a la corrupción política, parecería, aplicando la llamada falacia Post hoc ergo propter hoc, que en España se han tenido que repetir las elecciones a causa de la corrupción política. Y lo cierto es que no es así. La corrupción es un tema incluido en la agenda política pero no es la causa del intento frustrado de formar gobierno. Hago alusión a ello en relación al tratamiento informativo que hacen los medios de comunicación sobre los casos de corrupción, ya que “existe una elevada correlación entre los temas a los que dan importancia los medios de difusión y los que interesa a sus audiencias”, como explica López Escobar al desarrollar el concepto de Agenda Setting.
El sociólogo, y diputado socialista, José Andrés Torres Mora, refleja de forma bastante inteligente esta relación en un artículo que lleva por título "Sexo y corrupción política" . En estas líneas expresa con claridad el interés mediático que despierta la corrupción; dice así: “A partir de datos de la Fiscalía, Villoria y Fernández encuentran unos 500 casos de políticos acusados por corrupción política durante los años investigados (2004-2010). Así que sobre un total de unos 70.000 políticos electos, estamos hablando de un 0,7%. Es decir, que de cada mil alcaldes hay siete que se corrompen. Pero claro, dónde va a parar. Esos siete dan para más portadas de periódico y horas de tertulia que los novecientos noventa y tres restantes con sus farolas, parques y guarderías infantiles. Y más si hay sexo. Si uno escribe «Granados “Operación Púnica”» en el buscador de noticias de Google, aparecen 3.850 resultados; pero si escribe «Monago viaje Canarias», aparecen 14.600 resultados, casi cuatro veces más. ¿Es más grave el caso de Monago que el de Granados?”.
Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en un Estado social y democrático de derecho; de ellos dependen no sólo la información que conocemos sino también la formación y el entretenimiento. Decía Cohen en 1963 que: “la prensa no tiene mucho éxito en decir a la gente qué tiene que pensar pero sí lo tiene en decir a sus lectores sobre qué tienen que pensar”. Esta idea fue reforzada con un estudio de investigación publicado en 1972 por McCombs y Shaw sobre las elecciones norteamericanas de 1968. En la investigación los autores señalan la existencia del grado de relación entre la relevancia que daba la agenda pública a los cinco temas más importantes, y la cobertura ofrecida por los medios de comunicación a esas mismas cuestiones. De igual manera, Dearing y Rogers en 1996 afirmaron, en relación a lo dicho, “la conclusión general de las investigaciones realizadas sobre la agenda setting es que la agenda de los medios selecciona la agenda del público”. Con ello no pretendo hacer una conclusión simplista de que la corrupción es un tema que los medios de comunicación han conseguido elevar a la categoría de preocupación. Simplemente se pretende reconocer la importancia que tienen los medios de comunicación en la sociedad, ya que “asumen el doble poder de construir y representar a una opinión pública” (Félix Ortega, 2011).
En los últimos días he seguido con bastante interés las informaciones publicadas sobre la trama PúnicaPúnica y cómo el foco mediático se ha dirigido con bastante énfasis hacía la figura de Tomás Gómez. Los titulares han sido los siguientes “Púnica le pagó de todo”, “Marjaliza pagó mítines de Tomás Gómez” o “La Púnica salpica a Tomás Gómez”. Estos titulares se han elaborado sobre el secreto de sumario de la trama Púnica con las declaraciones de Marjaliza. Si tomamos en consideración las palabras de McCombs, sobre que “los medios de comunicación no sólo pueden decirnos sobre qué pensar, también cómo pensar y quizás también qué hacer”, ¿qué podríamos pensar sobre Tomás Gómez? McCombs desarrolla el concepto de agenda setting desde el nivel de la persuasión y la capacidad de influencia para movilizar. Comparte con Cohen la idea de que los medios de comunicación sitúan en la agenda ciudadana los temas mediáticos, pero va más allá al subrayar la idea de su influencia para construir una idea.
Hay que destacar que el poder de influencia que puede ejercer un medio de comunicación responderá en base el nivel de conocimiento del receptor. Por lo que el conocido efecto “framing” , –el marco interpretativo que hace cada medio de comunicación sobre determinado asuntos–, se verá desprovisto de eficacia con un receptor informado. Quizás por eso he decidido escribir este artículo sobre la honorabilidad de mi compañero de partido Tomás Gómez.
El Tomás Gómez que yo conozco no es ese hombre que intentan construir con palabras relativas a la corrupción. No es el Tomás Gómez que el diario El País reflejó en su portada un 11 de febrero del 2015 sobre el asunto del tranvía de Parla, y que fue aprovechado políticamente por la actual dirección del PSOE para anular sus derechos políticos con su destitución. El Tomás Gómez que yo conozco es una persona que no dudó en dejar su cargo como senador para manifestar su disconformidad ante la renovación del CGPJ, una renuncia “simbólica” por “coherencia” en su defensa por la sanidad pública. El Tomás Gómez que yo conozco no actúa en base a intereses personales, seguramente le hubiera ido mucho mejor en su carrera política si hubiera renunciado a decir aquello que pensaba, pero si lo hubiera hecho hubiera renunciado a ser quién es. Quizás por eso levanta admiración, por demostrar que la política no es una carrera individual sino un proyecto colectivo, y quizás por eso levanta tanta oposición, porque decir lo que se piensa en política siempre es causa de rechazo.
Cuando el PSOE aprobó su Código Ético lo hizo para preservar la dignidad de la política y evitar que ninguna persona “indecente” pudiera representar los valores socialistas ante las instituciones.
Defender el Código Ético no debe ser sólo una técnica para suspender de militancia, defender el Código Ético debe ser también un técnica para defender la honorabilidad de quiénes están siendo señalados políticamente sin tener ningún proceso judicial pendiente.
Manifiesto por la defensa del becario
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Este caso en concreto me recuerda la falacia del francotirador, que es aquella en la que se ajustan premisas o datos a la conclusión que se desea llegar: donde primero se dispara y luego se dibuja el blanco de la diana. A Tomás Gómez le llevan disparando varios años, pero todavía ninguno ha podido pintar la diana. La falacia es el argumento del mal político pero por suerte nunca puede sustentar una prueba judicial. Todo mi apoyo a Tomás Gómez, que por cierto ha anunciado acciones judiciales para defender su honor.
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Lorena Calderón es periodista y estudiante de Derecho