Tres son las causas que a menudo se nombran para explicar el auge de los extremismos de derecha en el mundo:
– Primero, la impotencia democrática motivada por la globalización. Los gobiernos nacionales cada vez tienen menos poder para llevar a cabo sus políticas, no sólo por los estrechos márgenes que les imponen, en el caso de Europa, las restricciones de la Unión, sino por poderes y procesos económicos globales determinantes. Como consecuencia de ello, las políticas de los partidos son progresivamente indiscernibles.
– Segundo, un proceso creciente de desigualdad económica y de detención de la movilidad social. La clase media ha visto que las posibilidades de ascenso social cada vez son más limitadas, al tiempo que observa cómo una minoría acrecienta su riqueza. Las políticas de igualdad de oportunidades (que, para entendernos, llamaremos socialdemócratas) han dejado de estar de moda y priman las opuestas ideológicamente, aquellas que confían exclusivamente en las fuerzas del mercado la resolución de los problemas.
– En tercer lugar, existe una causa que no se puede entender sin las anteriores: el autoritarismo gana adeptos y la democracia los pierde cuando, en el contexto anterior, los métodos democráticos son utilizados por algunos con fines espurios. La corrupción se tolera siempre y cuando los votantes perciban que los partidos atienden sus deseos y facilitan su ascenso social, pero se castiga duramente cuando esto no es así. En el caso de Brasil, la percepción de la corrupción del Partido de los Trabajadores parece haber tenido un papel preponderante en la victoria de Bolsonaro. En Italia lleva teniéndolo desde los años 90. La crisis de representación se multiplica por tres cuando los partidos (corruptos) no satisfacen las principales demandas de los votantes.
La principal idea de este artículo es destacar cómo el Gobierno Sánchez parece haber encauzado muy decididamente los dos primeros problemas y mucho menos el tercero.
La impresión de potencia democrática de los primeros meses ha sido contundente: un cambio radical en las políticas de conservación del medio ambiente y de combate al cambio climático; cambio también en las políticas de fomento de la investigación, de becas educativas, memoria histórica, pensiones, educación infantil, relaciones laborales, permisos de paternidad, dependencia, políticas de género, impuestos e incluso, en otro ámbito, de formas de trato con los nacionalismos (mediante el diálogo o al menos no mediante su criminalización)...
El alcance de este cambio radical de rumbo se ve y se verá coartado por la debilidad del grupo parlamentario socialista a la hora de sacar adelante su presupuesto, por el bloqueo de la Mesa del congreso por parte del PP y Ciudadanos, por (menos probable) toques de la Comisión Europea y por los límites de la realidad (armas a Arabia Saudí, quién sabe si Franco en la Almudena...), pero en todo caso mi impresión es que, a pesar de los comprensibles frenos a las ambiciones de gobierno, el Ejecutivo, si quiere, todavía puede tocar un extenso abanico de resortes sociales para satisfacer a sus votantes. ¿Impotencia democrática? No, nuestro voto y nuestra democracia todavía pueden cambiar las cosas.
No obstante, cuando hablamos de impotencia democrática, aludimos más a lo económico que al resto de aspectos de la política. Más importante si cabe, por tanto, es el segundo capítulo. Aún con los límites que impone hacer reformas bajo las restricciones de gasto de la Unión Europea que impiden un endeudamiento del Estado como fue posible en tiempos anteriores cuando se disponía de política monetaria, hemos descubierto que existe un no despreciable margen de maniobra si se invierten los supuestos ideológicos imperantes.
Por primera vez en mucho tiempo, por lo menos desde antes del Tratado de Maastricht, se puede hablar de presupuestos realmente socialdemócratas. Incluso Zapatero se basó en el supuesto de que "bajar impuestos también era de izquierdas". El gobierno Sánchez parece decidido a subir impuestos, invertir la tendencia y combatir el hecho de que grandes empresas y bancos estén contribuyendo hoy con un 40% menos que en el periodo previo a la crisis, hace menos de diez años. Aún no pudiendo subir el tipo nominal a estas por el riesgo comparativo a fomentar el traslado inversor hacia otros lugares de Europa o del mundo, el hecho de llevar a cabo políticas promovidas por la propia Unión o por la OCDE encaminadas a aumentar los ingresos impositivos del Estado, da un giro radical a la reciente pérdida paulatina de poder recaudatorio que debilitaba el Estado del Bienestar. La tasa Google, la tasa a las transacciones financieras, la disminución de las exenciones a empresas por doble imposición, los impuestos ambientales, etc., suponen un giro que, aunque en comparación con los años previos a los 90 puedan resultar ridículos, fortalecen la capacidad del Estado para hacer políticas sociales.
No es sólo eso, ya de por sí importante. Las medidas para potenciar los ingresos son la punta del iceberg de políticas encaminadas a incrementar la igualdad. La más llamativa es seguramente el fortalecimiento de la educación de 0 a 3 años, fundamental para una educación en igualdad y para lo que se ha dado en llamar predistribución. Pero hay más: la subida del salario mínimo, la persecución del fraude en la contratación, la reforma laboral encaminada a nivelar el poder de sindicatos y trabajadores en la negociación colectiva (y que esta pueda seguir siendo llamada así), la actualización de las pensiones según el IPC, las ayudas ampliadas a la dependencia son todas medidas que contribuyen a combatir la desigualdad. En la perspectiva socialdemócrata, hay que recordarlo, no se trata solo de medidas asistenciales ni de mera justicia social, porque la igualdad, según esta, contribuye al crecimiento económico al situar en la misma línea de partida a todos los actores y, por tanto, a dar verdaderas alas al talento sin que este se vea en situación de inferioridad frente a la herencia.
Repito, desde estas mismas páginas tuve ocasión de remarcar que Zapatero se limitó a favorecer políticas de talante progresista siempre y cuando cupieran en presupuestos restrictivos. Por primera vez en mucho tiempo se rompe esta tendencia ideológica y se promueve el crecimiento de los ingresos. No son pocos los comentaristas que se han admirado de semejante valentía en estos tiempos que corren en dirección contraria (ver aquí, por ejemplo). O ¿ya no? UE, FMI, OCDE han emitido señales y recomendaciones que van en la línea de la necesidad de reforzar los ingresos del Estado. O, mejor dicho, el gobierno Sánchez comparte las recomendaciones de las más importantes instituciones internacionales.
Si hasta aquí mi opinión es positiva, en el sentido de que las medidas de este Ejecutivo pueden luchar contra el auge de la derecha autoritaria que arrambla por doquier, mi visión del tercer aspecto es negativa. A la potencia de las luces en estos dos primeros capítulos, se opone la carencia de señales de regeneración democrática.
La dividida izquierda brasileña comienza a organizarse en las calles contra Bolsonaro
Lo primero que acometió el Gobierno socialista fue colonizar las instituciones, como siempre, por personas fieles al partido. La politización de la Administración continúa en su estado natural, con las previsibles consecuencias negativas a las que nos tiene acostumbrados: corrupción, ineficacia, ineficiencia, chapuza, despilfarro (ver aquí mi análisis al respecto; ver aquí otros análisis). Y si cuantificamos las cifras del despilfarro, probablemente nos salgan números superiores a lo ganado con las alzas de impuestos.
Aunque su poder legislativo no pueda dar para cambios de calado, los socialistas no han emitido señales de querer reformar la Administración, el Poder Judicial ni de promover la transparencia. Su debilidad parlamentaria no ha dado miedo al PSOE para emprender reformas importantes en otros aspectos. Aquí, curiosamente, el gobierno se muestra apocado, si no invisible. Respecto a lo anterior, ha escuchado prudentes recomendaciones de instituciones internacionales. Aquí, sin embargo, se ha olvidado de los consejos de GRECO o de Transparencia Internacional.
Si le salen bien los dos primeros aspectos enunciados, la carencia de medidas de regeneración democrática podrán no importar, porque, como hemos dicho, los votantes, mientras se sientan empoderados, no tienen la corrupción mucho en cuenta. Pero ni mucho menos el Gobierno Sánchez las tiene todas consigo. Si no es así, se le pasará factura, tal vez con el auge de esa derecha autoritaria que se extiende como mancha de aceite por todo el mundo. En España no parece cerca, en Brasil tampoco lo parecía. Quiero decir que, tal vez, la factura se nos pase a todos.
Tres son las causas que a menudo se nombran para explicar el auge de los extremismos de derecha en el mundo: