“Las leyes y los acuerdos legislativos son como las salchichas: mejor no saber de qué están hechas”. Algo así exclamaba un día el personaje interpretado por John Spencer como jefe de gabinete en El Ala Oeste de la Casa Blanca. A la dirección del PSOE le está costando explicar de qué está hecho el pacto antiterrorista que acaba de firmar con el PP. Pedro Sánchez tiene muy difícil convencer a parte del electorado socialista de la supuesta necesidad de este 'Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en contra del terrorismo'. Por unos cuantos motivos:
1.- No es sencillo explicar que uno firma algo que se compromete a eliminar si un día llega al Gobierno, por mucha cláusula de derogación en diferido que el texto incluya. Si uno rechaza por principio la cadena perpetua, no puede asumirla durante una temporada, ni siquiera un rato. Ni tampoco presentando un recurso de inconstitucionalidad.
2.- No se trata (sólo) de una cuestión ideológica. La prisión permanente revisable que incluye la reforma del Código Penal puede ser inconstitucional, pero además es innecesaria e ineficaz. Sobre el dislate jurídico, basta la lectura de algunos textos de especialistas en derecho penal como Diego Blázquez, Joan Carles Carbonell o Tomás S. Vives, que concentran de forma rigurosa y argumentada las razones por las que esa reforma del Código Penal aprobada por la mayoría absoluta del PP en el Congreso de los Diputados es rechazada por una inmensa mayoría de jueces, fiscales y expertos.
3.- No tiene sentido el propio enunciado del pacto que se firma: 'Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en contra del terrorismo'. Para “afianzar la unidad” lo primero que hay que hacer es intentar sumar el máximo apoyo, porque si no la unidad que se afianza es exclusivamente la que forman PP y PSOE (o sus direcciones). Un acuerdo que asume unos cambios del Código Penal que no sólo no se consultan sino que son criticados por jueces, fiscales y expertos es tanto como pretender un Pacto por la Educación contra el criterio de profesores, decanos, rectores, pedagogos, alumnos y padres de alumnos.
4.- Para afianzar la unidad “en defensa de las libertades”, no parece que la herramienta más adecuada sea el endurecimiento de un Código Penal que ya era de los más duros de Europa en uno de los países (España) con menores tasas de criminalidad y más alta proporción de presos por 100.000 habitantes. Las libertades no se fortalecen precisamente dando la espalda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es una manipulación decir que otros países europeos también tienen la prisión permanente revisable cuando las características de esa revisión no tienen nada que ver con las que aquí se establecen.
5.- Para afianzar la unidad “…en la lucha contra el terrorismo” convendría elevar mucho el rigor y el respeto a la hora de hacer esa declaración. Cabe recordar que contra el terrorismo, por principio, estamos todas y todos los demócratas. De hecho quien se pronuncie a favor comete un delito. No está más en contra del terrorismo quien firma un pacto político que quien lo rechaza. Siendo rigurosos y prácticos, si lo que este acuerdo busca concretamente es mejorar la lucha contra el yihadismo, es obvio que el trabajo de “unidad” hay que hacerlo a escala europea y global, no entre dos partidos (por principales que sean) de un solo país.
6.- Como explica cualquier experto en lucha antiterrorista, uno de los puntos más concretos del pacto, el que “tipificará como delito de terrorismo el desplazamiento al extranjero para incorporarse a una organización terrorista o colaborar con ella”, es un brindis al sol si no se ejecuta y se coordina por parte de toda la Unión Europea (y más allá...). Su concreción en un registro internacional y compartido de pasajeros no sólo suscita discusión en el Parlamento Europeo sobre protección de datos sino que los propios expertos en seguridad ponen en duda la eficacia de los registros masivos de datos. (No hay más que repasar las intervenciones de miembros de la NSA interrogados en Estrasburgo por el caso Snowden).
7.- “España se sitúa en el liderazgo mundial en el ordenamiento jurídico sobre terrorismo yihadista”, ha presumido este martes (ver minuto 3:38 y ss.) el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tras la firma del acuerdo con el PSOE en el Congreso. A los responsables políticos lo primero que cabe exigirles es eso, responsabilidad. Un ministro encargado de la seguridad de todos los españoles no puede situarlos como “líderes mundiales” en una especie de guerra contra unos fanáticos cuya característica diferencial respecto a otros terroristas es su disposición al suicidio si con él logran dañar al máximo número posible de “infieles”. (Razón obvia por la que, además, a un yihadista le importará bien poco la amenaza de cadena perpetua, sea revisable o no). Si se plantea en términos belicistas, la vanguardia contra el yihadismo debe ser colectiva, europea, internacional y con el apoyo y colaboración de las organizaciones y gobiernos musulmanes interesados también en derrotar a los fanatismos. Sin "liderazgos mundiales".
8.- “Contra el terrorismo y por la libertad siempre hemos estado juntos y siempre estaremos juntos”, proclamó el lunes solemnemente Mariano Rajoy en La Moncloa en presencia de Pedro Sánchez tras la firma de este pacto. Y faltó solemnemente a la verdad. Basta recordar alguna manifestación que el propio Rajoy encabezó contra la política antiterrorista del Gobierno de Zapatero (todo lo audaz y discutible que se quiera, pero bajo cuyo mandato ETA dejó las armas).
9.- El punto número 5 del Acuerdo contra el yihadismo contiene el compromiso de “garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para luchar más eficazmente contra el terrorismo en la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado y los servicios de inteligencia”. No hacía falta un pacto ni bipartidista ni “de Estado” para cumplir con la principal reclamación que se viene haciendo desde la judicatura y las fuerzas de seguridad. Bastaría con que quien llega al Gobierno cumpliera su programa electoral, porque una redacción calcada figura en casi todos los programas electorales.
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10.- El fomento del pluralismo y la convivencia y el rechazo a cualquier actitud discriminatoria o xenófoba figuran en la introducción del acuerdo, no entre los ocho compromisos especificados. Y a estas alturas resulta difícilmente discutible que uno de los retos básicos para acabar con el yihadismo, y con cualquier fanatismo, consiste en reforzar los mecanismos de integración social frente a quienes apuestan por la exclusión.
Si este Pacto no está hecho de sólidos argumentos jurídicos ni de eficacia policial, queda por atender al carácter netamente político del mismo. Es lo que, en público y en privado, sostienen fuentes de la dirección socialista: “el PSOE es un partido de gobierno, con un riguroso sentido de la responsabilidad de Estado”. Felipe González lo ha expresado a su modo: “Gobierno y PSOE han hecho un ejercicio de responsabilidad frente a todas las tonterías que se oyen”.
Que el Gobierno y el PP están encantados con la foto de Rajoy y Sánchez en Moncloa no tiene duda. Sánchez y González sabrán si era el momento político más oportuno para una fotografía que puede interpretarse como una especie de ecografía de un renacido bipartidismo. El tiempo, y los próximos resultados electorales, lo dirán.
“Las leyes y los acuerdos legislativos son como las salchichas: mejor no saber de qué están hechas”. Algo así exclamaba un día el personaje interpretado por John Spencer como jefe de gabinete en El Ala Oeste de la Casa Blanca. A la dirección del PSOE le está costando explicar de qué está hecho el pacto antiterrorista que acaba de firmar con el PP. Pedro Sánchez tiene muy difícil convencer a parte del electorado socialista de la supuesta necesidad de este 'Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en contra del terrorismo'. Por unos cuantos motivos: