La propuesta de resolución firmada conjuntamente por Junts pel Sí y la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) para que el pleno del Parlament declare "solemnemente" la próxima semana el "inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república" ha desatado todas las alarmas como si constituyera una sorpresa, cuando realmente es la enésima confirmación de un fracaso político doble: el de un independentismo que actúa como si representara a una mayoría absoluta de los catalanes, y el de un Mariano Rajoy que utiliza sin mayor disimulo la amenaza de ruptura de la unidad de España como arma electoral.
El llamado 'proceso soberanista' y su utilización partidista desde el PP han llegado a un punto de complicadísimo retorno, pero nunca sobran unos apuntes para situar a cada cual ante su propio espejo.
– El primer punto de la propuesta planteada este martes en el Parlament contiene una trampa meridiana: "El mandato democrático obtenido en las pasadas elecciones del 27 de septiembre se basa en una mayoría de escaños de las fuerzas parlamentarias con el objetivo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente..." Es cierto que esta "declaración solemne" de inicio del proceso para la independencia figuraba en los programas electorales de Junts pel Sí y de la CUP. Tan cierto como que fracasó la pretensión plebiscitaria del 27-S, puesto que la suma de votos a favor de la independencia no llegó al 50%. La propia CUP, en un gesto de coherencia democrática, reconoció pública y reiteradamente que para llevar a cabo ese proceso era necesaria una mayoría amplia y clara de votos, y no sólo de escaños. Porque todo el mundo sabe que la Cataluña menos poblada está sobrerrepresentada en el Parlament, lo cual favorece a las opciones nacionalistas, que afrontan mayores dificultades en las áreas demográficamente más densas de Cataluña. Quienes han defendido, como la CUP, una reforma de la ley electoral para hacerla más proporcional no deberían utilizar sus lagunas para retorcer y forzar el mandato de las urnas.
– La solemne e inmediata declaración institucional de Mariano Rajoydeclaración institucional no ofrece novedad alguna respecto a la estrategia, táctica o ceguera (según se mire) que el PP sostiene desde que boicoteó la reforma del Estatut y llevó al Tribunal Constitucional lo que habían validado por amplia mayoría el Parlament, el Congreso de los Diputados y el pueblo catalán en referéndum. Rajoy ha calificado este martes la propuesta independentista como un "acto de provocación de quienes quieren saltarse la Ley". En este punto es difícil discrepar del presidente del Gobierno, puesto que el propio texto presentado en el Parlament establece un plazo de treinta días para iniciar la tramitación de normas propias sobre "proceso constituyente, seguridad social y hacienda pública", y además insta al Parlament y al futuro Govern a desobedecer "las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional", al que considera "deslegitimado" desde la sentencia de 2010.
– Rajoy ha respondido al anunciado desafío proclamando que "el Estado no va a renunciar a ninguno de los mecanismos políticos y jurídicos" que le atribuyen "la Constitución y las leyes" para garantizar "la soberanía del pueblo español". Aunque no ha concretado esos "mecanismos", es obvio que se refiere a recurrir al Tribunal Constitucional para que suspenda de sus funciones a quien incumpla sus sentencias (sea la presidenta del Parlament o el presidente de la Generalitat) y, en último caso, a la aplicación del artículo 155 de la Constitución que estipula la intervención en las competencias y atribuciones de una comunidad autónoma o incluso la suspensión de la autonomía. Esta respuesta jurídica paso a paso permite a Rajoy mantener la iniciativa política de "defensa de los intereses de España" en época electoral.
– A finales de este último verano, a menos de un mes de las elecciones catalanas y conociendo la hoja de ruta del independentismo, el PP decidió descartar cualquier opción de reforma constitucional y presentar unilateralmente en el Congreso una reforma urgente del Tribunal Constitucional que traslada a este órgano la función decisoria y ejecutiva sobre las sanciones a responsables autonómicos que incumplan las leyes. Todos los grupos de oposición denunciaron que se trataba de una maniobra política que además ponía en riesgo el ya castigado prestigio del TC, al convertirlo en un tribunal ejecutivo cuyas nuevas funciones no estaban previstas ni en la letra ni en el espíritu constitucional. La decisión, que por algo se tomó en el comité de campaña del PP (como relató infoLibre), garantiza el llamado 'choque de trenes', que se ha confirmado este martes en el Parlament. La resolución que se pretende aprobar la próxima semana insta al futuro Govern a cumplir "exclusivamente aquellas normas o mandatos emanados de esta cámara", o lo que es lo mismo, a desobedecer cualquier decisión que emane de "las instituciones del Estado español".
Puigdemont: “Tenemos que irnos lo antes posible ante un Estado así”
– Si la citada reforma del TC fue decidida por el comité de campaña electoral del PP, Mariano Rajoy tampoco pudo (o no quiso) evitar en su declaración institucional de este martes la poco sutil utilización electoral del riesgo de ruptura de la unidad de España. "Mientras yo sea presidente del Gobierno –afirmó–España seguirá siendo una nación de ciudadanos libres e iguales". Por si alguien no hubiera pillado a la primera el mensaje, ya se encargó de rematar la faena María Dolores de Cospedal sólo una hora más tarde: "El PP desde el Gobierno, y los ciudadanos desde las urnas, vamos a evitar cualquier intento de dividir España".
– Por mucho que figurara en los programas electorales de las formaciones independentistas este paso institucional (no respaldado en los votos sino exclusivamente en los escaños), es obvio que Junts pel Sí y la CUP podían haber aplazado este reto (al menos) hasta después de las elecciones generales del 20-D. Hasta observar o escuchar lo que tenga que decir un nuevo Gobierno "del Estado español". Pueden disfrazar su decisión con displicencia, diciendo que siguen su hoja de ruta sin tener en cuenta lo que ocurra "en el Estado español". Pero el paso que dan pone en evidencia la retroalimentación con la que funcionan la actitud inmovilista del PP y la cerrazón del soberanismo a la hora de identificar la inmovilidad de un partido con todo el espectro político "del Estado español". Es hora de conocer en detalle las soluciones que plantean a corto, medio y largo plazo cada uno de los aspirantes a gobernar o participar en el Gobierno.
Sostener, como hacen Junts pel Sí y la CUP, que el proceso de "desconexión" de Cataluña con España no tiene marcha atrás es una lectura absolutamente tramposa de los resultados de las elecciones autonómicas del 27-S. Proclamar, como hacen Mariano Rajoy y el PP, que la forma de responder a esa trampa no admite reformas constitucionales ni diálogos políticos sino exclusivamente "la aplicación de la ley" es otra trampa que sólo pretende obtener réditos electorales el 20-D. Son dos jugadas paralelas de alto riesgo político que quizás terminen llevándose por delante a varios de los actores principales de este 'choque de trenes'.
La propuesta de resolución firmada conjuntamente por Junts pel Sí y la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) para que el pleno del Parlament declare "solemnemente" la próxima semana el "inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república" ha desatado todas las alarmas como si constituyera una sorpresa, cuando realmente es la enésima confirmación de un fracaso político doble: el de un independentismo que actúa como si representara a una mayoría absoluta de los catalanes, y el de un Mariano Rajoy que utiliza sin mayor disimulo la amenaza de ruptura de la unidad de España como arma electoral.