Si hubiera que ponerle fecha al parto de esta operación política, sería finales de noviembre de 2013. El sondeo-tracking elaborado entre junio y el 30 de noviembre por Metroscopia para El País (12.000 entrevistas a razón de 2.400 por mes) dibujaba un panorama desolador para el bipartidismo PP-PSOE que ha sostenido la columna vertebral del sistema democrático desde 1977 (con las mismas u otras siglas en la derecha). Esa encuesta pronosticaba (y no ha habido grandes cambios a posteriori) que el PP perdería en las próximas elecciones generales (con una participación del 65%) hasta cuarenta diputados, y el PSOE recuperaría como mucho 21. Entre los dos sumarían menos escaños que nunca, de modo que por separado necesitarían el pacto de más de dos grupos. Es decir, la única alternativa para conservar el statu-quo sería la llamada 'Gran Coalición' a la alemana, un acuerdo PP-PSOE que evite a cualquiera de los dos la necesidad de buscar concesiones de Izquierda Unida, UPyD y nacionalistas vascos y catalanes. La huida de la fragmentación desembocaría en la 'Gran Coalición'.
Esa operación política está en marcha. Con el aliento y apoyo de los aparatos de poder en la política (Gobierno, PP y PSOE), en las finanzas (núcleo principal del Ibex-35), en la comunicación (Grupo Prisa y empresas de comunicación dependientes del Gobierno) y en la Jefatura del Estado, donde el rey se deja querer para recuperar el rol de motor principal del consenso político que tantos réditos dio al prestigio de la monarquía durante la etapa de la transición.
Lo que sigue a continuación es un relato extraído casi literalmente de distintas conversaciones mantenidas por infoLibre en las últimas semanas con: tres dirigentes socialistas que han desempeñado responsabilidades de Gobierno nacional o autonómico y de partido; fuentes de la dirección nacional del PP; representantes de dos de las principales entidades del Consejo Empresarial para la Competititividad (CEC); fuentes de El País y del entorno de la Zarzuela.
Las primeras alarmas
La sucesión de encuestas, tanto del CIS como de Metroscopia o de otras empresas de sondeos, vino pronosticando desde 2012 el desgaste cruel del bipartidismo. Fueron sonando a lo largo de 2013 las primeras alarmas tanto en el aparato del PSOE (noqueado tras cada sondeo sin recoger ningún fruto del desgaste del Gobierno) como en los núcleos de dirección de las grandes empresas del Ibex-35. En el PP, que gobierna con mayoría absoluta y ocupado en la aplicación de los planes de austeridad impuestos por Bruselas, Alemania y el BCE, esos avisos han tardado más en calar.
El resultado (y la interpretación) de la encuesta de Metroscopia de diciembre sirve como acicate esencial para lanzar la definitiva alerta sobre los supuestos riesgos políticos que afronta el país, analizados en paralelo con los riesgos crematísticos por endeudamiento de El País. Los datos indican que la desafección hacia el bipartidismo es de tal magnitud que, por primera vez en democracia, no sería posible un Gobierno de la derecha ni de la izquierda, ni siquiera con el (improbable) apoyo de los nacionalismos periféricos: o se va a una coalición de más de dos, o se apuesta por el gran pacto a la alemana.
El primero que se moviliza es Juan Luis Cebrián, primer director de El País y ahora presidente del diario y responsable editorial de la evolución y declive del Grupo Prisa tras la muerte de su fundador, Jesús Polanco. Cebrián se erige en defensor de las esencias del sistema, y pone en marcha una maquinaria que conoce y domina: toca las teclas del poder del dinero al tiempo que editorializa sobre la necesidad de blindar las bases de la democracia, lo mismo da que la percha sea la muerte de Adolfo Suárez o la publicación de un libro sobre el 23-F. Todo vale para el ejercicio de la influencia acostumbrada.
Cebrián comparte su preocupación con Felipe González, referente imprescindible en el socialismo y jarrón chino mucho más que decorativo en la repisa del PSOE. Y a su vez trasladan esa visión (compartida) al más interesado, Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del partido. Tal visión se compone de algunos mimbres innegables: el problema de Cataluña, el desgaste del bipartidismo, el de la monarquía y el proceso de renovación de liderazgo en el propio PSOE. Todo ello aliñado con una crisis económica y una gestión de la misma que salpica y desgasta a todos aquellos que desde la política se han sometido y aplicado a la doctrina de la austeridad en mayor o menor grado.
Cebrián se mueve
No hay cenáculo político relevante en Madrid donde no se haya escuchado. Desde enero pasado, el mantra que circula es el de la 'Gran Coalición'. Juan Luis Cebrián se ha reunido con González, con Rubalcaba, con el rey, pero también y sobre todo con los principales acreedores del grupo Prisa. Y aquí entra en danza lo que más importa: el Ibex-35 tiene pánico a la posibilidad de una fragmentación electoral que lleve a una presunta “ingobernabilidad” o a una coalición PSOE-IU, a la andaluza.
Esos poderes no confían en el proceso de renovación interna del socialismo. Si tienen que elegir entre los nombres que suenan para las primarias abiertas (Carme Chacón, Eduardo Madina, Patxi López o Pedro Sánchez) se quedan con ninguno. Es decir, "las élites apuestan por Rubalcaba", como escribió en El Mundo Lucía Méndez. El poder del dinero sólo confía en alguien que haya demostrado “sentido del Estado” y un grado de “responsabilidad” a prueba de órdagos. No importa que las mismas encuestas que pronostican el fin del bipartidismo reflejen a su vez una desconfianza máxima en el actual secretario general como futuro líder del PSOE. El caso es que no se puede dejar al albur de coaliciones “ingobernables” el futuro del país. (Y de El País).
Tanto Cebrián como González o Rubalcaba saben que, a día de hoy, el PSOE andaluz significa como mínimo un tercio del PSOE estatal. Sin el visto bueno de Susana Díaz, sucesora de José Antonio Griñán en el principal foco de poder socialista, cualquier estrategia puede naufragar. El propio Juan Luis Cebrián plantea su apuesta por la 'Gran Coalición' a Susana Díaz, y la respuesta es contundente: ese pacto a dos “es suicida para el PSOE y para la propia democracia”. De hecho, Díaz sugiere que, en la “peor de las hipótesis”, el pacto de consenso “tendría que incluir al Partido Comunista”. No es baladí que Susana Díaz hable del PCE y no de IU. Está gobernando Andalucía apoyándose en las distintas almas de su imprescindible compañero de viaje, y cree que la única forma de que una 'Gran Coalición' no se lleve por delante al PSOE es compartir el posible desgaste hacia su izquierda. Y sabe que sólo el aparato “responsable y disciplinado” del PCE aceptaría un reto político que la ciudadanía progresista, muy identificada con los movimientos ciudadanos “hartos de la política oficial”, no entendería fácilmente. Si se consiguiera, en último término, la complicidad del PCE, ayudaría también a sumar a los nacionalistas o al menos a rebajar sus expectativas soberanistas en Cataluña principalmente, pero también en Euskadi y, en mucho menor grado, en Galicia.
La coalición de PSOE e Izquierda Unida, cuyas políticas sociales marcan una diferencia rotunda con el Gobierno central y sus medidas de austeridad, no ha impedido a Susana Díaz firmar convenios y hacerse fotos con los presidentes de La Caixa, Isidro Fainé, o del Banco Santander, Emilio Botín, máximos exponentes junto a Telefónica en el CEC. Esas relaciones arman el perfil moderado de Díaz en compensación con las políticas de izquierda de la Junta de Andalucía fomentadas desde IU.
El 'lobby' de las finanzas
Podría pensarse que esta operación es una pura elucubración de gente cuya única prioridad es mantener su esfera de poder político, por menor que sea. El problema consiste en que el verdadero poder (el del dinero) comparte la misma inquietud. Si durante los años de la transición fue la Confederación de Organizaciones Empresariales de España (CEOE) el órgano que representaba el poder económico junto a los siete grandes de la banca, ahora es un núcleo muy selecto y reducido del Ibex-35 quien ejerce la misma o mucho mayor influencia. Juan Rosell no garantiza la representación y la capacidad de presión que en su día tenía José María Cuevas al frente de la CEOE. De hecho lo que hoy importa más no es la CEOE sino quienes gobiernan el sistema financiero.
El Consejo Empresarial de la Competitividad, una especie de think tank creado a principios de 2011, funciona como un lobby que aglutina a las grandes entidades financieras y empresas españolas, y que desde su creación ha debilitado aún más la influencia de la CEOE. Realmente son cuatro o cinco de sus integrantes quienes manejan las riendas de las relaciones entre el poder político y financiero. Y no es casualidad que esas siglas coincidan con las de algunos de los principales acreedores del Grupo Prisa (Santander o Caixabank, por ejemplo). El día a día del CEC es responsabilidad de Fernando Casado, un ejecutivo que proviene de La Caixa y del Instituto de Empresa Familiar.
Esos bancos y grupos empresariales cuidan tanto de los intereses de sus accionistas como de la estabilidad del tablero político, porque ambos escenarios son, para ellos, el mismo. En los últimos meses, entre los miembros del CEC ha circulado algún documento sobre la hipótesis de una 'Gran Coalición' postelectoral si se cumplen las previsiones de fragmentación política.
En el ámbito de las finanzas, el dibujo ideal de futuro político prefiere al dúo Rajoy-Rubalcaba antes que cualquier otra variante que pueda introducir sorpresas o lo que consideran riesgos de "inestabilidad". Por eso apoyan la hoja de ruta que inspira Cebrián, principal deudor en la comunicación, que contempla además un Plan B. Las encuestas electorales consideran quemado el nombre de Rubalcaba, de modo que se asume la necesidad de que el proceso de primarias en el PSOE plantee un cartel alternativo. Todo parece indicar que el nombre por el que se apuesta desde el aparato es el de Eduardo Madina, siempre que Patxi López decida renunciar a una competencia “a la vasca” que provocaría el “no rotundo” del PSOE andaluz. Madina niega que la dirección del PSOE y su 'vieja guardia' puedan instrumentalizar su candidatura a las primarias.
En el nombre del rey
Sobrevolando este escenario está el de la propia monarquía, con el aliento contenido por lo que pueda ocurrir en las próximas semanas y meses con el caso Nóos. El rey necesita reivindicar su figura después de un desgaste ganado a pulso, a base de cacerías, disimulos, Corinnas y cuentas en Suiza de las que nunca más se supo. Los impulsores del pacto bipartidista transmiten un mismo mensaje: “hay que elegir la fecha idónea para traspasar la corona al heredero”. La abdicación en el príncipe Felipe está asumida, pero cuanto más tarde, mejor. Con la incertidumbre del caso Nóos y abierto en canal el futuro del modelo de Estado por la hoja de ruta del nacionalismo catalán, la argamasa que sustenta esa posible 'Gran Coalición' serviría también para sostener y recuperar la imagen del rey hasta el momento más oportuno para la abdicación.
El camino ya se ha iniciado, y de hecho esta misma semana la Casa Real ha comunicado que las últimas encuestas internas que se encargan (¡cada quince días!) indican que la imagen del rey ha remontado, coincidiendo con sus últimos viajes a países árabes en compañía de algunos de los principales empresarios españoles.
Casi todo está inventado. Con o sin intención, la teoría de la 'Gran Coalición' recupera en esencia las mismas soluciones políticas de finales del siglo XIX y principios del XX: el blindaje del turnismo entre conservadores y progresistas (Cánovas/Sagasta; Maura/Canalejas...) con el beneplácito o alegría indisimulada de una monarquía instalada en la debilidad y en un descrédito tan acentuado como el del propio bipartidismo o el de la arquitectura caciquil. La crisis del turnismo llevó en marzo de 1918 a la formación de un Gobierno Nacional de concentración presidido por el conservador Antonio Maura. Duró unos meses y derivó con el tiempo en el golpe de Estado de Primo de Rivera.
Ver másQué hay detrás de la Gran Coalición
“Esto de la 'Gran Coalición' es lo más parecido a una 'Operación Armada' en el siglo XXI”, afirma una de las fuentes principales de esta información. En 1981 era el Ejército quien sembraba el miedo fundamental entre la ciudadanía y era capaz de condicionar sus decisiones en una democracia incipiente. Hoy, es el poder financiero (que a su vez domina o condiciona al poder mediático) el que más fácilmente puede inclinar la balanza política. La hipótesis de la 'Gran Coalición' contaría probablemente con una fuerte oposición en las bases socialistas y entre sus cuadros dirigentes, como en su día anticipó infoLibre. Cualquier observador que viaje en Metro o autobús y que hable con alguien más que los ocupantes de las sillas de un aparato político o de un consejo del Ibex-35 coincide en que tal operación es suicida para la salud de una democracia ya muy debilitada.
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Nota.- Que las fuentes principales de esta crónica exijan mantener el anonimato es también un termómetro de la salud de la democracia española y de la libertad de información.
Si hubiera que ponerle fecha al parto de esta operación política, sería finales de noviembre de 2013. El sondeo-tracking elaborado entre junio y el 30 de noviembre por Metroscopia para El País (12.000 entrevistas a razón de 2.400 por mes) dibujaba un panorama desolador para el bipartidismo PP-PSOE que ha sostenido la columna vertebral del sistema democrático desde 1977 (con las mismas u otras siglas en la derecha). Esa encuesta pronosticaba (y no ha habido grandes cambios a posteriori) que el PP perdería en las próximas elecciones generales (con una participación del 65%) hasta cuarenta diputados, y el PSOE recuperaría como mucho 21. Entre los dos sumarían menos escaños que nunca, de modo que por separado necesitarían el pacto de más de dos grupos. Es decir, la única alternativa para conservar el statu-quo sería la llamada 'Gran Coalición' a la alemana, un acuerdo PP-PSOE que evite a cualquiera de los dos la necesidad de buscar concesiones de Izquierda Unida, UPyD y nacionalistas vascos y catalanes. La huida de la fragmentación desembocaría en la 'Gran Coalición'.